Durante el año 2024 se han firmado 780 contratos nuevos de alquiler más que en el año anterior, un incremento de 416 desde la primera declaración de zonas de mercado de vivienda tensionada. El resultado es el descenso de la rotación de los inquilinos en favor de la estabilidad de los hogares, que viene dada, entre otros, por el alargamiento de la duración mínima de los contratos de alquiler a 5 o 7 años, incluido en la modificación legislativa del 2019.

La vivienda, una prioridad

Barcelona ha sido la primera y la única gran ciudad del Estado en declararse zona de mercado de vivienda tensionada. En el marco del plan Viure, se trabaja con el objetivo de incrementar y acelerar la construcción del parque público de vivienda protegida en la ciudad, adoptando una estrategia integral y a largo plazo.

Durante este mandato se prevé que se entreguen hasta 3.300 viviendas, mientras que 5.000 viviendas adicionales ya se encuentran en diferentes fases de ejecución, y se generará suelo suficiente para la construcción de 10.000 viviendas más.

La ciudad también ha sido la primera en anunciar el final a las licencias de viviendas de uso turístico, lo que permitirá recuperar para uso residencial 10.101 pisos a finales del 2028.

Paralelamente, la apuesta por la diversificación y la colaboración con otras administraciones públicas, el tercer sector y la iniciativa privada persigue optimizar recursos y doblar la producción de vivienda protegida a un ritmo de 1.000 pisos anuales a final del mandato.

Se sigue trabajando en otras medidas como la modificación de la reserva del 30 % para hacerla efectiva, la mediación con otras administraciones públicas para instarlas a poner fin al fraude del alquiler de temporada y el liderazgo de una alianza con ciudades europeas para dar respuesta a la emergencia social causada por la crisis de la vivienda.