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Esta brecha se agrava por género (es mayor en el caso de las mujeres), edad (mayor entre los más ancianos), territorio (mayor en poblaciones más pequeñas), nivel de renta (mayor para los más pobres) y nivel de estudios (mayor para las personas con menos formación)^[7]. El 60% de los mayores de 80 años reconoce dificultades para comunicarse a través del móvil^[8]. Ciertas discapacidades aumentan también la brecha financiera digital. El extremo lo representaría una mujer mayor sin empleo, con bajos ingresos, escasa formación y habitante de una zona rural. En ella se encarna no solo la desconexión digital, sino también, y de forma generalizada, la exclusión social.

La falta de habilidades de manejo de productos y servicios fintech no solo es problemática en su nivel más básico, sino que a menudo quienes sí tienen ciertos conocimientos y acceso a ellos no son conscientes de los posibles riesgos asociados ni de cómo evitarlos. Saber cómo esquivar fraudes y errores graves es de vital importancia para este tipo de transacciones. La suplantación de identidad de bancos a través de mensajes SMS o emails está ampliamente extendida, y basta con hacer clic en un enlace malicioso o confiar en estos remitentes y darles nuestras credenciales para perder todos (o buena parte de) nuestros ahorros. Además, tanto estafadores como ciberatacantes podrían acceder a toda la información íntima que pueden revelar nuestros datos, operaciones y usos de los servicios financieros en línea.

“Criptonativos” digitales

En el extremo (aparentemente) opuesto están los nativos digitales, jóvenes familiarizados con las herramientas fintech y con el mundo de las criptodivisas. Sin ser economistas ni expertos, algunos incluso se ganan la vida aconsejando a otros sobre cómo invertir su dinero en criptomonedas, especialmente en bitcoines. Han comprado la idea del dinero fácil, sin comprender la complejidad del mercado de las divisas digitales. Como ironiza El Mundo Today en uno de sus jocosos vídeos, el mundo de las criptomonedas “es tan complejo que solo lo entienden los podcasters y los adolescentes”^[9].

Bromas aparte, el problema es serio. Las ganancias estratosféricas en criptomonedas van asociadas a precios artificialmente inflados, dado que no hay nada que indique objetivamente su valor, más allá del que la gente le atribuya. Por ejemplo: una persona que tiene criptomonedas invita a mucha gente a invertir, y estos le siguen por miedo a perder la oportunidad de ganar dinero fácil. Como consecuencia, el valor de esa moneda sube y dicha persona puede vender sus divisas por un precio más alto. Es un esquema Ponzi de libro, una fórmula de estafa piramidal aplicada al criptomercado. El viejo engaño disfrazado de algo reluciente y nuevo que lo va a cambiar todo, con celebridades anunciándolo a bombo y platillo para inflar aún más la burbuja.

La burbuja financiera cripto puede arruinar a quienes confíen todo su dinero físico a una moneda virtual que no está respaldada por ninguna institución, ya que nadie se hará responsable de dicha pérdida. Con el euro se puede especular, pero hay una economía real detrás. Las criptomonedas adolecen también de una muy alta volatilidad. El 18 de mayo de 2021, el bitcoin valía más de 35.000 euros y al día siguiente valía 24.000 euros porque China anunció que prohibía la criptomoneda. En un día los inversores perdieron más de 10.000 euros. Durante el último año, el bitcoin ha pasado de un valor de −15.000 euros a más de 37.000 euros. Un día puedes ser virtualmente rico y al siguiente, perderlo todo.

Estas inversiones se califican ya como las nuevas subprime, en alusión a las hipotecas basura que condujeron a la crisis de 2008. El Fondo Monetario Internacional advierte en un informe reciente^[11] de los riesgos del ecosistema cripto: operativos (con pérdidas de fondos), de ciberseguridad (robos de fondos), de gobernanza (falta de transparencia en torno a la emisión y distribución de criptoactivos que resultan en pérdidas para los inversores), de concentración (dada su gran dependencia de pocas entidades), de fraude al consumidor y de integridad del mercado.

Regular, educar, conectar

Los reguladores ya están poniendo coto al entorno cripto. El Parlamento Europeo ha votado a favor de prohibir transacciones criptográficas anónimas para frenar el lavado de dinero en Europa. En España, las empresas que custodian carteras de criptomonedas de terceros están obligadas a informar sobre los distintos tipos de saldo y sobre la identidad de sus titulares. Además, las plataformas que permiten intercambiar unas criptomonedas por otras o por dinero de curso legal deben informar de los domicilios, la identificación fiscal, el precio y la fecha de cada operación de cada usuario. Y las ganancias obtenidas de estas operaciones hay que declararlas ante Hacienda.

Muchos de los jóvenes (y no tan jóvenes) que comercian con criptodivisas no son conscientes de ello, como demuestra una encuesta reciente de CoinTracker^[12]. Eso nos lleva a la reflexión inicial: ser nativo (o “criptonativo”) digital no significa estar a salvo de fraudes, estafas o errores que podrían significar una pérdida considerable de dinero, cuando no la ruina.

En relación con la otra cara de la brecha digital financiera, hay también cambios regulatorios. A finales de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente^[13], que limita el uso de contestadores automáticos para relacionarse con los consumidores, que tendrán derecho a obtener una atención “gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable”. También contempla la obligación de toda gran empresa de mantener una comunicación personalizada y, en caso de insatisfacción con la atención recibida, el usuario podrá solicitar que se transfiera la comunicación a una persona física supervisora.

Complementa a este anteproyecto de ley otro recientemente aprobado para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero^[14], que será gratuita para los consumidores. Además, las asociaciones bancarias firmaron el pasado febrero un protocolo para mejorar la atención de los mayores con ampliaciones de horario en caja y atención telefónica, impulsado por el éxito de la campaña “Soy mayor, no idiota”.

Más allá de estas medidas parche, hay un ámbito de actuación clave en el abordaje de las brechas financieras digitales: la educación financiera. La futura ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero la contempla en uno de sus títulos. En concreto, dice que se fomentará desde esta figura la educación financiera de los ciudadanos, “en especial en materia de ahorro, inversión, préstamo y crédito y gestión de deudas y aseguramiento, promoviendo la responsabilidad en la contratación financiera”. Promoverá también —dice el anteproyecto de ley— su inclusión en los planes de estudios.

Es un punto de partida, aunque parece más una declaración de buenas intenciones sin compromisos claros. Además, esta futura legislación limita la capacitación al ámbito de la alfabetización financiera, sin incluir la capacitación digital o la educación en ciberseguridad, ambas esenciales en el abordaje de la brecha financiera en línea. Adolece del mismo error que la mayoría de las estrategias nacionales de educación financiera: no abordan específicamente la alfabetización financiera digital, sino que se centran en conceptos financieros básicos. Además, las estrategias de educación financiera digital deben dirigirse a los grupos desfavorecidos para reducir las brechas.

Otro factor a considerar es que la tecnología hace que los servicios financieros no tengan fronteras, lo que permite acceder fácilmente a productos y servicios financieros en otros países. De ahí la importancia de la coordinación global, no solo para regular el sector fintech, sino también para mejorar la educación financiera digital de la población.

La adopción de estas herramientas tiene potencial para reducir las brechas en la inclusión financiera, pero ello no sucederá si la población no está capacitada para usarlas, ni sin una infraestructura adecuada que permita a todas las personas acceder a un dispositivo conectado y a un internet de calidad. Además, siempre debe garantizarse el acceso analógico a los servicios bancarios: garantizar el derecho a internet, pero también el derecho de acceso financiero sin condicionantes de conectividad.