Debates a abordar en la transición hídrica de Barcelona

Ilustración © Eugènia Anglès

La reducción de las reservas de agua nos aboca hacia una transición hídrica que hay que abordar desde diversas perspectivas. El agua regenerada y desalinizada no puede ser la única estrategia: debemos explorar recursos alternativos, como la reutilización de aguas grises, y ser conscientes del rol del agua en el verde urbano como refugio climático. Y todo, sin perder de vista a la población vulnerable, que no debería pagar sus sobrecostes.

En los últimos años, las cuencas internas de Cataluña han experimentado la sequía más grave del último siglo. El sistema Ter-Llobregat, que suministra agua a la región metropolitana de Barcelona, ha visto cómo las precipitaciones en el período 2021-2023 sufrían los efectos más crudos del cambio climático. El sistema entró en emergencia por sequía a inicios de 2024, cuando se situó por debajo de la barrera de los 100 hm3 de recursos almacenados en los embalses del Ter y del Llobregat (el equivalente a solo el 16% de su capacidad).

En la ciudad de Barcelona, el Observatorio Fabra registró una anomalía de precipitación del 50% durante tres años consecutivos, de 2021 a 2023, y, a la vez, también marcó récords en anomalías de temperatura media, especialmente en 2022 y 2023, cercanas a los 3 °C. Todo apunta a que la emergencia climática está reconfigurando los riesgos hidroclimáticos, y la orilla oeste del Mediterráneo es una de las geografías que serán la antesala del cambio global.

Durante 2023, buena parte de las cuencas internas de Cataluña fueron las primeras en entrar en alerta y excepcionalidad por sequía. En el caso del sistema Ter-Llobregat, así como otros subsistemas, se declaró la emergencia a inicios de 2024. Esto llevó a la Agencia Catalana del Agua a endurecer las restricciones ya en vigor en alerta y excepcionalidad, especialmente en el sector primario, el mayor damnificado de la sequía, con reducciones del 80% en el riego y del 50% en los usos ganaderos. Evidentemente, los usos urbanos y domésticos de agua también sufrieron las consecuencias de esta situación, con la prohibición de regar zonas verdes y jardines públicos y privados, y solo permitiendo excepcionalmente el riego de supervivencia del arbolado público, siempre que fuese con agua freática o regenerada.

La ciudad de Barcelona y, en su mayoría, toda el área metropolitana tuvieron un comportamiento ejemplar para no franquear la dotación de 200 litros por persona y día, incluyendo actividades económicas y comerciales, aparte de los usos domésticos y urbanos, como marcaba el Plan de sequía. La dureza extrema del déficit de precipitación fue mitigada por los esfuerzos de la ciudadanía y de los distintos sectores económicos, así como de los actores responsables de la gestión de los recursos, desde la escala local hasta la de cuenca. Pero también es necesario reconocer el importante papel que han tenido —y tendrán en esta nueva normalidad— las fuentes de agua no convencionales.

A pesar de la mejora sustancial de la situación a partir de la segunda mitad de 2024, debida a un régimen pluviométrico más normalizado, la extrema gravedad del episodio de sequía está lejos de ser superada. Todo ello ha abierto una serie de debates que deberían informar la agenda por una transición hídrica que garantice la sostenibilidad y la seguridad hídrica en el ámbito metropolitano, así como en las cuencas internas, en un contexto de emergencia climática.

Los nuevos escenarios climáticos muestran una tendencia general a la disminución de las precipitaciones y a su concentración temporal, lo que nos lleva a pensar que la sequía que vivimos puede ser estructural y deberemos adaptarnos a esta nueva normalidad hídrica. A continuación, se aportan varias reflexiones en torno a esta reconfiguración de la gestión del agua, desde el papel de los recursos alternativos centralizados y descentralizados al rol que tiene el agua como elemento esencial para afrontar los efectos de la emergencia climática en forma de olas de calor.

El papel clave del agua regenerada en el ciclo hidrosocial metropolitano

La situación de sequía ha acelerado profundas intervenciones infraestructurales destinadas a remodelar el ciclo hidrosocial de la región metropolitana para hacerlo más resiliente a efectos de la emergencia climática y, por consiguiente, menos dependiente del nivel de agua en los embalses del sistema Ter-Llobregat.

La apertura, en 2009, de la planta desalinizadora de El Prat, una de las mayores de Europa, se vio inicialmente como una solución a la fragilidad del sistema metropolitano de agua después de la sequía de 2007 y 2008. Sin embargo, en el contexto de la peor sequía meteorológica en más de un siglo y con las plantas desalinizadoras funcionando a plena capacidad, la reutilización indirecta de agua regenerada para usos de agua potable se ha convertido en la nueva frontera hídrica metropolitana.

El tramo metropolitano del río Llobregat es el epicentro de esta gran transformación, y el Besòs está previsto que culmine la transición al convertirse en la nueva fuente de agua metropolitana, reproduciendo el esquema de regeneración de agua del Llobregat. Reconociendo los méritos y las posibilidades de estos nuevos recursos (e incluyendo también las nuevas plantas desaladoras planificadas por el Gobierno catalán), es importante huir de una perspectiva acrítica y de un optimismo tecnológico desenfrenado sobre las posibilidades de crear nuevos recursos hídricos que no se vean afectados por las vicisitudes del cambio climático.

Primero, porque pensar que a través de estas infraestructuras no nos veremos limitados por el clima puede llevarnos a adaptarnos mal como sociedad a la emergencia climática, y a rehuir la necesaria reconfiguración del metabolismo hídrico metropolitano. Segundo, porque, como veremos más adelante, la transición hídrica tendrá una traducción en el precio del recurso, y deberemos ser muy cuidadosos en cómo se distribuyen sus costes, para evitar que recaigan en los colectivos más vulnerables. Y también, porque estas alternativas difícilmente aportarán soluciones para los ámbitos que más han sufrido la sequía: sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería, y también los ecosistemas forestales y fluviales.

Promocionar los recursos alternativos a escala local

La reutilización de aguas grises, paralelamente, constituye un ejemplo de gestión del agua descentralizada y liderada por la ciudadanía. En las últimas dos décadas, en la provincia de Barcelona se han aprobado decenas de ordenanzas locales de ahorro de agua, muchas de las cuales, más allá de prever mecanismos en las nuevas construcciones, tienen la ambición de introducir obligatoriedades en el aprovechamiento para usos no potables, como la descarga de inodoros a partir de las aguas grises generadas en duchas y bañeras o el riego de jardines y la limpieza de superficies mediante el agua de lluvia y el agua sobrante de la limpieza de los filtros de piscina.

En 2005, la Diputación de Barcelona publicó un modelo de ordenanza de ahorro de agua que, junto con la exitosa experiencia del municipio de Sant Cugat del Vallès —con ordenanza desde 2002—, ha moldeado el recorrido de muchas de las normas aprobadas posteriormente. Emulando estas trayectorias, y en un contexto en el que la Diputación prepara una actualización de la ordenanza tipo de ahorro de agua, el Ayuntamiento de Barcelona ha realizado la aprobación inicial, este mes de febrero de 2025, de su Ordenanza de aguas grises. Esta norma fija los umbrales de obligatoriedad en el reaprovechamiento de las aguas grises (procedentes de duchas y bañeras) para los inodoros, tanto en la nueva edificación como en las reformas integrales. Prevé un ahorro potencial anual de 136.000 m3 de agua potable.

Seguramente, en el ámbito metropolitano, esta iniciativa movilizará a otros municipios, algunos de los cuales ya tienen aprobadas ordenanzas locales de ahorro de agua que prevén la utilización de recursos alternativos. A pesar de las limitaciones de estas intervenciones en cuanto al impacto inmediato y de difícil implementación en el parque de viviendas ya construido, deberían promocionarse de forma ambiciosa.

El agua como recurso esencial para hacer frente a las olas de calor

Es evidente el papel del verde urbano, tanto en lo que se refiere a la creación de sombras como para afrontar el efecto de isla de calor. Aparte de regular el riesgo de inundaciones, permite reducir la temperatura y se convierte en refugio climático en episodios de oleadas de calor. Sin embargo, visto lo que ocurrió especialmente durante la emergencia por sequía en 2024, surge la importante pregunta de cómo habrá que sostener estas naturalezas en un contexto de fragilidad hídrica.

En un mundo que se calienta rápidamente, las emergencias por calor extremo son una amenaza social y de salud pública, especialmente para las personas que viven en barrios vulnerables. Las múltiples dimensiones de la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica incluyen la pobreza en la vivienda, la energética y la inseguridad hídrica, que se intersecan con variables sociodemográficas como el género y la edad; esto modela la vulnerabilidad al calor extremo y da como resultado estrategias diferenciales para adaptarse a ellas.

Entre los mecanismos para soportar el calor podemos encontrar estrategias dentro del entorno construido privado, como el uso de aire acondicionado y ventiladores, y las prácticas relacionadas con el consumo de agua o el acceso a jardines verdes privados y piscinas. Los mecanismos para hacerle frente también implican el uso de instalaciones públicas, como los refugios climáticos, que van desde edificaciones interiores hasta piscinas o parques públicos. En estas estrategias, el agua tiene un papel clave. Entenderlas desde una perspectiva interseccional es crucial para informar de las políticas públicas, teniendo en cuenta el aumento de la desigualdad socioeconómica y la intensificación de los riesgos hidroclimáticos en los residentes de los barrios vulnerables, así como las barreras que estas personas afrontan.

Transición hídrica desde una perspectiva de justicia social

Queda por ver a qué reconfiguraciones político-económicas y en términos de gobernanza del recurso nos llevarán estos cambios infraestructurales que buscan la seguridad hídrica. También hay que definir cómo se financiarán todas estas intervenciones y quién gestionará las nuevas infraestructuras. La transición hídrica debería ser aprovechada para profundizar en la democratización del ciclo del agua y en los mecanismos de control público sobre ese ciclo.

En un primer plano, sobre todo, la mayor preocupación en términos distributivos es el impacto de todas estas modificaciones en las facturas del agua de las poblaciones más vulnerables del área metropolitana, y cómo estos cambios pueden reforzar o limitar su inseguridad hídrica. Debemos recordar que la ciudad de Barcelona, y sobre todo los barrios más populares, presentan consumos de agua muy bajos en comparación con los estándares del Norte global.

La transición hídrica para afrontar la emergencia climática, a través de todas las intervenciones infraestructurales que se derivan de ella, requerirá seguramente incrementos importantes en el precio y las tasas del agua, y habrá que pensar muy bien cómo se traducen en los diferentes tramos de tarificación o tasación para no hacerlos recaer en las clases más populares, que, por sí solas, presentan consumos muy bajos. Sería una paradoja que las medidas enfocadas a reforzar la seguridad hídrica metropolitana acabaran impactando negativamente en los colectivos más vulnerables.

Es, por tanto, fundamental garantizar el derecho humano al agua y evitar la inseguridad hídrica como herramientas para la adaptación a un contexto con más olas de calor. A su vez, también hay que pensar que, si queremos promover la rehabilitación hídrica para hacer más eficiente el consumo a escala de hogar y de edificios, debemos hacerlo con unos criterios que faciliten que estas mejoras puedan llegar a los colectivos más vulnerables, y entroncar así con el delicado debate del acceso a la vivienda en la ciudad. Es imprescindible que las administraciones acompañen a la ciudadanía, sobre todo a la más vulnerable, para posibilitar una transición hídrica sostenible y justa. La eficiencia en el uso del agua no debería ser un privilegio sino un derecho que permitiera, de paso, contrarrestar el aumento de las facturas en los hogares más vulnerables. Y, evidentemente, esta transición hídrica debería rehuir visiones utilitaristas y antropocéntricas, y poner sobre la mesa la necesidad de repensar nuestras interdependencias con los ecosistemas fluviales.

Referencias bibliográficas

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Ayuntamiento de Barcelona. Aprobación inicial de la Ordenanza de aguas grises de Barcelona, 2025. via.bcn/gls250V43RP

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