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La preocupación social que supone esta situación se detecta también en los barómetros de opinión del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), donde periódicamente suele preguntarse cuáles son los tres problemas que más preocupan a la población. Se trata de una pregunta abierta, para no condicionar la respuesta, que se codifica a posteriori. La evolución histórica de esta pregunta muestra que una de las preocupaciones crecientes es la subida de las tarifas eléctricas, que ahora mismo se sitúa por encima de las preocupaciones por problemas políticos, de vivienda o educativos. Solo los problemas económicos, de paro, sanidad, medioambiente y calidad de empleo pasan por delante de la preocupación por el acceso a la energía (en un largo listado de 68 problemas percibidos), lo que da una idea de la relevancia que ha adquirido el tema. En los dos últimos años, la proporción de personas que cree que es un tema preocupante ha pasado de ser muy minoritaria (0,1%) a ser de un 9%-11%.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible realizó un informe (CADS 3/2014) en el que se identificaban tres causas de las situaciones de pobreza energética: los altos precios de la energía (electricidad, gas, etc.), la calidad insuficiente de las viviendas y la reducción de los niveles de renta. Quizá habría que añadir también un marco legal adverso que favorece a los oligopolios eléctricos.

Los estudios sobre pobreza energética muestran cómo las personas expuestas a este riesgo sí que actúan en consecuencia y ponen en práctica comportamientos de ahorro muy elaborados (Delgado y López, 2020). En este contexto, las medidas políticas encaminadas a facilitar el acceso a la energía se convierten en un tipo de política social indispensable, con unos beneficiarios muy claros.

El callejón sin salida de las infraestructuras

El otro frente abierto de conflicto es el de las infraestructuras. Cualquier sistema energético necesita desplegar infraestructuras sobre el territorio en forma de plantas generadoras, cables, tuberías, torres, almacenes… Son habitualmente elementos poco visibles para la ciudadanía en general, situados en terrenos poco habitados o periféricos, lo que facilita que pasen desapercibidos salvo para las poblaciones afectadas, que suelen ser minorías con poco poder de decisión. Desde hace años, los mapas de conflictos ambientales publicados en Cataluña (el de la federación Ecologistes de Catalunya de 2009, el del Centre per a la Sostenibilitat Territorial de 2016, el publicado por el diario Crític en 2020 o el mapa permanente de justicia ambiental del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB)) muestran que una parte importante de estos conflictos tienen que ver con el emplazamiento de infraestructuras energéticas, en particular, de renovables.

De acuerdo con las teorías de percepción del riesgo, la oposición o el rechazo a una tecnología, actividad o infraestructura radica en un conjunto de factores. Una parte tiene que ver con la percepción de posibles daños para la salud, la biodiversidad o el medioambiente en general; otra está relacionada con la percepción de potenciales pérdidas económicas; un tercer conjunto de motivos tiene que ver con la percepción de amenazas en las redes de relaciones sociales de la población afectada, en sus formas de vida, paisajes, identidades locales…, y, finalmente, un cuarto conjunto de factores incluiría la percepción de situaciones de injusticia o iniquidad, de agravios comparativos con otros territorios o poblaciones, y, sobre todo, la pérdida de confianza en las instituciones que promueven, gestionan o regulan esas tecnologías, actividades o infraestructuras.

Para entender las protestas ante las infraestructuras de energías renovables en Cataluña, se debería tener en cuenta cuál de estas cuatro dimensiones predomina en cada caso. Si los motivos del conflicto fueran principalmente preocupaciones por el medioambiente o por pérdidas económicas, este se podría intentar mitigar mediante la provisión de mayores garantías de respeto ambiental o de compensaciones más beneficiosas para las poblaciones afectadas. Pero si, como parece, los motivos descansan predominantemente en preocupaciones por formas de vida amenazadas, por percepciones de agravios comparativos entre territorios o por pérdida de confianza en las instituciones, la resolución es muy compleja y requeriría un proceso de construcción de vínculos para erigir proyectos en los que todo el mundo pueda sentirse reconocido.

La forma en la que se han diseñado y presentado muchos de los proyectos energéticos renovables comparte demasiadas características con modelos “extractivistas”, consistentes en tomar un recurso de un territorio sin dejar en este demasiados beneficios, pero sí muchos problemas y riesgos. Algunos estudios han mostrado que, por el modo en el que se han implantado los proyectos de energías renovables hasta ahora, la proporción de beneficios que se quedan en el territorio es mínima (Saladié, 2018) y, en cambio, las opciones de desarrollo endógeno se ven limitadas e hipotecadas a largo plazo. La historia de las infraestructuras energéticas en Cataluña está repleta de casos similares. La gestión de estos conflictos requeriría unos tempos a largo plazo y unos procedimientos de implicación ciudadana más integradores. De momento, probablemente no tenemos ni lo uno ni lo otro.

Conclusión

Tendemos a pensar que la transición energética consiste en sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables. Pero la energía no es únicamente una mercancía que podemos comprar y vender, sino un prerrequisito que hace posibles todas las demás actividades sociales y económicas. Por eso la transición energética no se puede pensar sin la transición hacia modelos de producción y consumo distintos de los actuales.

Aquí estriba uno de los núcleos más potentes del conflicto socioideológico vinculado a la energía. Por ejemplo, en el estudio mencionado más arriba sobre percepción del cambio climático, lo que parecía diferenciar más a los dos grupos, escépticos y preocupados, es que estos últimos estarían dispuestos a cambiar de forma de vida, mientras que los primeros preferirían no hacerlo (algunos, por clara adhesión ideológica al modelo socioeconómico actual; otros, porque percibían los costes de transición como inasumibles para sus posibilidades). Si no queremos que el desarrollo de las energías renovables suponga problemas similares a los de los combustibles fósiles, necesitaremos sistemas políticos capaces de facilitar deliberaciones y consensos, formas de cooperación social inéditas, nuevas tecnologías y, sobre todo, nuevas formas de pensar y actuar, nuevas narrativas que nos permitan redefinir los modelos socioeconómicos de forma más justa y sostenible.

Referencias bibliográficas

CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible). Els reptes energètics de Catalunya en l’horitzó 2030. Informe CADS 3/2014. http://ow.ly/IO3V50LueVm

Idescat. Privaciones de los hogares: Población que no puede mantener el hogar adecuadamente caliente. 2022. http://ow.ly/4S9A50LueYQ

Delgado, L., y López, D. (coordinación). Emergencia habitacional, pobreza energética y salud. Observatori DESC, Agència de Salut Pública, Enginyeria Sense Fronteres, Aliança contra la Pobresa Energètica y Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, 2020.

Espluga Trenc, J., Ruscheinsky, A., y Prades, A. El concepto de riesgo y su aplicación al análisis de conflictos socioambientales. A. Vallejos-Romero, A.; Valencia Hernández, J., y Á. Boso (eds.). Riesgos, Gobernanza y Conflictos Socioambientales. Ediciones Universidad de La Frontera, 2018.

Espluga Trenc, J. El cambio climático y sus metáforas. Icaria, 2019.

Saladié, S. Conflicte entre el paisatge i l’energia eòlica. El cas de les comarques meridionals de Catalunya. Pagès Editors, 2018.

Espluga Trenc, J. El cambio climático y sus metáforas. Icaria, 2019.

Saladié, S. Conflicte entre el paisatge i l’energia eòlica. El cas de les comarques meridionals de Catalunya. Pagès Editors, 2018.