Las eléctricas públicas, una nueva herramienta para el cambio energético
Un nuevo modelo energético para la ciudad
- Dosier
- Ene 23
- 9 mins
Ante el incremento desorbitado del precio de la energía, las comercializadoras cooperativas y públicas tienen mucho que decir en la transición energética hacia un modelo sostenible, transparente y justo. Sin ánimo de lucro, promueven herramientas para consumir menos y mejor, mediante la soberanía energética, la producción pública y ciudadana de energía, la democratización del acceso y la gestión como un servicio público. Su objetivo no es la obtención de un beneficio económico, sino una finalidad social y comunitaria.
El continente europeo está viviendo una crisis energética sin precedentes desde el pasado mes de mayo. Los hidrocarburos, en especial el gas natural, han aumentado el precio de forma exponencial. Dado que el sistema de marcación de precios eléctricos en el continente es marginalista —es decir, la última tecnología que cubre la demanda es la que marca el precio de todas las otras fuentes de producción eléctrica—, el coste en el mercado mayorista de electricidad ha llegado a ser quince veces superior al de 2020.
Este hecho se ha traducido en una factura de la electricidad para las familias y las empresas que dobla el precio del año anterior, a pesar de las rebajas fiscales y la tarifa regulada impulsadas por el gobierno estatal. La subida es consecuencia de la evolución del coste del gas, sobre todo desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania el pasado febrero: se ha recortado la entrada de gas ruso en Europa del 40% al 10%, y no debe descartarse que llegue a cero. Pero es importante tener en cuenta también otras causas que nos han llevado a la actual tormenta perfecta de los mercados energéticos.
Una tormenta perfecta con muchos factores detrás
En primer lugar, la situación de los precios de la energía viene de lejos, desde el ascenso inflacionista de las materias primas en el ámbito internacional. La crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 provocó un paro global de la producción y la extracción de materias primas —como el gas y el petróleo— y una reducción de la inversión en la extracción de estas materias por la descenso repentino de los precios en 2020, durante el confinamiento. Esto se agravó con una salida de la pandemia más acelerada de la prevista inicialmente, y con una economía sobreestimulada por los bajos tipos de interés y la gran inyección de dinero por parte de los bancos centrales de todo el mundo.
En segundo lugar, 2022 ha sido un año de mucha sequía, con una producción hidráulica muy por debajo respecto a la media de los últimos diez años y una generación eólica más baja de lo normal. Si, además, añadimos una gripe nuclear en Francia con un paro de más del 30% de la producción por problemas de corrosión en los sistemas de refrigeración de 32 centrales, nos encontramos con una fuerte crisis de producción.
Aunque en septiembre y octubre de este año los precios se han relajado, hay que tener en cuenta que este hecho es coyuntural. Las temperaturas, muy superiores a las normales en esta época del año, han propiciado un consumo menor de gas del habitual, sumado a un almacenamiento por encima del 90%, ya que los gobiernos europeos han hecho los deberes. Sin embargo, si tenemos un invierno frío como es esperable, los precios previsiblemente volverán a aumentar.
El Ayuntamiento de Barcelona en la situación de crisis energética
La escalada de precios se ha traducido en un aumento de más del 50% en la factura de energía del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, este incremento ha estado muy por debajo de la tónica general, gracias a las políticas de eficiencia energética y de consumo racional aplicadas desde hace años.
Concretamente, en el suministro del propio Ayuntamiento, de julio de 2018 hasta la actualidad, los puntos de suministro gestionados se han incrementado un 33%, pasando de 3.803 a 5.040, sobre todo por el aumento de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, los puntos de carga de vehículo eléctrico o las estaciones de Bicing. Sin embargo, el consumo total se ha mantenido en torno a los 165 GWh/año —equivalente al consumo de unas 65.000 familias—, lo que se traduce en una gran disminución del consumo por punto de suministro: una gestión eficiente y racional.
Las comercializadoras públicas y cooperativas priorizan un buen servicio y garantizar el mínimo precio posible de un suministro esencial como es la luz.
El impacto de las eléctricas públicas y cooperativas
Las comercializadoras cooperativas y públicas están trabajando en tres ámbitos muy claros para acelerar la transición energética hacia un modelo sostenible y más justo. El primero es la eficiencia y el consumo racional de la energía, donde se ha facilitado a usuarios y usuarias herramientas para poder consumir menos y mejor. Son ejemplos de ello los informes trimestrales de eficiencia energética y todo el trabajo que se realiza en el ámbito pedagógico y comunicativo. A diferencia de otros proyectos, las comercializadoras públicas y cooperativas no tienen ánimo de lucro y, por tanto, pueden trabajar libremente para reducir el consumo.
Dicho de otro modo, el objetivo de este tipo de comercializadoras no es la obtención de un beneficio económico sino una finalidad social y comunitaria. Por este motivo, prevalece el hecho de ofrecer un buen servicio y de garantizar el mínimo precio posible de un suministro esencial como es la luz, por encima de los beneficios económicos de la entidad.
El segundo ámbito es el impulso de la generación de energía renovable local, proporcionando el servicio de instalación de placas fotovoltaicas (llave en mano, en el caso de Barcelona Energia (BE)), y asesorando al conjunto de la ciudadanía y de las empresas. Estas dos medidas tienen un impacto importante, ya que hacen que se reduzca la demanda de energía y que aumente la oferta de renovables, lo que repercute en una reducción del precio de la energía.
El tercer ámbito es la democratización de la energía mediante la divulgación del sector y la participación ciudadana y de entidades a través de asambleas o del Consejo de Barcelona Energia, órgano de participación de sus usuarios y usuarias.
Después de estos años, se ha demostrado que los modelos de gestión social han sido proyectos de éxito que se han consolidado. Las cooperativas están ya entre las diez primeras comercializadoras en cuota de mercado en el Estado, y Barcelona Energia se ha posicionado como la octava comercializadora por cuota de mercado en la ciudad de Barcelona en solo tres años. Y es que el crecimiento de Barcelona Energia ha sido exponencial y sin precedentes. Desde su creación, el operador metropolitano, que ofrece servicio a los 36 municipios del área de Barcelona, ha doblado su cartera de usuarios privados año tras año, y ahora ya suministra más puntos de usuarios privados que públicos, pese a la envergadura del Ayuntamiento de Barcelona. La apuesta por la comercializadora pública es especialmente importante en unos momentos de máxima inestabilidad y de escalada de precios del mercado, siendo prueba de ello el incremento notorio de solicitudes de información. Su propuesta de absorber gran parte del aumento de los costes de la energía con su margen para minimizar el impacto de este en la factura final es uno de los elementos más apreciados.
Cabe destacar que, desde que la comercializadora pública empezó a suministrar electricidad verde a los edificios públicos del Ayuntamiento de Barcelona el 1 de julio de 2018, ha permitido ahorrar más de 1,3 millones de euros al consistorio respecto a la oferta de las grandes eléctricas a los ayuntamientos en solo tres años y medio. Y no solo se ha logrado un ahorro económico, sino que también se ha evitado la emisión de 120.000 toneladas de CO2, gracias a que solo comercializa energía 100% renovable.
Ilustración. ©David SierraA raíz de la experiencia de Barcelona, un total de dieciséis ayuntamientos del área metropolitana han iniciado los trámites para adherirse: Castellbisbal, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, El Papiol y Barberà del Vallès. El consumo estimado de estos ayuntamientos es, aproximadamente, de 137 GWh, el equivalente al consumo de casi 50.000 familias, y se estima que tendrán un ahorro de más del 2% de su gasto eléctrico. También cabe destacar que, con este crecimiento, se ampliará la posibilidad de dar servicio a más hogares y empresas, dado que, según la normativa vigente, en las energéticas públicas la demanda privada no puede superar el 20% de la cifra de negocio. Cuanto mayor sea la demanda del sector público, más usuarios privados pueden tener.
Fruto de su vocación de servicio público, Barcelona Energia presenta un índice de satisfacción de 9,25 sobre 10 entre los usuarios y usuarias privados, en un sector en el que la mayoría de las compañías suspenden, y tiene una fidelidad del 91%. Se valora en este caso la importancia de recibir un servicio básico que cuenta con las garantías de la gestión pública. Esta aceptación se extiende también al mundo empresarial a través de los autónomos y las pymes, que desde junio de 2020 pueden contratar Barcelona Energia y beneficiarse de los acuerdos que esta tiene con múltiples asociaciones y ejes comerciales, como la Federació de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM) o el Eix Comercial del Raval, entre otros.
Todo el excedente de Barcelona Energia se destina a mejorar el servicio a la ciudadanía, atendiendo los proyectos que los usuarios proponen a través de su asamblea.
Esto ha permitido que la compañía pública tenga unas cuentas de resultados envidiables en un momento como el actual, muy crítico para las comercializadoras eléctricas independientes. Así, tiene unos beneficios acumulados de 800.000 euros al cierre de 2021, como se puede ver en la información publicada en el portal de transparencia de la web. Todo el excedente se destina a mejorar el servicio a la ciudadanía, atendiendo los proyectos que los usuarios proponen a través de su asamblea.
Con esta experiencia como estímulo, recientemente han surgido iniciativas similares en ciudades como Palma o Reus, que ya han iniciado los trámites para crear sus eléctricas públicas municipales con la ayuda y el asesoramiento del equipo operativo de la eléctrica de la capital catalana. También cabe destacar la reciente creación de una eléctrica pública impulsada por la Generalitat de Catalunya.
Iniciativas como esta ayudan a recuperar la soberanía energética promoviendo la producción pública y ciudadana de energía, la democratización del acceso y la gestión como servicio público. Contribuyen así a acelerar la transición energética hacia un sistema 100% renovable, sostenible y más transparente. El hecho de que la Generalitat de Catalunya plantee un modelo como el establecido por Barcelona Energia constata el éxito de este servicio y la necesaria función social de la comercializadora pública. Barcelona Energia ha sido pionera y se está convirtiendo en un referente a reproducir.
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