Barcelona Metropolis

La vejez futura llegará a la jubilación con menor acumulación de recursos y con situaciones residenciales mucho más polarizadas. Sin ahorros, con menores tasas de cotización y, muy probablemente, sin vivienda en propiedad, se enfrentará a un parque residencial envejecido, no adaptado a las necesidades de las personas de edad avanzada y a un gran desequilibrio entre ingresos y precio del alquiler.

El edadismo y el discurso del enfrentamiento por unos recursos escasos han provocado que ciertas manifestaciones de la desigualdad no se consideren, en líneas generales, problemas ante los que la sociedad y el Estado deban responder. La vivienda ha sido tradicionalmente concebida en nuestro país como un bien de inversión antes que como el derecho básico que debiera ser y, por esta razón, funciona como el principal promotor de la estratificación social. Ahora, además, se utiliza como un elemento simbólico de polarización, haciéndonos olvidar que su función principal es la de garantizar la seguridad de las personas que residen en su interior.

Ante una situación de creciente inseguridad residencial para el conjunto de la población, donde cada vez resulta más difícil acceder a una primera vivienda o llegar a fin de mes tras pagar el alquiler, repetimos ciertas consignas y se toma como cierto que las generaciones de mayor edad tienen todas sus necesidades residenciales adecuadamente cubiertas. Se asume que la edad de la jubilación funciona como una especie de umbral mágico que hace que todas nuestras necesidades, así como los efectos de la desigualdad de toda una vida, desaparezcan.

Detrás aparecen una mezcla de creencias, no todas erróneas: en España, la mayoría de las personas que hoy tienen más de 65 años son propietarias —lo son el 83,4%[1]— y, sin duda, el sistema de pensiones ha ayudado a mantener su calidad de vida. No obstante, también es cierta la gran heterogeneidad económica entre la población mayor de 65 años y que determinados grupos no pueden afrontar las necesidades básicas en la etapa final de su vida. Por ejemplo, 737.383 personas mayores de 65 años —de las que el 62% son mujeres— no tienen capacidad económica para hacer frente a gastos imprevistos (como la avería de una caldera); 1.284.894 personas de más de 65 años pasan frío en sus casas debido a restricciones económicas y, si bien la tasa de pobreza es comparativamente inferior a la de otros grupos de edad, esta alcanza el 18,7%. Por otra parte, 204.820 personas mayores de 65 años sin derecho a pensión contributiva por jubilación —de las que el 73,18% son mujeres— viven con pensiones no contributivas de entre 121,15 y 484,61 euros mensuales, sin que estas puedan ser complementadas con otras prestaciones o ingresos.

En lo que respecta a la vivienda, el indicador sintético realizado con los datos del Censo de 2011 (no replicable a partir de los datos del Censo de 2021, recientemente publicado) demostró que 1.596.675 mayores de 65 años residían en viviendas en situación de vulnerabilidad residencial extrema[2]. Esto significa que sus viviendas (en régimen de propiedad o no) acumulaban una serie de problemas de habitabilidad, salubridad o seguridad física, entre otras.

La evolución de los indicadores simples no acusa mejoras, ni siquiera en los más básicos. Además, nunca aparecen aislados; cuantos más problemas graves se sufren (no tener aseo o agua corriente, sufrir incidencias en la estructura del edificio que ponen en riesgo la seguridad…), mayor tendencia hay a experimentar otras carencias (como calefacción o ascensor) que pueden dificultar enormemente el día a día de la persona e, incluso, condenarla al aislamiento social.

Un parque de viviendas obsoleto

La existencia de vulnerabilidad residencial se entreteje con la propia configuración del parque construido. Haciendo una simplificación, casi el 61% de las viviendas principales fueron construidas antes de 1990, cuando el tamaño medio de las familias era muy superior y los hogares de una y dos personas tenían escasa presencia comparativa. Esto no implica que estemos ante viviendas de enorme tamaño; muchas no permiten el paso de una silla de ruedas o un andador por sus pasillos o puertas y la distribución irregular del espacio interior hace que habitarlas se convierta en una carrera de obstáculos, especialmente para quienes experimentan pérdidas de movilidad.

A esto se añade el funcionamiento del mercado inmobiliario: no siempre es posible vender esta vivienda para acceder a otra con mejores condiciones. Por otra parte, la existencia de un parque público en alquiler adecuado o programas como la permuta de vivienda son, en nuestro país, meras anécdotas de carácter local. A pesar de que algunas personas mayores puedan ser consideradas “ricas en vivienda, pobres en liquidez”, las viviendas no siempre alcanzan el precio de venta necesario para sufragar la compra de otras más adecuadas, mientras que vender para vivir de alquiler tiene una serie de penalizaciones tributarias. El apego al espacio y las redes de solidaridad creadas no son una cuestión menor[3] el coste emocional de abandonar el entorno conocido puede aparecer como la decisión menos positiva para la persona mayor.

Cabe además señalar el encarecimiento del entorno, asociado a procesos como la gentrificación o la turistificación, que acaban imponiendo cambios en el barrio no solo en términos sociológicos sino también económicos. Además de un evidente aumento del precio del alquiler, el tejido comercial cambia y provoca la desaparición de servicios y de tiendas de proximidad, y la sustitución de estas por comercios más caros y enfocados al turista o al nuevo vecino de renta elevada. Esto funcionaría como unas tasas inesperadas al proceso de habitar[4].

Los desafíos que vienen

Si este es nuestro presente, la prognosis presenta desafíos añadidos. En 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Si bien la cuestión de la potencial caída de la proporción de las rentas salariales a favor de un aumento de las pensiones y de otras prestaciones sociales recibe numerosa atención, la falta de adecuación del hábitat y las viviendas a esta realidad no parece tener la misma suerte. La incapacidad de acumular recursos económicos para gran parte de la población será un aspecto a tener en cuenta. Algunas posturas plantean fondos de pensiones privados, pero no todos los hogares pueden permitirse ese tipo de ahorro a largo plazo.