La operación, que es la primera que han llevado a cabo de manera conjunta los cuatro cuerpos policiales —Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional— y en la que han participado entidades públicas y privadas, la han dirigido y coordinado la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona y el juzgado de instrucción número 23 de Barcelona.

La investigación policial

La investigación empezó a finales del año 2020 a raíz de las deficiencias encontradas en las inspecciones administrativas que llevaron a cabo técnicos del Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana en un establecimiento de venta de animales situado en el centro de Barcelona, donde se localizaron 33 perros enfermos.

La Unidad de Investigación de la Guardia Urbana comprobó que había maltrato animal por falta de cuidado, lo que había provocado la muerte de unos cuantos animales, y también sospechó que había un delito de falsificación documental por las anomalías evidentes de las cartillas sanitarias y los pasaportes de viaje de los animales.

Los agentes también comprobaron anomalías en el transporte, la comercialización, las clínicas veterinarias y los centros de cría bajo el control de esta red de venta de animales de compañía. Se detectaron indicios de delitos de maltrato animal, usurpación de funciones, falsificación documental y estafa.

Además, se observó una división de tareas y un funcionamiento en red compatible con una estructura comercial mucho mayor, y había más comercios asociados que parecían funcionar de la misma manera, así como una página web de venta.

Para actuar conjuntamente, se creó un equipo de investigación con los cuatro cuerpos policiales implicados y se comprobó que las actuaciones ilícitas se cometían en diferentes establecimientos situados en Madrid, Cataluña y Andorra.

La organización adquiría los animales de diferentes maneras: la importación de países de Europa del este, la cría en centros ilegales administrados por los propios investigados o bien la compra ilegal por redes sociales. El transporte se hacía normalmente por carretera, en vehículos pequeños y con una ventilación deficiente. Los trayectos eran largos y los animales viajaban sin luz y sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

El operativo policial de desarticulación

El 20 de septiembre se llevaron a término doce entradas y registros, con trece detenidos y más de cuatrocientos animales intervenidos, principalmente cachorros de perros y gatos de razas de alta cotización en el mercado actual.

En el dispositivo fue fundamental la colaboración de diferentes asociaciones y entidades protectoras de animales, incluidas las contratadas por los diferentes ayuntamientos de las poblaciones donde se han hecho las intervenciones. Sus veterinarios y veterinarias han trabajado en la investigación de los locales, en el cribaje sintomático de los animales y en la clasificación y los aislamientos necesarios para las cuarentenas.

La colaboración de los centros de acogida, en coordinación con los respectivos ayuntamientos afectados, también ha resultado clave para los cuidados y atenciones veterinarias o las cuarentenas, así como la colaboración técnica del Servicio de Fauna y Flora del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que ha colaborado en la identificación de los animales exóticos localizados.

En el marco de la operación, se han bloqueado las propiedades en territorio nacional e internacional y los productos bancarios que los líderes de la organización habían adquirido gracias a los beneficios del tráfico ilegal de animales.