Barcelona Metropolis

Hablar de vivienda cooperativa en cesión de uso es hablar de organización colectiva. Sus orígenes, su forma y las experiencias que se viven en ella están impregnadas de este tipo de organización, y es uno de los pilares de este modelo alternativo para acceder a un derecho, el de la vivienda. Esta es considerada como un bien de uso (no de inversión) basado en la propiedad colectiva, la creación de comunidad y el apoyo mutuo.

La organización colectiva ha sido motor de cambio en nuestra sociedad en contextos adversos. En la última década, hemos visto como se ha alzado el movimiento de lucha por la vivienda, frente a la vulneración de un derecho básico como es el de tener un lugar donde vivir. Plataformas y sindicatos se han organizado para conseguir cambios legales y, en este contexto movilizador, también se han puesto de relieve nuevas alternativas de acceso a la vivienda, que han surgido en un contexto —heredado del siglo pasado en Cataluña y en el Estado español—, donde el sistema de provisión se ha regido por el mercado libre y donde se ha impulsado la propiedad privada como régimen mayoritario de tenencia, y la compra como forma de acceder esta[1].

La vivienda cooperativa en cesión de uso ha cuestionado este sistema y ha propuesto otro que invierte esta lógica: la propiedad será colectiva y las personas tendrán el derecho de uso de la vivienda de forma estable e indefinida en el tiempo. Esta premisa la empezamos a percibir en nuestro país a principios de la década del 2000, sobre todo a partir de la creación de la asociación Sostre Cívic en 2004 y la cooperativa Cal Cases, la primera experiencia de vivienda cooperativa en cesión de uso que nació en el país. Posteriormente, hubo un avance, con la consolidación de Sostre Cívic como cooperativa y los primeros proyectos en Barcelona: Princesa49 (de Sostre Cívic) y la cooperativa La Borda. Desde entonces, las experiencias se han multiplicado en la ciudad y están creciendo también en todo el país. Actualmente, existe más de medio centenar de proyectos de este tipo en Cataluña, que engloban más de mil viviendas, tanto en fase de promoción como conviviendo en ellas[2].

Principios básicos: la propiedad colectiva y el derecho de uso

Rompiendo con la lógica de la propiedad privada, la vivienda cooperativa en cesión de uso plantea la propiedad colectiva como única opción posible para desarrollarla. Por tanto, proponemos organizarnos colectivamente para ejercer el derecho a tener una vivienda digna. Esta organización colectiva se materializa en la constitución de una cooperativa, que será siempre la titular de las viviendas, mientras que las personas organizadas entorno a esta, que son sus socias, serán quienes tendrán el derecho de uso de manera estable e indefinida.

De esta forma, y a diferencia de otros sistemas de vivienda cooperativa, la cooperativa siempre será la titular y, por tanto, no será posible transformar el modelo para obtener viviendas de propiedad privada. Es decir, se imposibilita el lucro individual y se evita así la especulación.

A parte de la propiedad colectiva, el derecho de uso es el otro pilar del modelo. Concebimos la vivienda como un bien de uso y no de inversión, como un derecho y no como un elemento con el cual se pueda comercializar. Por lo tanto, se apuesta por que las personas que participan, en cuanto que socias cooperativistas, lo hagan sabiendo que tienen el derecho a utilizar la vivienda de forma estable en el tiempo y no sujetas a las lógicas del mercado libre.

La vivienda cooperativa en cesión de uso comporta también una gestión comunitaria. Más allá del régimen de tenencia, esto se traduce en la participación de las personas socias en todo lo que rodea a la autopromoción de la vivienda, la construcción a precio de coste, el apoyo mutuo, las dinámicas cooperativas y todas las necesidades colectivas que se mueven en torno a la vivienda. Y lo que se mueve en torno a la vivienda no es ni más ni menos que la vida.

Vivir dignamente y hacerlo en colectivo

Vivir en comunidad puede adoptar distintas formas, y este modelo de vivienda las reúne todas. Desde experiencias intencionales, en que la vida compartida está más acentuada, hasta otras en que se comparten algunos espacios comunes con menos cotidianidad. Los proyectos, a veces, nacen fruto de un grupo de personas con mucha afinidad y militantes de un cambio de modelo, mientras que otros nacen fruto de personas que tienen la necesidad de encontrar estabilidad frente a un mercado de alquiler depredador.

Tal y como demuestra el estudio Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes[3], impulsado por varias entidades y redactado por La Dinamo Fundació, la dificultad principal para acceder a este modelo es la aportación inicial de capital social que la persona usuaria debe realizar a la cooperativa, y que es retornable en caso de baja. En los proyectos en que se adquiere un edificio existente, estas aportaciones económicas son mucho más asumibles que en los de obra nueva, en los que se debe asumir todo el coste de construcción. Por poner cifras, hablamos, aproximadamente, de unos 2.000 euros en proyectos en los que solo se ha tenido que rehabilitar un edificio ya existente y de unos 25.000 euros, también aproximados, en el caso de los edificios de obra nueva ubicados en la ciudad de Barcelona.

Esta es la barrera de acceso principal, pero no la única. En la mayoría de los casos, participar en un proyecto de estas características requiere una inversión de tiempo que no todo el mundo puede asumir. La gestión colectiva, como se ha destacado, fomenta la participación de los socios, lo que sucede durante un proceso muy largo de promoción y, posteriormente, durante la convivencia en la vivienda.

Buscar fórmulas para reducir esta inversión de tiempo a largo plazo es una de las cuestiones que Sostre Cívic está poniendo sobre la mesa. Como cooperativa que aglutina actualmente unos 25 proyectos, con más de 500 viviendas, combina fórmulas de procesos largos de autopromoción con otros más cortos, como se ha hecho con la adquisición de viviendas mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, previsto en el Decreto Ley 1/2015, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Esta fórmula no solo consigue que el modelo sea más asequible y, por tanto, más diverso, sino que también va a la raíz de uno de sus pilares: luchar contra la especulación. Estas adquisiciones movilizan viviendas en desuso que eran propiedad de entidades financieras y que hacía años que estaban deshabitadas, y se trasladan a la sociedad civil organizada en formato cooperativo, asequible y transformador.

Este modelo alternativo ha venido para quedarse, se ha reforzado en los últimos años y tiene el reto de seguir creciendo a la vez que salva los obstáculos que tiene enfrente. Se ha estructurado y está adquiriendo la fuerza para hacerlo, garantizando que su propuesta transformadora llegue cada vez a más gente y siendo más inclusiva y representativa de la diversidad social.