Garantizar la vivienda, un reto metropolitano
Barcelona ha sido siempre una ciudad acogedora y atractiva. No es extraño que quienes viven en ella expresen, encuesta tras encuesta, que quieren seguir haciéndolo. Y también sus hijos. Sin embargo, esta aspiración resulta cada vez más costosa, y son muchos los que deben renunciar a ella porque no pueden asumir los precios de la vivienda.
El crecimiento demográfico y la eclosión de Barcelona como ciudad global capaz de atraer cada vez a más visitantes, inversores y residentes extranjeros, ha disparado la demanda. Sin suelo suficiente para atenderla, la desproporción entre las necesidades de vivienda y la capacidad de generar vivienda nueva es cada vez mayor. A esta situación se han añadido en los últimos años nuevos factores de presión, como la llegada de fondos de inversión internacionales, la desviación de una parte del parque ya construido hacia usos turísticos o la creciente presencia de nuevos residentes extranjeros temporales que eligen Barcelona atraídos por las ventajas que ofrece.
Todo ello impulsa los precios al alza, de modo que el gasto para poder disponer de un hogar, sea de alquiler o de compra, requiere cada vez una mayor proporción de los ingresos familiares. La falta de vivienda asequible se ha convertido en un nuevo factor de desigualdad: las rentas más bajas deben invertir una cantidad desproporcionada de los ingresos en los gastos del hogar. Particularmente delicada es la situación de los inquilinos, que han tenido que afrontar incrementos de precios muy por encima del aumento de los salarios, y esto provoca que la inestabilidad residencial se haya convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad. El retraso en la emancipación de los jóvenes es una de sus muchas consecuencias. Varios estudios advierten de que la situación se agravará cuando las generaciones actuales de inquilinos lleguen a la jubilación sin patrimonio y con pensiones insuficientes para afrontar los precios del mercado.
Garantizar el derecho a la vivienda es uno de los principales retos de las grandes ciudades. Barcelona tiene, con la nueva legislación y los fondos europeos Next Generation, la oportunidad de revertir la situación en el marco de una política metropolitana. No será fácil, ya que las carencias heredadas son considerables y construir vivienda social requiere inversiones y tiempo. El objetivo es movilizar todos los recursos posibles, en una alianza entre el sector público y el privado que permita corregir las inercias de un mercado que no es capaz de satisfacer las necesidades sociales de vivienda.
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