Se aplica el Decreto ley aprobado por la Generalitat de Catalunya el 7 de noviembre de 2023, que regula las viviendas de uso turístico, en una serie de municipios catalanes con problemas de acceso a la vivienda, para extinguir los 10.101 pisos turísticos (VUT) que disponen de la habilitación correspondiente para ejercer esta actividad que hay en la ciudad. La medida quiere garantizar que el máximo número de pisos se destinen a uso residencial y no turístico y así aumentar el parque de vivienda de la ciudad.

Este decreto ley se aplica con todo su alcance y no se impulsa ningún nuevo planteamiento urbanístico que declare compatible el uso turístico de la vivienda con el de domicilio habitual y permanente y, tal como prevé, al cabo de cinco años desde su entrada en vigor, todas las VUT de la ciudad desaparecerán y quedarán prohibidas. En noviembre del 2028 Barcelona ya no tendrá ningún piso turístico.

Además, a través del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), que desde el 2017 regula la implantación de todo tipo de establecimientos de alojamiento turístico, se seguirán desarrollando tareas de inspección una vez se hayan extinguido todos los pisos turísticos. Desde el 2016 se han impuesto unas 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese, y de 6.000 anuncios mensuales de pisos se ha pasado a solo entre 300 y 400, que el equipo de inspección municipal detecta y requiere en las plataformas su desactivación inmediata. Además, se han recuperado para uso de residencia habitual hasta 3.473 pisos que hacían actividad turística ilegal.

Medida del 30 % de vivienda protegida real y efectiva

Paralelamente se trabaja para hacer efectiva la medida del 30 % de reserva de VPO en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, y que el sector privado se haga corresponsable de forma real de la promoción de vivienda asequible en Barcelona. Desde que se aprobó en el 2018 solo se han sumado 93 viviendas al parque residencial, de acuerdo con las licencias otorgadas, y de estas, solo 8 se han ejecutado.

La nueva propuesta, que ahora se empezará a trabajar con los grupos políticos, se encamina a mantener lo que ya preveía la MPGM del 2018, y ampliarlo a nuevas opciones para que los promotores privados hagan efectivo el 30 %, por una parte, con la transferencia de las viviendas protegidas a otros solares, y, por la otra, abriendo la posibilidad de que sea un promotor social el encargado de ejecutar estas viviendas. La reforma de la reserva del 30 % también prevé facilitar la rehabilitación de viviendas, incrementar su número y garantizar, así, la calidad del parque residencial.

También se mantiene el hecho de que el Ayuntamiento se reserve el derecho de adquisición preferente de las viviendas resultantes. Actualmente, el Ayuntamiento tiene 5.000 viviendas en marcha en alguna fase de ejecución, que se convertirán en más de 3.300 pisos entregados durante este mandato. Estas viviendas son fruto tanto de la promoción directa del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) como de la alianza con terceros como son las entidades sin ánimo de lucro, el operador metropolitano HMB o el Incasòl.