Barcelona Metropolis

Como heredera de la pésima resolución de la crisis financiera del 2008, Barcelona tiene el objetivo urgente de acabar con los desahucios de familias vulnerables y garantizar el derecho a la vivienda. La ínfima dimensión del parque público, la fuerte demanda interna y externa i el escaso suelo disponible agravan la crisis. Para afrontarla, es necesario un pacto social para la vivienda.

Todos los estudios que hablan de desigualdad la tratan desde la perspectiva de los ingresos, de la renta o de la capacidad económica de los hogares. El índice de desigualdad S80/20¹ indicaba en 2021 que, en la ciudad de Barcelona, el 20% de la población con el nivel económico más alto obtenía 6,1 veces más ingresos que el 20% con el nivel económico más bajo. Es una proporción superior a la del resto del área metropolitana (5,8) y a la media de Cataluña (5,4), lo que indica un mayor problema de desigualdad en la ciudad.

La reducción de la desigualdad es el décimo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que mantiene que, “pese a los avances alcanzados en algunas áreas en los últimos años, la desigualdad es uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo, sino también para la paz y para asegurar los derechos humanos”. Las políticas que se proponen para avanzar hacia este fin son de carácter económico, de mejora de las condiciones laborales, de aumento del salario mínimo y de redistribución de los impuestos y prestaciones para hacerlos más equitativos.

Pero la desigualdad debería analizarse no solo desde la perspectiva de los ingresos, sino también del gasto de los hogares. En países con potentes estados de bienestar, las franjas de población con ingresos más bajos pueden destinar estos ingresos a consumo corriente, ya que tienen garantizados los servicios básicos de salud, enseñanza y vivienda. Por el contrario, en los países con estados del bienestar débiles, los ingresos de los hogares se ven mermados, de facto, por el coste que deben soportar en estas mismas materias.

No disponemos de ningún indicador sintético de ambas vertientes de la desigualdad, pero sirve de aproximación decir que, en el caso de la ciudad de Barcelona y de su entorno metropolitano, el 20% de la población con mayores ingresos vive mayoritariamente en una vivienda de propiedad ya totalmente pagada, mientras que el 20% de la población con ingresos más bajos vive, en general, en una vivienda de alquiler a precio de mercado, a la que debe destinar más del 50% de los ingresos. Esto, como es lógico, se traduce en la práctica en un empeoramiento de las desigualdades en cuanto a los ingresos netos disponibles para el consumo corriente, y pone en situación de fuerte vulnerabilidad a este 20% de población con un nivel económico más bajo, altamente sensible a las oscilaciones de precios que puedan experimentar las viviendas.

Las necesarias políticas de vivienda

Por este motivo tan importante, la política de vivienda en una ciudad como Barcelona y su entorno metropolitano se convierte en una pieza clave en la lucha contra la desigualdad. Y está claro que hoy en día el reto fundamental de esta política es reducir, justamente, el peso del coste de la vivienda que soportan los hogares con rentas medias y bajas, que son las que, en mayor proporción, viven de alquiler.

Efectivamente, Barcelona es una ciudad limitada. Pese a tratarse de la mayor ciudad de Cataluña (1,6 millones de personas), la fuerte presión de demanda que soporta desborda sus posibilidades territoriales. El potencial de crecimiento urbanístico es limitado y, desde hace más de 40 años, tiene unos déficits anuales de atención a la residencia para las personas que quisieran vivir en la ciudad. En los años de máxima producción de viviendas (periodo 1997-2009), la cifra más alta alcanzada anualmente no llegó a las 5.000 unidades, cuando la demanda vegetativa de la ciudad (calculada a partir de las necesidades de creación de nuevos hogares y de las necesidades de reposición del parque existente) sería de aproximadamente 10.000 unidades anuales.

En consecuencia, la expulsión de población hacia ciudades del entorno metropolitano ha sido una constante. Y, por supuesto, esta insuficiencia de oferta en relación con la demanda se traduce en el nivel de precios residenciales de Barcelona. Desde principios de siglo hasta el 2021, los precios de obra nueva han crecido un 150%, y los alquileres, un 100%, mientras que la renta bruta familiar disponible ha subido solo un 25%. Esto constituye una brecha de insolvencia insoportable para muchos hogares, lo que impacta directamente en la desigualdad.

Por otro lado, Barcelona es una ciudad atractiva. En todas las encuestas, los residentes e hijos de los residentes manifiestan claramente la voluntad de seguir viviendo en ella. Pero, además, es foco de interés para turistas e inversores, y esto, indiscutiblemente, ejerce presión sobre la demanda de inmuebles y los precios del suelo. Las necesidades de vivienda principal deben competir con la demanda de ocio o de residencia temporal, que es capaz de satisfacer precios por encima de lo que correspondería a la media de ingresos de los hogares. También influye en la subida de los precios el alquiler de habitaciones. Y no olvidemos que la demanda turística, la de temporada y la de habitaciones tienen, además del impacto sobre los precios, otra deriva perniciosa para el parque de viviendas y para la convivencia ciudadana: la sobreocupación, que puede ser simultánea en el tiempo —comparten vivienda más personas de las que serían preceptivas por mínimos de habitabilidad— o sucesiva, con un continuo cambio de usuarios. Esto también impacta en la desigualdad.

Hacer frente a un entramado complejo de problemas

La política de vivienda se ve obligada a mantener un duro y complejo pulso con los tres parámetros comentados: ínfimo parque público y de precio controlado, fuerte demanda (interna y externa) y escaso suelo disponible. Las consecuencias más evidentes y graves de estas particularidades de la ciudad son, en el terreno demográfico, un retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, la pérdida de población joven y un envejecimiento de la población más notorio que en el entorno. Y en lo social, las consecuencias han sido la pérdida de población con ingresos medios y la polarización de la desigualdad, especialmente visible entre barrios; una alta vulnerabilidad residencial por la inseguridad y la incertidumbre de la vivienda; los desahucios de hogares por la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda; y la sobreocupación.

No es sencillo hacer frente a este complejo entramado de problemas. Requiere medidas no siempre bien recibidas por la población o por algunos operadores, lo que hace que sea muy importante articular algún tipo de pacto social para la vivienda que dé robustez a las decisiones que se tomen y que evite que las estrategias para asegurar el derecho a la vivienda de los ciudadanos se conviertan en motivo de debate permanente.