Barcelona Metropolis

Para clarificar la naturaleza de las plataformas, es necesario un sistema de clasificación que ayude a establecer la diferencia entre los diversos modelos que existen. Este sistema es el equilibrio de calidades democráticas de las plataformas, una herramienta analítica que ayuda a caracterizar y diferenciar a cada organización. Su aplicación permite obtener información sobre las calidades democráticas de la organización, las implicaciones de sostenibilidad de su diseño y su rendimiento desde diferentes perspectivas. Este sistema permite analizar la estrategia económica, la base tecnológica, las políticas de conocimiento y si la plataforma aplica criterios de responsabilidad social, por ejemplo en los impactos de sus externalizaciones.

En el apartado de la gobernanza, se evalúa la libertad que tiene el usuario para controlar su perfil y organizarse con otros usuarios —es decir, crear grupos—, y para moverse dentro de la jerarquía de la plataforma. También permite identificar a aquellas organizaciones que promueven procesos de participación y/o implican a la comunidad en la toma de decisiones y en la definición de las políticas de participación.

En el ámbito de la estrategia económica, evalúa aspectos como la forma de financiación del proyecto, los mecanismos de transparencia (si dispone de ellos), la distribución del valor generado entre las comunidades, si la remuneración es equitativa o si se respetan los derechos de los trabajadores (es decir, de qué manera opera en relación con la maximización de los ingresos, la predictibilidad salarial, la protección contra acciones arbitrarias, el rechazo de la vigilancia excesiva en el puesto de trabajo y el derecho de desconexión).

En cuanto a la base tecnológica, es importante determinar el modo de propiedad así como el tipo de software que utiliza la plataforma, si se trata de licencia gratuita o de propiedad, y si el modelo de arquitectura tecnológica es centralizado o descentralizado.

Las políticas del conocimiento también permiten definir si una plataforma es o no verdaderamente colaborativa. En este caso se observan el tipo de licencia de propiedad establecida para los contenidos y la gestión de los datos generados. Si ofrece la posibilidad de descargar datos, cómo hay que hacerlo y en qué formatos; si se garantizan la privacidad y la protección de los datos personales y si existen medidas planificadas para la prevención del abuso, la recopilación o el intercambio de datos sin consentimiento.

Finalmente se evalúan las políticas de responsabilidad social, es decir, cómo la plataforma gestiona los posibles impactos negativos, como por ejemplo la exclusión causada por motivos económicos, sociales o de género. También se mide el impacto medioambiental y las contribuciones a la preservación de los derechos civiles y la convivencia, si fomenta y respeta el interés general de la ciudad, los espacios públicos y los derechos humanos básicos, como por ejemplo, el acceso a la vivienda.

En resumen, la economía de plataforma es colaborativa en la medida en que favorece las relaciones entre iguales (en contraste con el poder tradicionalmente jerárquico, la ausencia de sociabilidad de las relaciones contractuales y el mero intercambio mercantil) y distribuye el valor y la gobernanza entre la comunidad de iguales. Es colaborativa cuando la rentabilidad no es su principal fuerza motriz, desarrolla su actividad sobre una infraestructura pública consciente de la importancia de la privacidad y genera un acceso (generalmente) abierto a recursos comunes que favorecen la accesibilidad, la reproductibilidad y la derivabilidad; y, por último, es colaborativa cuando se preocupa por las externalidades generadas y por favorecer la inclusión y la reducción del impacto medioambiental.

Originariamente, las prácticas de colaboración a través de plataformas digitales eran iniciativas sin ánimo de lucro basadas en modelos abiertos centrados en el conocimiento abierto y la gobernanza participativa, como Wikipedia, Couchsurfing (servicio de hospitalidad), Goteo (financiación colectiva) y Freecycle (reciclaje de artículos). Más adelante, la industria digital de Silicon Valley promovió un cambio corporativo hacia el modelo “unicornio”, que consiste en crear gradualmente una gran empresa cobrando una fracción de la tarifa por el servicio compartido, como es el caso de Uber (trayectos en coche compartidos), Airbnb (alquileres breves) y Blablacar (trayectos en coche). Más recientemente, y como una reacción al cambio de Silicon Valley, también ha surgido el cooperativismo de plataforma basado en pequeñas y medianas empresas y en cooperativas propiedad de los usuarios de la plataforma, como en el caso de Fairmondo (mercado en línea).

Ejemplos de cooperativismo de plataforma en Barcelona

Barcelona tiene mucho que aportar en este sentido, tanto por la innovación en las políticas públicas como por el rico ecosistema de modelos de cooperativismo procomún y de plataforma con que cuenta. Veamos tres ejemplos.

Katuma es una plataforma de consumo de productos agroalimentarios basada en los valores procomunes de la economía colaborativa. El proyecto se inició en 2017 y lo desarrolló Coopdevs, una asociación sin ánimo de lucro centrada en el software libre y abierto para promover proyectos de economía social y solidaria. En esta plataforma está prevista la gobernanza cooperativa de los miembros que la integran. La intención es financiar la plataforma con las cuotas de los miembros (modelo económico). La plataforma se desarrolla con software abierto (política tecnológica). Los contenidos están bajo una licencia de Creative Commons (BY NC) (política de conocimiento). El proyecto se centra en conectar a productores y consumidores en condiciones de justicia social (responsabilidad social).

Hoy en día, los ordenadores solo se reciclan, no se reutilizan. eReuse desarrolla herramientas y servicios de datos abiertos y de código abierto para reducir los costes de renovación y reutilización de ordenadores. La creó en 2015 Pangea, una asociación independiente sin ánimo de lucro, con quince entidades cívicas. eReuse lanzó una herramienta para rastrear el origen del material reutilizado y comprobar si se recicla al final de su vida útil. El proceso de participación en la toma de decisiones se basa en la soberanía local y la federación global (gobernanza). La posibilidad de un acuerdo con Abacus, en 2017, ha permitido que el proyecto obtenga una nueva dimensión mediante la introducción del aprendizaje automático cooperativo en el circuito de reciclaje. En cuanto a la política tecnológica, eReuse se basa en un software de código abierto descentralizado. La política de conocimiento elegida son los datos abiertos. Y el proyecto se basa en la reutilización para disminuir el impacto de producción innecesario.

SMartBE es una abreviatura del francés “Societé Mutuelle pour Artistes”. Se creó en Bélgica en 1994 y actualmente cuenta con doscientos mil miembros autónomos del sector cultural que mutualizan sus servicios a través de una plataforma digital. SMart Ibérica (su homóloga en el Estado español) empezó a operar en España en mayo de 2013. El proyecto se ha expandido bien, con tres mil miembros en España y ochocientos en Cataluña. La gobernanza funciona con la participación voluntaria abierta. Cada miembro paga una contribución inicial de capital de 150 € y una comisión de servicios del 7,5 %. Aún no hay en marcha una plataforma tecnológica. El conocimiento generado no es abierto. En el ámbito de la responsabilidad social, el proyecto promueve la actividad cultural y artística.

La economía de plataforma y las ciudades

La economía de plataforma se desarrolla en un vacío legislativo. Las regulaciones actuales no se ajustan bien al modelo y las grandes empresas destinan millones a presionar a las instituciones públicas para introducir cambios normativos a su favor. Los gobiernos supranacionales y nacionales tienen competencias centrales para su regulación, pero la economía de plataforma concentra sus actividades e impactos en las ciudades, lo que genera grandes retos y oportunidades. Además, las prácticas colaborativas generan un enorme potencial y una oportunidad para la innovación pública —una política colaborativa para una economía colaborativa— que no se está explotando.

Con la intención de dejar oír la voz de las ciudades en el debate político sobre la economía de plataforma, cincuenta ciudades se reunieron en noviembre de 2018 en Barcelona. El acto reunió a alcaldes y tenientes de alcalde de las principales ciudades de todos los continentes y actores del ecosistema compartido, para debatir sobre el impacto que el crecimiento continuo de las economías compartidas tiene sobre la vida y el desarrollo económico de las ciudades. La cumbre se centró en definir una “Declaración de principios y compromisos para una Ciudad Compartida” y en favorecer la colaboración concreta entre ciudades para defender la soberanía de la ciudad ante las grandes empresas, y promover la escalabilidad y la internacionalización de los modelos alineados con el interés general de las ciudades.

La economía de plataforma constituye un cambio paradigmático, pero garantizar que este cambio tenga una orientación positiva requiere abordar los retos de los modelos agresivos y aprovechar las oportunidades de los modelos colaborativos respetuosos con las ciudades para la escalabilidad de un modelo económico democrático. La Declaración de Barcelona es un paso importante en este sentido.