Por una parte, los entornos digitales pueden favorecer la participación cultural y atraer a las generaciones más jóvenes, pero, por otra parte, se corre el riesgo de reproducir desigualdades ya existentes y crear otras nuevas.

No todo el mundo tiene la capacidad ni los recursos para utilizar la tecnología y, en consecuencia, fomentar la digitalización de la cultura puede llegar a generar nuevas diferencias con respecto a la igualdad de oportunidades y a las experiencias culturales.

Además, la privacidad de las personas usuarias, la necesidad de una innovación digital ética o la importancia de la transparencia en la gestión pública empiezan a recibir la importancia que realmente les corresponde. Por lo tanto, ¿qué actuaciones desde el punto de vista legal, político y estratégico tendrían que llevarse a cabo con el fin de favorecer al mundo cultural sin perjudicar los derechos culturales universales?