Barcelona Metropolis

En efecto, una de las múltiples derivadas de esta situación de emergencia es que ha obligado a los gobiernos a trabajar más desde el problema que desde las competencias, más desde la colaboración y la proximidad que desde la jerarquía y la distancia (cuando, precisamente, el escenario natural de las administraciones públicas es el de la estructura piramidal con una distribución clara de competencias). Atravesamos situaciones en las que ya no vale decir aquello de “haremos una comisión”. El problema es el que manda, y las soluciones que se barajen tienen que estar directamente conectadas a este. Es muy distinto ver la coordinación o las alternativas a pie de calle y en el propio meollo del problema que pensarlo en la atalaya desde donde cada organización o departamento acostumbra a relacionarse con la realidad. Lo que se gana en perspectiva desde la lejanía se pierde en concreción. Los cantos recentralizadores que ahora se oyen están, en este sentido, profundamente equivocados.

Por otra parte, parece evidente que la movilidad global va a verse cuestionada seriamente, y con ella la hiperactividad de los grandes hubs aeroportuarios. Las medidas de seguridad que se tomaron tras los atentados del 11S ahora se incrementarán con controles de temperatura, certificados de inmunidad reconocidos internacionalmente, equipos de protección personal, distancias en los accesos y reducción del aforo en los aviones. Otros protocolos parecidos pueden trasladarse a los trenes y al transporte público en general. Las actividades comerciales, culturales, deportivas y turísticas que supongan aglomeraciones de personas deberán asimismo modularse con arreglo a las exigencias de salud que vayan prescribiéndose. En cada caso deberán combinarse distintos parámetros: los propios de las autoridades sanitarias; la voluntad por parte del público a seguir las indicaciones en relación con los objetivos del acto (el equilibrio entre los incentivos para asistir y los desincentivos por la cantidad de cautelas a tomar); y la capacidad logística de que dispongan las entidades, empresas o instituciones que organicen la actividad.

Las ciudades se verán obligadas también a repensar su dinámica económica, laboral y social, así como su estructura urbana. Lo que estos días es un experimento de teletrabajo a gran escala puede acabar transformando las ciudades y sus conexiones con el entorno metropolitano. A medida que se invierta más en la conectividad de todas las actividades, se verá reducido el atractivo potencial de la densidad como factor de innovación. A pesar de ello, las ciudades punteras en conocimiento, ciencia e innovación tecnológica mantendrán sin duda todo su atractivo, aunque deberá repensarse la vigencia de sus líneas de investigación y la conveniencia de buscar nuevos mecanismos de coproducción y de corresponsabilidad en la relación entre los proyectos empresariales y las dinámicas de inversión pública[1].

La significación que están teniendo en el momento actual los servicios de primera línea (enfermería, emergencia, alimentación, limpieza, asistencia) precisa ser reconocida no solo simbólicamente, sino laboralmente. Hemos de afrontar urgentemente los límites evidentes que tienen las instituciones[2] de acogida de personas mayores buscando fórmulas que permitan a los ancianos seguir viviendo en sus casas y en entornos sociales y valorando la lógica de los cuidados, que precisa una puesta al día. Lo mismo sucede con las graves carencias en la provisión de productos básicos y en la red de alimentación de proximidad, que ha puesto de manifiesto la dependencia que tienen las ciudades. La diversificación de las actividades económicas (con mayor presencia de industria tecnológicamente avanzada) y la incorporación de espacios de producción de proximidad (de productos básicos, especialmente alimentarios) que reduzcan la dependencia exterior son planteamientos que deben reconsiderarse tras esta situación excepcional.

Impacto desigual

El impacto de la crisis de la COVID-19 no se ha distribuido de manera equitativa[1] en el conjunto de las ciudades. Aparentemente, estábamos ante un virus “democrático” en el sentido de que podía afectar por igual a personas de toda condición, edad, género o lugar de residencia. En la práctica, y tras varias semanas de evolución de la pandemia y de confinamiento, tenemos sobrados datos sobre la incidencia desigual de la crisis del coronavirus. Los impactos de la enfermedad han sido superiores entre las personas mayores, en aquellos núcleos familiares que viven en condiciones de estrechez, entre quienes desempeñan profesiones u oficios que requieren mayor contacto social o entre los ciudadanos que se han visto obligados a trabajar, pese a la pandemia, a causa de su especialidad. Conviene repensar la relación entre el espacio privado y el espacio público en las ciudades. Las fórmulas que se están aplicando en algunas para limitar la sobreocupación del espacio urbano por parte de los coches, como las superilles de Barcelona, pueden jugar un papel clave en este propósito.

Los efectos colaterales de la crisis sanitaria, como la pérdida de trabajo, el cierre de escuelas o la ruptura de lazos de proximidad, han provocado mayor precariedad y han generado más problemas de subsistencia básica a personas con trabajos peor remunerados, sin estatuto legal consolidado o en condiciones de conectividad digital inexistentes o muy frágiles. La multiplicidad de este tipo de factores en una misma persona o colectivo provoca, como sabemos, situaciones de mayor exclusión social y vulnerabilidad. Son situaciones que, además, no permiten respuestas segmentadas, ya que requieren abordajes complejos y personalizados. De ahí la importancia de proyectos de inversión multifactorial, como el Plan de Barrios en Barcelona, que permiten abordajes integrales para evitar que las desigualdades aumenten y generen mayores brechas vitales.

Las fases posteriores a la crisis, de “desescalada” o “desconfinamiento”, también pondrán a prueba a las ciudades. Si no ha sido fácil conseguir un más que notable seguimiento de las recomendaciones de salud para enfrentarse a la pandemia, puede ser tanto o más difícil conseguir que vuelvan a ponerse en marcha equipamientos, comercios, centros educativos o espacios públicos de todo tipo, atendiendo a sus peculiaridades, a los tipos de actividad, a los públicos a los que se dirigen, etcétera. Por otro lado, otro interrogante que debemos plantearnos es si las ya citadas ventajas en términos de movilidad y de calidad ambiental de las ciudades a las que ha obligado la situación de emergencia podrán mantenerse de alguna manera. Parece claro que esta crisis nos muestra los errores cometidos al separar naturaleza y cultura[1], favoreciendo la hegemonía de los imaginarios urbanos como sinónimo de innovación y progreso y minusvalorando la importancia de mantener equilibrios básicos entre ciudad y hábitat. En este sentido, como en tantos otros, nos queda el interrogante de saber si la “nueva normalidad” tras la crisis de la COVID-19 irá en el sentido de la resiliencia (manteniendo nuestras pautas y maneras de hacer, a pesar del choque producido) o si a resultas de la pandemia y de su brutal impacto en la “normalidad” conseguiremos romper con rutinas y hábitos, lo que nos permitiría mejorar nuestras condiciones de vida urbana y afrontar mejor las inevitables crisis a las que nos enfrentaremos.

La crisis del coronavirus está siendo demasiado costosa en vidas y penalidades como para hablar de ella como una oportunidad. Pero sí que puede permitir desvelar las cosas en las que merece la pena persistir, y la ciudad es una de ellas. Lugares en los que la proximidad, la vecindad entre extraños, la posibilidad de vivir juntos, de tener nuestra propia autonomía y de ser reconocidos en nuestra diversidad, mantienen toda su fuerza y atractivo. Las ciudades abiertas son, y deben seguir siendo, una expresión de vida concentrada.