Nuevo impulso al parque público de vivienda y en la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado dos nuevos suelos y un edificio de titularidad municipal al convenio firmado el pasado 2020 con la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda (GHS) y las entidades más representativas del sector, la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social (Cohabitac), la Red de Economía Social y Solidaria (XES) y la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, que preveía la construcción de un millar de pisos nuevos, el 60% en régimen de alquiler y el 40% destinado a iniciativas de covivienda.

Esta nueva incorporación representará otras 203 viviendas asequibles a partir de 2023, una cifra que se suma a las 11 promociones de 364 viviendas ya asignadas a las entidades, y que actualmente se encuentran en los trabajos previos a las obras, como la redacción del proyecto y la solicitud de licencias.

En concreto, estas nuevas tres promociones son:

– Casernas de Sant Andreu. Paseo de Torras y Bages, 126-128. Covivienda de 80 pisos a cargo de una cooperativa.

– Mont-ral, 37 y 39 y c. Doctor Letamendi, 99 y 103. Promoción de alquiler de 38 viviendas a cargo de una fundación. Se trata de unos edificios adquiridos por el Ayuntamiento a principios de 2021 para frenar un proceso especulativo y con un largo proceso de incumplimiento del deber de conservación por parte del anterior propietario.

– Bolivia, 23-27. Promoción de alquiler de 85 viviendas abiertas tanto a fundaciones como a cooperativas de alquiler.

Una iniciativa para reforzar el sector de la vivienda sin ánimo de lucro

Este convenio permite impulsar el alquiler protegido y fortalecer las fundaciones de la vivienda social y las cooperativas de vivienda y así diversificar el abanico de agentes en el sector de la vivienda e inmobiliaria. Cuanto más potente sea el sector sin ánimo de lucro, mayor capacidad habrá para crear vivienda social y asequible, tanto en Barcelona como en todo el territorio.

Esta fórmula también permite agilizar la ampliación del parque protegido a través de la promoción y rehabilitación. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, los procesos de redacción de proyectos y adjudicación de las obras no están sujetos a los largos procesos de las licitaciones. El convenio, además, regula el control municipal y la transparencia, garantizando que la titularidad del suelo y de los edificios es 100% municipal y la cesión se realiza por un período de tiempo determinado (99 años).

Por último, esta iniciativa representa también un fuerte impulso económico. Y es que, por el conjunto de los 1.000 pisos previstos en el convenio, se calcula que hará falta una inversión de 150 millones de euros, que podrán repercutir en la creación de cerca de 1.600 puestos de trabajo.

Nuevas mejoras

Firmado el pasado noviembre de 2020, el Ayuntamiento y las entidades del convenio han acordado introducir nuevas mejoras. En primer lugar, se introduce la posibilidad de incrementar la subvención municipal en los proyectos hasta el 16%, hasta ahora limitadas al 7%, para nuevas construcciones no superiores a 15 viviendas y en todos los casos de las fincas a rehabilitar. Este cambio beneficiará especialmente a proyectos singulares como las coviviendas para personas mayores y para personas con discapacidad, promociones todas ellas de menos de 15 viviendas.

A largo plazo, la inversión municipal en forma de estas subvenciones a las entidades devolverá a futuros proyectos de promoción delegada. Una vez que las entidades hayan amortizado los créditos que habrán asumido por la promoción de viviendas, además de pagar el canon, tendrán que destinar el 50% de los resultados de la explotación al Instituto Municipal de la Vivienda u órgano que se decida, que a su vez los utilizará para financiar nuevas promociones delegadas de vivienda.

En segundo lugar, también se han incorporado mejoras en cuanto a los principios de transparencia y objetividad en el procedimiento de selección y designación de los proyectos y entidades beneficiarias, y en la claridad en la aplicación de la solvencia técnica y de los criterios de designación.