Estas cifras contrastan con las de un grupo de municipios de la misma demarcación que no han estado sujetos a los preceptos de la ley, y que también recoge el informe, donde, en el mismo periodo, los precios del alquiler no solo no se redujeron sino que aumentaron, concretamente un 4,1 %. En los municipios donde sí se reguló el precio de los alquileres los descensos llegaron a ser del 7 % los primeros meses.

Con respecto a la oferta pública, en los municipios que no estaban sujetos a la regulación establecida entre septiembre del 2019 (un año antes de la entrada en vigor de la ley) y marzo del 2022 (un año y medio después de la entrada en vigor) se hicieron un 6 % más de contratos de alquiler por cada 1.000 habitantes, un 0,9 % más que en el año anterior. Estos datos representan menos de la mitad y de un tercio, respectivamente, de los de Barcelona (15,3 % y 31,1 %).

La normativa no continúa en vigor tal como la aprobó el Parlamento, ya que el Tribunal Constitucional anuló varios preceptos en marzo del 2022, incluido el mecanismo de control de rentas establecido, con el argumento de que invadía competencias estatales.

El informe lo ha elaborado el Observatorio Metropolitano de la Vivienda por encargo municipal, y puede consultarse aquí.