Barcelona Metropolis

En un planeta que seguirá calentándose, es esencial planificar la ciudad y el territorio con el objetivo de debilitar el peligro y prepararnos para los impactos inevitables. El urbanismo deberá adoptar estrategias de mitigación, prevención, adaptación y resiliencia, de forma multiescalar, sistémica e integrada, y asegurar, en la toma de decisiones, una visión a largo plazo que garantice la eficiencia de las inversiones.

Desde la revolución industrial, la acción humana ha afectado de forma superlativa sobre el planeta, lo que ha tenido impacto en la biodiversidad, los ecosistemas y el clima a escala global. La interacción y transformación descontrolada de los territorios han modificado todo el sistema ambiental y, como resultado, muchos de los procesos que regulan la resiliencia y garantizan la habitabilidad del planeta están en crisis.[1]

Se prevé que el cambio climático conllevará múltiples consecuencias que, aunque serán variables en posición e intensidad, tendrán efectos directos e indirectos sobre los asentamientos urbanos. La ciudad, que ha sido históricamente un espacio de refugio, se convierte ahora en un espacio de riesgo. La densidad de población en entornos urbanos,[2] la ubicación de más de la mitad de la humanidad en las zonas costeras y las repercusiones del calentamiento global, especialmente relevantes en las ciudades por sus características de emisión y acabados —efecto isla de calor y escorrentía—,[3] nos obligan a reflexionar sobre la introducción de nuevos criterios en la forma de planificar y renovar. En Cataluña, los efectos del cambio climático cuantificados[4] y previstos sobre los territorios y ciudades son relevantes y nos indican claramente que ha llegado la hora de actuar.

Una cuestión de planificación con riesgos

Desde el siglo xx, el planeamiento ha ordenado de forma colectiva, interdisciplinaria y global la forma de crecimiento, reforma y evolución de las ciudades, con criterios que tenían el foco central en la salubridad y, posteriormente, en el crecimiento. Un contexto de crisis sistémica nos obliga a incorporar una nueva mirada, y nuestra generación tiene la responsabilidad de liderar ese cambio. El urbanismo, con un impacto tangible en la salud y la calidad de vida de las ciudades, mayoritariamente consolidadas, debe querer ser real, no solo ideológico, y la incorporación de nuevas estrategias y acciones contribuirá a ello. Pero, en el marco de un proyecto holístico de ciudad en el que otros vectores son también relevantes, ¿cuáles pueden ser las estrategias y las líneas de acción para dirigir y adaptar el urbanismo en un contexto de cambio climático? ¿Cómo se pueden limitar sus efectos y reforzar la capacidad del territorio y la ciudad para afrontar los impactos?

El alcance y magnitud de los desastres dependerán sobremanera de haber entendido los peligros, las consecuencias y la posible forma de actuar. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su nombre en inglés) describe tres factores que, combinados, determinan el riesgo total asociado: peligro (fenómenos climáticos extremos que pueden tener un impacto negativo), vulnerabilidad (grado en que una comunidad es susceptible de sufrir daños) y exposición (ubicación en lugares que podrían verse afectados por fenómenos climáticos adversos).

En un planeta que seguirá calentándose, es esencial planificar la ciudad y el territorio con el objetivo de debilitar el peligro y prepararnos para los impactos inevitables, minimizando al mismo tiempo la vulnerabilidad a los cambios. Esto podemos hacerlo a través de acciones en el planeamiento, vinculadas a cuatro estrategias básicas: mitigación, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y CO₂; prevención, a fin de evitar y controlar la exposición a los peligros directos y refrenar la alteración de recursos existentes; adaptación, con el objetivo de garantizar la protección y el ajuste de los sistemas, evitando o minimizando la exposición y los daños; y, finalmente, resiliencia, que permitirá aceptar el cambio y planificar para resistir, absorber y recuperarse ágilmente frente a las perturbaciones.

Un urbanismo adaptado al cambio climático deberá adoptar todas estas estrategias de forma multiescalar, sistémica e integrada, y asegurar, en la toma de decisiones, una visión a largo plazo de las propuestas —con el horizonte de 2100— y de la garantía de eficiencia de las inversiones.

Múltiples acciones para un solo plan

Ante los efectos del calentamiento global, similares pero diferentes, el Plan (de ordenación), entendido como la herramienta que permite identificar, guiar y promover oportunidades de transformación positiva dentro del proyecto integral de la ciudad, requerirá la elección de líneas de acción directa y complementaria que doten de variabilidad y redundancia al conjunto planificado. Bajo las estrategias antes descritas, será necesario incorporar criterios e instrumental de carácter estratégico o vinculante, que guíen o regulen los proyectos de crecimiento y renovación, y que aporten nuevas bases conceptuales para la reurbanización, la reinfraestructura y la edificación que deben consolidar las transformaciones. Se proponen las siguientes líneas de acción básicas:

Planificación y gestión de territorios equilibrados. Mantener la mirada territorial para solucionar los conflictos de la ciudad es imprescindible. La armonización de las exigencias sociales, económicas y ambientales al territorio es un elemento primordial. Las políticas públicas deben garantizar, a través de instrumentos de planificación de escala territorial y metropolitana —como los planes directores territoriales, los planes directores urbanísticos catalanes o, por ejemplo, el Plan conceptual de Singapur 2030—, modelos de desarrollo equilibrados. Es necesario consolidar sistemas nodales polinucleares y una mejor distribución de la actividad y de los puestos de trabajo que garanticen la eficiencia de los tejidos y la calidad de vida vinculada a los entornos de proximidad, faciliten el acceso al transporte público y minimicen las necesidades de movilidad privada y la emisión de CO₂.

Planificación de la movilidad. La reconfiguración del modelo de movilidad, para que el lugar tradicionalmente destinado al vehículo privado pase a ser un activo para la mejora ambiental, de confortabilidad y recuperación del espacio público, es también una política de reducción de las emisiones de CO₂. Puede complementarse con la aplicación de restricciones de tráfico con acceso regulado por pago o por emisiones, como ya han hecho muchas ciudades. Actuar sobre el modelo de movilidad requerirá el previo e imprescindible refuerzo de la intermodalidad por parte de las redes metropolitanas y territoriales y del entorno de esta red, por ejemplo, con el PDU de aparcamientos de intercambio modal en el ámbito del sistema integrado de la ATM o con otras iniciativas, como las que recoge el POUM de Vic. Asimismo, es necesario implementar estrategias destinadas a consolidar la red ciclada de las ciudades, con iniciativas como el plan estratégico Copenhagen’s Bicycle Strategy o las llamadas avenidas metropolitanas del Plan director urbanístico metropolitano (PDUM, en trámite). También es necesario el ajuste o la flexibilización de las normativas de aparcamiento y la incorporación de reservas de aparcamiento en los edificios para otros tipos de movilidad, como las bicicletas.

Planificación del ahorro y de la transición energética. El papel de las energías renovables y la reducción del consumo energético son, a su vez, fundamentales. Es necesario ajustar o incorporar regulaciones que faciliten la implementación de energías renovables, de aprovechamiento térmico, de rehabilitación energética y de eficiencia de los tejidos edificados. Sin embargo, se ha de garantizar, a través de la normativa, que la construcción de nuevo parque edificado y de nuevo espacio público sea de cero emisiones limpias y que se puedan incluir requisitos restrictivos vinculantes para los edificios públicos. También será necesario adaptar los usos y la zonificación de la ciudad a las necesidades de suministros derivadas de la implantación de nuevas fuentes de energía, con actuaciones como el Plan especial para la instalación de suministros para vehículos a motor —electrolineras— de Barcelona o los planes especiales de regulación y criterios para la implantación de plantas fotovoltaicas, iniciados en muchos puntos del territorio.

Planificación del riesgo directo. Evitar la exposición a fenómenos de riesgo y planificar sus efectos también es esencial. A través de la regulación zonal (aparte de la sectorial), se puede evitar la nueva implantación de actividades en las zonas con riesgo de inundación y deslizamientos y se pueden regular las existentes. Igualmente, se puede promover una mejor gestión del suelo para evitar el riesgo de incendios, especialmente en los entornos urbanos/forestales y entre infraestructuras / espacios forestales, e incorporar regulaciones que garanticen la preservación de los entornos que contribuyen a los servicios ecosistémicos[5] y a la salvaguarda de los recursos hídricos, como apunta, por ejemplo, el PDUM.

Planificación de una relación nueva con la costa. En el planeamiento, las acciones vinculadas a la costa implican evaluar y planificar las necesidades de retirada, adaptación o protección de los entornos litorales. Es necesario regular también el diseño de los espacios públicos costeros, aplicar estrategias de tolerancia y resiliencia que permitan reforzar la capacidad de soportar el exceso de agua causado por inundaciones periódicas o por el retroceso de la costa, y garantizar la recuperación de la funcionalidad natural de los espacios.

Planificación de espacios públicos, espacios libres y sistemas de equipamientos públicos como articuladores del cambio. En las áreas urbanas, la recuperación de la memoria geográfica y la reconfiguración del espacio público ofrecen grandes oportunidades vinculadas al cambio climático, con tres ámbitos de acción principal:

Reurbanización. Deberían establecerse normas y guías de reurbanización que contribuyan a reducir el almacenamiento de calor. Esto se puede conseguir con la incorporación de materiales fríos en pavimentos y envolventes (con alta reflectividad, menor capacidad calorífica y control de los factores de emisividad y albedo) y con mayor permeabilidad. Manuales como el Plan integral por un espacio público contra el cambio climático de la ciudad de Gante o normativas como las previstas en el PDUM sobre porcentajes mínimos de permeabilidad de los suelos en el espacio público son imprescindibles. Además, la planificación y creación de espacios de sombra, sea con árboles o con estructuras artificiales, así como la refrigeración por evaporación y la presencia de agua contribuyen también a reducir la temperatura y a mejorar el confort térmico en el espacio público, donde también habrá que incidir en la optimización del ciclo de los materiales utilizados y requeridos. Actualmente, en Barcelona existe un 72% de suelo impermeabilizado.

Incorporación de vegetación urbana y naturalización. La planificación de la vegetación urbana en red es también una pieza clave para mitigar el calor mediante la evapotranspiración, a la vez que contribuye a la captación de CO₂, favorece el drenaje y facilita la circulación de aire frío para ventilar la ciudad. También actúa como superficie de infiltración y evaporación para mantener el equilibrio hídrico y fomenta la naturalización. Iniciativas como el Plan del verde y de la biodiversidad, las plazas y ejes verdes del Eixample de Barcelona o los programas de plantación de árboles consolidan estas estructuras. Es igualmente relevante la planificación de una infraestructura verde y azul, vinculada a los espacios libres vegetados y al agua, que conecte la trama urbana con la red verde territorial, para garantizar el acceso a espacios más templados y ayudar a consolidar, como ha ocurrido en la ciudad de Stuttgart, corredores de ventilación vinculados a los grandes espacios naturales de proximidad. Es necesario impulsar una planificación sistémica y consolidar una estructura verde, a la vez que adaptar la regulación urbanística con nuevos criterios para el diseño y la ejecución del espacio público, con requisitos normativos sobre porcentajes mínimos de cobertura vegetal y tipos de vegetación. Ante los recursos existentes, los cambios implicarán aceptar la aparición de un nuevo paisaje del verde en la ciudad, más salvaje, y nuevos requisitos de su gestión, como plantea, por ejemplo, el proyecto La vora de Girona.

Reutilización. Otra política a incorporar es la planificación de un segundo uso para parte de los equipamientos y espacios públicos, como garantes de una red de espacio de naturalización y protección para las situaciones de mayor vulnerabilidad. Así se contempla en los programas de refugios climáticos; en iniciativas como Oasis, en París, o de promoción del verde en las escuelas de Barcelona.

Planificación de una mejora bioclimática de los tejidos edificados. Es necesario que la normativa garantice las condiciones para el soleamiento, la ventilación natural y la ocupación del suelo y el subsuelo, a la vez que flexibilice la posible ordenación de volúmenes a fin de modificar las condiciones bioclimáticas de los entornos consolidados. También debe facilitar la mejora de las condiciones de eficiencia energética y de control climático de los edificios, y la incorporación de soluciones constructivas de materialidad en envolventes con cubiertas y fachadas verdes que contribuyan al confort térmico y disminuyan la demanda energética. Así mismo, es necesario incidir en la autosuficiencia energética y de reutilización de agua y materiales y en la regulación de los parámetros normativos, para conseguir que la nueva edificación y la reurbanización del espacio público y privado incorporen criterios de mejora ambiental y devolución ecológica de los tejidos urbanos. Se puede conseguir a través de herramientas como el índice de devolución ecológica del espacio urbano (IDEEU) de la modificación del Plan general metropolitano (MPGM) de Gràcia.