El Ayuntamiento envió ayer, viernes, un requerimiento a la plataforma para que desactive los anuncios en el plazo de quince días. En caso de que los anuncios no se hayan retirado en el plazo establecido, el Consistorio abrirá a Airbnb un expediente sancionador de 60.000 euros.

Con respecto a los titulares de los anuncios, se inicia un proceso de información para avisarlos de que incumplen la normativa. En primer lugar, se les enviará una advertencia de cese de la actividad sin sanción. Una vez se haya hecho llegar la información a todo el mundo, si se comprueba que los anuncios continúan activos, se empezará a sancionar.

Un turismo más sostenible y respetuoso con la convivencia

Estas actuaciones llegan después de que en enero se aprobara la actualización del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), que restringe el alquiler de habitaciones turísticas y solo lo admite si se encuentran en viviendas de uso turístico que se hayan reconvertido en residencia habitual. Hasta ahora no se ha reconvertido ningún piso turístico en residencia y, por lo tanto, no se ha concedido ningún permiso.

El nuevo PEUAT quiere ser un instrumento para promover la gestión sostenible del turismo, impulsar la convivencia entre la actividad económica y las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad y preservar la vida cotidiana, el derecho a la vivienda y la mixtura de usos.

El plan de choque contra los alojamientos ilegales

La petición de retirada de los anuncios se enmarca en el plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales, que inicialmente se dirigía a los pisos enteros alquilados por menos de 31 días y ahora también incluye las habitaciones compartidas.

Puesto en marcha en el verano del 2016, ha dado buenos resultados y ha permitido poner fin a la proliferación descontrolada de esta actividad; se ha pasado de unos 6.000 pisos turísticos ilegales a una cifra muy baja gracias a la actividad inspectora y sancionadora. Desde el inicio del plan, se han analizado 51.000 anuncios y se han abierto cerca de 17.500 expedientes disciplinarios que han derivado en 7.400 órdenes de cese y 8.100 expedientes sancionadores.