Representantes de administraciones y entidades sociales se han reunido para hacer balance del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona. Lo han hecho en la sesión plenaria del Consejo de Vivienda Social de Barcelona, ​​que ha tenido lugar este miércoles 27 de enero.

La sesión ha comenzado poniendo la mirada sobre la actualidad marcada por la pandemia del Coronavirus. Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación, ha repasado las actuaciones especiales puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis en materia de vivienda. En primer lugar, la moratoria automática del pago del alquiler en viviendas del parque público, a la que se acogieron más de 10.000 familias. En segundo lugar, la revisión de las cuotas de las viviendas del parque público y viviendas de cesión, que recibió 787 solicitudes. Y, en tercer lugar, el impulso de dos nuevas promociones de viviendas APROP y cuatro nuevas promociones industrializadas en licitación.

A las medidas aplicadas se ha sumado un paquete de ayudas a la rehabilitación de viviendas, que se ha traducido en 92 ayudas concedidas y una dotación económica de 3 millones de euros, y de ayudas al pago del alquiler, con 4.500 peticiones. A su vez, Gerard Capó, actual gerente del IMHAB, ha querido destacar la puesta en marcha del servicio de información y asesoramiento ‘Vivienda te llama’, para facilitar la atención personalizada, telefónica y telemática y facilitar las gestiones a la ciudadanía.

El compromiso para garantizar el derecho a la vivienda

En la sesión plenaria del consejo, Lucía Martín ha hecho balance de los primeros cinco años del Plan para derecho a la Vivienda. Desde 2015 a 2019 la ampliación del parque de vivienda asequible se amplió a 4.232 viviendas. De estos, 1.825 corresponden a la promoción de Vivienda de Protección Oficial, un dato que la concejala ha valorado positivamente destacando que es uno de los retos de futuro para los próximos años. “Desde el Ayuntamiento de Barcelona se han entregado 762 viviendas entre 2015 y 2019, lo que ha permitido alojar unas 11.000 personas. Cada año tenemos nuevas viviendas en marcha, ya sea en proyecto o en construcción, y queremos impulsar un volumen muy importante de promociones”.

La captación de vivienda privada también es uno de los puntos fuertes del aumento de la vivienda asequible en la ciudad. Y es que entre 2015 y 2019 se han captado y se administran a través de la Bolsa de Alquiler y del programa de cesión Hàbitat3 un total de 1.155 viviendas, donde se alojan 2.900 personas. Los datos se completan con 800 viviendas adquiridas para alquiler asequible y social; 395 viviendas cedidas en usufructo y 57 corresponden a la promoción de alojamientos finalizados, entre los que se encuentra la promoción de Alojamientos de proximidad Provisionales, APROP, con 12 alojamientos en el barrio gótico. En este sentido, Lucía Martín ha hecho hincapié en los alojamientos APROP y ha apuntado que entre 2021 y 2023 está prevista la construcción de dos nuevos edificios con 82 alojamientos para 200 personas.

En cuanto al parque asequible gestionado por el IMHAB, Lucía Martín ha querido remarcar el incremento de viviendas entre 2015 y 2019. En 2015 el parque asequible era de 7.642 viviendas, mientras que en 2019 era de 9.646 viviendas, siendo casi el 80% viviendas públicas de alquiler.

Políticas públicas y apoyo al alquiler

Uno de los otros temas tratados en la sesión plenaria del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona han sido las acciones en materia de disciplina de vivienda a través de la Unidad Antiacoso. Durante el año 2019 se llevaron a cabo un conjunto de actuaciones con el objetivo de detener la vulneración de derechos y revertir malas prácticas, tales como la adquisición del usufructo de 181 viviendas, la captación de 5 viviendas para en la Bolsa de Alquiler y la expropiación de 2 viviendas más. Estas actuaciones permitieron alojar en vivienda asequible a 470 personas. Una de las otras actuaciones que ha destacado Lucía Martín ha sido la imposición de 60 multas y sanciones por una cantidad total de 1.750.612 €, un importe que se destinará a políticas de vivienda.

En la sesión también se han destacado las ayudas para evitar la pérdida de la vivienda. Durante el 2019 se destinaron 21.388 ayudas al pago de la vivienda y se beneficiaron 53.000 personas, lo que representa un 3% de la población. También se pusieron en marcha procesos de acompañamiento y mediación que sirvieron para atender a 17.028 familias y se adjudicaron 192 viviendas a través de la Mesa de Emergencias. En este sentido, Lucía Martín ha apuntado que las cifras de personas beneficiarias de ayudas para evitar la pérdida de la vivienda probablemente se verán incrementadas durante los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, Agustí Serra, secretario de la Agenda Urbana y Territorio de la Generalitat de Catalunya, ha destacado la importancia de trabajar en iniciativas legislativas para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. “Hay que establecer medidas que garanticen una vivienda asequible, ayudas a las personas con dificultades para pagar el alquiler y garantías a los promotores para cobrar sus rentas”, ha apuntado. Una de las iniciativas destacadas es Reallotgem, el programa impulsado por la Agencia de la Vivienda de Catalunya destinado a familias vulnerables y a través del cual se prevé poner a disposición 1.500 viviendas este 2021.

Trabajando para reorientar las ayudas a la rehabilitación

La rehabilitación ha sido uno de los pilares de las políticas de vivienda y en los últimos años se han querido reforzar y ampliar las actuaciones. En este sentido, durante 2019 se otorgaron ayudas e inversiones a la rehabilitación por un importe total de 30,3 millones de euros distribuidos en la rehabilitación de elementos comunes (34%), de viviendas del parque público (32%), de fincas de alta complejidad (27%) y en la rehabilitación de interiores (8%). Todas estas actuaciones permitieron mejorar el edificio o vivienda de más de 20.000 personas.

Y es que las ayudas a la rehabilitación y las ayudas a las familias vulnerables han sido uno de los temas tratados en el turno de preguntas, donde las entidades han pedido un paquete de ayudas para personas mayores. En este sentido, Jaume Forn, director de la Agencia Catalana de la Vivienda, ha destacado este tipo de ayudas como una de las líneas a potenciar en el futuro, y Lucía Martín ha recordado que, desde el Ayuntamiento de Barcelona, se está trabajando también en esta línea. De hecho, el pasado mes de octubre comenzaron las obras para hacer un edificio de 152 viviendas adaptadas para personas mayores a los cuarteles de Sant Andreu. Por su parte, Jaume Artigues, miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), ha apuntado que se necesitan más viviendas de protección oficial en Barcelona. “Estamos en una situación realmente grave”. Uno de los temas que se han tratado ha sido el Decreto ley 17/2019, pendiente de la respuesta del Tribunal Constitucional. Josep Babot, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), y Agustí Serra han coincidido en que la suspensión del decreto supondría un retroceso social.

En la sesión plenaria también se ha repasado la labor de los grupos de trabajo y se han aprobado el acta de la reunión del pasado 28 de marzo de 2019, la Memoria de 2019, los representantes de la Comisión Permanente y la incorporación de un nuevo miembro al Consejo, CEVASA. Además, se ha anunciado la creación de dos nuevos grupos de trabajo, el Consejo de Bienestar Social de Barcelona y el grupo de trabajo para la revisión y actualización del Plan por el Derecho a la Vivienda.