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El debate no afecta realmente ni a la neutralidad en la red ni a la libertad de expresión. El objetivo de esta directiva es conseguir una regulación que, por un lado, permita el desarrollo de los nuevos modelos de negocio digitales y, por otro, asegure una protección adecuada y eficaz a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Tenemos que ser conscientes de que, en muchos casos, estos modelos de negocio se basan en el uso masivo de obras y prestaciones ajenas que en muchos casos son, a su vez, el resultado de la actividad creativa e industrial de autores, artistas, editores, productores y, en definitiva, de modelos de negocio igualmente merecedores de reconocimiento y protección. No parece lógico ni justo que unos negocios se desarrollen a expensas de actividades y esfuerzos ajenos. Debemos recordar la importancia que tienen las industrias culturales en el entorno de la Unión Europea, tanto si nos referimos al número de puestos de trabajo como a la aportación al PIB o al desarrollo social, educativo y cultural.

Parece razonable que los afectados por estos modelos de negocio, igualmente digitales en muchos casos, no estén de acuerdo con su desarrollo si se hace a costa del trabajo ajeno. No se trata tanto de la utilización de las obras y las prestaciones de terceros, sino que, cuando se utilicen, los titulares de estas últimas participen de una manera justa en los rendimientos obtenidos.

La definición de lo que se pretende defender con la nueva directiva europea de copyright en internet es falaz, ya que su objetivo no es proteger a los autores, sino a los grandes monopolios de prensa. Creemos que, al contrario, es posible defender a los autores y un internet libre simultáneamente.

La normativa propone crear un filtro utópico para eliminar cualquier posibilidad de delito. Evitar las infracciones con este mecanismo es censura previa y es propio de una legislación autoritaria. Es como si culpases de mala educación viaria o de un exceso de velocidad a los vendedores de coches. Aplastando al mensajero no solucionas el problema del copyright; trasladas la responsabilidad a los intermediarios, aun sabiendo que los intermediarios, a quienes asignas la obligación de filtrar, no podrán verificar qué es realmente infracción. Asustamos al intermediario para que no se publique nada susceptible de generar conflicto. Todo proviene de una doctrina jurídica más propia de los regímenes autoritarios.

Internet ha potenciado la libertad de expresión y ha multiplicado el número de personas con voz. El poder se ha distribuido. Ello amenaza el statu quo, pero no podemos arrasar la libertad de expresión para volver al estadio anterior. La normativa europea no servirá para que los artistas puedan vivir de su obra y haya una cultura mejor. Los eurodiputados que quieren defender la innovación y los derechos fundamentales no pueden aceptar los artículos 11 y 13 de esta directiva.

La posición del Parlamento Europeo es clave, porque después de la votación se volverá a establecer un diálogo entre el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Si el Parlamento no pone una nota prociudadana, tendremos un problema, porque tanto el Consejo como la Comisión están muy influidos por los lobbies. A finales de este 2018 podríamos tener un borrador definitivo.

Internet está generando una nueva autoría, que es híbrida y colectiva. La creación colaborativa que ha propiciado la red ha desbordado los límites con que se habían delimitado los derechos de autor.

Deberíamos tener modalidades más flexibles en cuanto a los usos comerciales de las obras y a los derechos de las obras derivadas. Los programas que permiten realizar trabajos posteriores a partir de la mezcla de formatos dan lugar a nuevas creatividades. Se debería poder reutilizar o citar otras obras libremente si no es con usos comerciales.

Internet ha democratizado bastante el acceso a la cultura. Ahora cuesta menos encontrar personas con intereses afines, dispuestas a colaborar y diseminar el conocimiento. La Wikipedia sería un ejemplo de ello. Están apareciendo nuevos modelos económicos que sostienen la posibilidad de hacer cultura libre. El crowdfunding, la subscripción, los servicios premium..., pueden ayudar a adaptar el modelo económico al proceso de producción. Con todo, hace falta una nueva gobernanza global de internet que favorezca el interés general. Internet es el primer canal que se desarrolló fuera del control público, ha favorecido la libertad de expresión, pero con el tiempo la centralización del poder económico ha neutralizado esta libertad. La producción colaborativa se hace en plataformas que siempre dependen de un servidor central y eso crea una fuente de poder, porque quien controla el servidor tiene el control de todo el proceso. Se han depositado muchas esperanzas en el blockchain, una tecnología que podría descentralizar gobernanzas, pero no debemos ser ingenuos. Internet nos da una lección que nos debe hacer pensar: es un espacio que se ha concentrado en muy pocos años, para acabar controlado por muy pocas empresas.

La Comisión Europea decidió hace dos años, a raíz de diversas consultas públicas, modernizar la normativa de derechos de autor. Pero hizo un pastiche con ciertas peticiones de la industria: el artículo 11 (el canon AEDE de ámbito europeo) para el grupo empresarial de Axel Springer y el 13 (la propuesta de filtros de contenidos o “máquina de censura”) para la industria musical.

Esta última argumentaba que hay un salto de valor entre los importes que ciertas plataformas pagan a los titulares de derechos (mayoritariamente grandes corporaciones) y los que deberían ganar de verdad. Las industrias discográfica y musical sostenían que, por ejemplo, Google decidía pagarles voluntariamente una cantidad más o menos arbitraria sobre la que no tenían poder de negociación. Sea o no verdad, los informes de la industria musical de los dos últimos años indican que ganan más que nunca, pese a que los artistas siguen ganando muy poco. Es incomprensible que la solución a un problema que es de tipo competitivo y no de derechos de autor tenga que resolverse con una normativa de copyright y mediante filtros en todo tipo de contenidos (audio, texto, vídeo, memes...) que se suban a internet.

Como se ha demostrado repetidamente, los filtros de contenido generan muchos problemas de libertad de expresión por el hecho de que no saben distinguir excepciones del copyright, contextos de parodia o incluso contenido no protegido por el copyright. Pese a ello, la Comisión y el relator de la directiva en el Parlamento Europeo Axel Voss (Alemania, Partido Popular Europeo) han indicado que filtrar todo tipo de contenido en internet no comporta una obligación general de monitoreo (algo prohibido por la directiva e-Commerce) porque solo se buscan ciertos archivos concretos. Numerosos académicos han dicho que eso es absurdo, pero hasta el momento la postura es que filtrar internet es la única manera de proteger a los titulares de derechos (los autores y las sociedades de gestión de derechos (más justamente llamadas en inglés collecting societies). 

Aunque estamos de acuerdo en que los artistas ganan poco con su trabajo y que diversos intermediarios (casas discográficas, plataformas digitales...) pueden no estar pagándoles lo que merecen, eso no se arreglará con un filtro de contenidos para todas las plataformas. Hay varias soluciones (recurrir a tribunales de la competencia u obligar a las plataformas de streaming a pagar ciertas licencias que sean justas para todas las partes), pero no lo es un filtro de contenidos que vulnerará los derechos fundamentales y que el propio creador de la World Wide Web ha condenado.

Las normativas de la UE son de una complejidad muy grande, debido a que la unión es relativa en términos políticos, hecha de consensos. Partiendo de la necesidad de hacer respetar los derechos de autor, la discusión ha derivado en un debate sobre la libertad de expresión planteado en unos términos que lo falsean, porque la libertad siempre es imbatible.

Esta directiva obedece a un intento de adaptar el paraguas de la convención de Berna (que ha regulado la relación entre autores y editores durante décadas) a los nuevos tiempos de internet. La mayoría de los editores pensamos que es una normativa tímida, no demasiado decidida, que no nos permite la euforia y que además ha suscitado una reacción tremenda de los activistas de internet. Pasa un poco como con la novela de Stevenson La isla del tesoro, en la que la mayoría de los lectores simpatizan más con el pirata John Silver que con el caballero John Trelawney, pero yo me niego a hablar bien de los piratas.

El nuevo mundo de internet está dominado por un oligopolio gigantesco, en manos de muy pocas compañías de raíz norteamericana y de una irresponsabilidad fiscal demostrada, a las que, además, hemos regalado nuestros datos. Europa tendría que defender el marco legal de protección de los derechos intelectuales con la misma convicción que defiende su estado del bienestar.

La industria del libro tiene que entonar el mea culpa, porque se ha empeñado en ofrecer resistencia y no soluciones. El libro digital es una oportunidad para poner precios reducidos a los libros, pero el mercado digital crecerá de verdad cuando haya ofertas de subscripción con acceso a un fondo importante de publicaciones. Netflix es un ejemplo y ya hay alguna iniciativa incipiente en el mundo del libro. Triunfarán el día que sea más fácil suscribirse a estos servicios que piratear.

La nueva normativa viene a cubrir una serie de lagunas jurídicas de la anterior legislación. Internet no tendría valor si en su ámbito los creadores, editores, escritores, científicos, autores y artistas no creasen y aportasen sus contenidos. Una mayoría de los que no son autores en el sentido más amplio (editores, productores, artistas, escritores, etc.) consideran la libertad de expresión como libertad suprema, a la que el resto de libertades y derechos tienen que someterse, ignorando que si no hubiera nada que expresar, si no hubiera contenidos, esa libertad de expresión no existiría. Justifican el uso indebido de la propiedad ajena (es decir: propiedad intelectual) con la excusa de la libertad de expresión. Sus defensores en internet parece que no quieren entender el sentido de la propiedad. Una obra pertenece a su creador, y esta máxima debe respetarse.

Hasta ahora, los portales de internet bien conocidos por todo el mundo habían aplicado un sistema de take down notice, es decir, el propietario de la propiedad intelectual tenía que hacer el esfuerzo de revisar cuándo y dónde se hacía un mal uso de su propiedad, un uso ilegal, y denunciarlo. El portal retiraba dicho contenido pero el infractor (mal llamado pirata, o sea, el amante de la propiedad ajena) lo volvía a subir, con lo que el esfuerzo del titular resultaba inútil, mientras que el mal llamado pirata y el propio portal ganaban indebidamente y con total impunidad cantidades relevantes de dinero –incluso, en algunos casos, importes millonarios–, mediante una tecnología sofisticada y con una opacidad absoluta que impedían que fuesen descubiertos.

Los portales que conocen estas irregularidades y que insertan reiteradamente publicidad en estos sitios web ilegales deberían ser considerados cómplices necesarios, tarde o temprano.

Todos compartimos la idea de que internet tiene que ser neutral. Pero no podemos aceptar mantenernos neutrales cuando se perjudican derechos de terceros y se cometen ilegalidades.

El dilema entre propiedad intelectual y libertad de expresión existe, pero la ley no puede establecer que un derecho prevalezca siempre a priori y en todos los casos por encima de otro, sino que tiene que establecerse una ponderación según el caso. Pasa lo mismo con el dilema entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información.

El cambio tecnológico ha cambiado el statu quo y la manera de producir y consumir intangibles como, por ejemplo, la cultura. En el mundo analógico, el poder estaba en manos de quien producía y tenía la capacidad de distribuir bienes culturales. El apoyo digital lo ha cambiado todo, empezando por los intermediarios, que cada vez son menos y más poderosos. Vivimos un momento seminal, revolucionario, que marca un antes y un después. Eso ha cambiado la correlación de fuerzas, pero el fenómeno no se puede contrarrestar solo con una ley.

Los filtros que supuestamente pueden afectar a la neutralidad en la red ya se están implementando. YouTube no te deja subir según qué canciones si están protegidas, pero es cierto que establecer un filtro de forma genérica sin discriminar tamaños y potencias podría ser contraproducente para el desarrollo de los negocios en internet.

Es curioso que empresas que hasta hace bien poco eran simples operadoras ahora se estén convirtiendo en productoras de contenidos. Si antes les interesaba por encima de todo fomentar el consumo de datos, ahora velan por la propiedad intelectual de esos contenidos. Se van pasando al otro lado.