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El capitalismo es incapaz de resolver la crisis medioambiental. Los intentos de aplicar una política climática firme han agravado la inseguridad económica de los ciudadanos y han desencadenado reacciones violentas. Pero un empleo público garantizado en el ámbito ecológico podría resolver este problema. Para hacerlo realidad, sus claves son la soberanía monetaria de los gobiernos y la implicación de la clase trabajadora y el mundo rural.

Los gobiernos europeos se enfrentan a un gran dilema. Si bien están obligados a acelerar sustancialmente el ritmo hacia la descarbonización y otros objetivos ecológicos, transformando o incluso limitando el crecimiento de algunas industrias medioambientalmente destructivas, los intentos para llevar a cabo estas acciones a menudo han perjudicado o alienado a la clase trabajadora y a las comunidades rurales, lo que ha provocado una reacción popular contra las políticas climáticas.

España es un buen ejemplo de ello. Los ministros del Gobierno saben que la descarbonización debe incluir planes para reducir la producción industrial de carne. A escala mundial, esta industria es responsable de cerca del 13% de las emisiones totales, incluidas las derivadas del cambio de uso del suelo y de los campos de cultivo. En España, las cifras son similares. Pero, a diferencia de lo que sucede con la electricidad y el transporte, este problema no puede resolverse mediante la tecnología de las energías renovables.

La producción industrial de carne también utiliza grandes extensiones de tierra de manera muy intensiva, lo que provoca la pérdida de biodiversidad y, a menudo, una grave degradación de los ecosistemas. Esto es especialmente peligroso en España, donde el cambio climático está provocando la desertización de muchas zonas del país, con tierras degradadas por la ganadería que son especialmente vulnerables a esta crisis. Basta con visitar los campos españoles para verlo con nuestros propios ojos: la tierra está devastada y tocada de muerte.

Reducir la producción de carne sería muy beneficioso, porque permitiría disminuir radicalmente las emisiones del sector alimentario y, de esta forma, ayudaría a España a cumplir con sus obligaciones climáticas. Solo eliminando la carne bovina y ovina y los productos lácteos, y usando otras fuentes de proteína vegetal y animal, se podría reducir el uso total del suelo en más de un 70%. Con esta acción se conseguiría liberar grandes extensiones de tierra que podrían regenerarse para revertir la desertización, mejorar la biodiversidad y protegernos del cambio climático.

Sin embargo, en años recientes, cuando los medios de comunicación españoles han planteado este problema, se ha producido una importante reacción en contra, por razones comprensibles. La industria cárnica emplea a 100.000 trabajadores, muchos de ellos en comunidades rurales. Estas personas se sintieron acusadas y culpabilizadas. Era difícil escapar al relato de que las élites de Madrid estaban atacando a la clase trabajadora de las comunidades rurales y amenazando su medio de vida. ¿Qué pasaría si se redujera la industria cárnica? ¿Qué se supone que harían las personas que dependen de ella para tener trabajo e ingresos? ¿No provocaría esto la emigración a las ciudades y vaciaría, aún más, las zonas rurales de España?

La respuesta fue lo suficientemente contundente para cerrar el debate y, desde entonces, apenas se ha avanzado en la cuestión. Este episodio es una lección de por qué la política climática nunca tendrá éxito si se enfrenta con la clase trabajadora y perjudica a sus medios de subsistencia. La población ya tiene que hacer frente a una grave inseguridad económica con el capitalismo, la amenaza constante del desempleo, la vivienda inasequible y las crisis del coste de la vida. Una política climática que amenace con agravar estos problemas es inaceptable.

Este dilema, sin embargo, no se limita solo a España. Recientemente, hemos visto casos similares en Francia y en los Países Bajos. No es solo un problema de la agricultura. Es necesario reducir la producción en muchos otros sectores si queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible: combustibles fósiles, coches privados, mansiones, cruceros, moda rápida, etc. En todos estos sectores encontramos formas destructivas de producción que contribuyen poco o nada al bienestar humano. Aunque estén a favor de acciones enérgicas sobre el clima, las personas que dependen de los ingresos de estos sectores pueden pensar que las políticas ecológicas son profundamente desestabilizadoras y oponerse a la aplicación de una política concreta porque podría dejarlos en una situación difícil.

Agentes de un cambio transformador

Existe, sin embargo, un enfoque alternativo. Es un enfoque que puede situar a las comunidades rurales y a la clase trabajadora en el centro de una política climática radical, como agentes de un cambio transformador que asegure y mejore al mismo tiempo los medios de vida de las personas. La clave para abrir esta posibilidad es un empleo público garantizado en el ámbito ecológico.

A las comunidades rurales se les debería plantear la cuestión de la siguiente manera: en España, la tierra (su activo más valioso) está degradada y agonizando; los habitantes de las zonas rurales lo saben mejor que nadie. No obstante, aunque se encuentran en la primera línea del cambio climático y el deterioro medioambiental, también están cerca de la tierra y saben perfectamente cómo curarla. Tienen los conocimientos y las herramientas. Pueden convertirse en héroes de la transición ecológica. España los necesita. El mismo planteamiento se podría realizar a las clases trabajadoras en general. Tienen la fuerza y la mano de obra para construir una sociedad mejor y una civilización ecológica.

¿Cómo? Con un empleo público garantizado vinculado a las obras públicas verdes. Un programa de este tipo permitiría a cualquier persona formarse y participar en los proyectos colectivos más importantes de nuestra generación: desarrollar fuentes de energía renovables de propiedad comunitaria, ampliar los sistemas de transporte público (sobre todo en las zonas rurales, donde son básicamente inexistentes), aislar edificios, restaurar la tierra, regenerar bosques, etc. Este sistema podría crear oportunidades para permitir a los agricultores producir bienes agroecológicos con métodos regenerativos que enriquezcan el suelo y mejoren la biodiversidad, alejándose de productos destructivos como la carne de bovino y de ovino.

Son acciones urgentes, social y ecológicamente necesarias. Todo el mundo está de acuerdo. Pero el capital privado no las lleva a cabo porque no son rentables. Este es el verdadero quid de la cuestión. El capital controla la producción, organiza nuestras capacidades productivas (por tanto, nuestra mano de obra, nuestra tierra, nuestros recursos) y produce lo que le resulta más rentable, y no lo que es más necesario para las personas y el planeta. El resultado es una sobreproducción masiva de cosas como los combustibles fósiles, la carne de bovino industrial o los todoterrenos, porque proporcionan muchos beneficios al capital; en cambio, tenemos una escasez perenne de cosas claramente necesarias como la vivienda asequible o la agricultura regenerativa.

La garantía de empleo ayudaría a resolver este problema. Intervendría allí donde fallara el capital y orientaría la producción hacia objetivos sociales y ecológicos urgentes. También suprimiría de forma permanente la inseguridad económica que tantas personas sufren con el capitalismo. Se podría utilizar para establecer normas laborales (como un salario digno, jornadas laborales más cortas y democracia en el puesto de trabajo) aplicables de forma transversal a toda la economía, lo que obligaría a las empresas privadas a cumplirlas. De no hacerlo, se arriesgarían a perder personal. Si tuviéramos la opción de realizar un trabajo digno y socialmente importante en un puesto de trabajo democrático, ¿aceptaríamos una actividad innecesaria en peores condiciones en empresas que solo buscan maximizar sus beneficios? Definitivamente, no lo aceptaríamos.

Una idea con buena aceptación

La buena noticia es que esta idea es muy popular. Las encuestas realizadas en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia muestran que casi el 80% de la ciudadanía quiere que sus gobiernos establezcan programas de garantía ocupacional. Hay pocas políticas que tengan un apoyo tan generalizado, y existen estudios recientes que aseguran que podría resultar muy atractiva a los votantes de clase trabajadora.