La actuación la han llevado a cabo los servicios de inspección municipales, en colaboración con cuerpos policiales, estamentos administrativos y fiscales, para incluir las infracciones múltiples que se derivan de la actividad ilegal. Se trata de fincas explotadas de forma intensiva que, además de infringir la normativa administrativa y turística, concurren en irregularidades como la evasión fiscal, el fraude fiscal, el uso de documentación falsa o molestias en el vecindario.

Durante la primera quincena de julio, se inspeccionaron 134 viviendas, en colaboración con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona e Inspección de Trabajo. La mayoría pertenecen a redes organizadas que operan con pisos alquilados con fraude al propietario.

Cobro de sanciones

Paralelamente se han elaborado informes a partir de la colaboración con el Institut Català del Sòl (Incasòl), el Instituto Municipal de Hacienda (IMH), la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Tributaria estatal, para proceder al cobro de la tasa turística en todas aquellas viviendas donde se ha detectado actividad turística ilegal. Por su parte, el IMH investiga las deudas generadas por las sanciones impuestas a estas redes fraudulentas.

En el marco de la actividad ordinaria de la Dirección de los Servicios de Inspección, este año se han llevado a cabo 1.214 inspecciones, se han dictado 944 órdenes de cese de la actividad ilegal y se han incoado 491 expedientes sancionadores. Se prevé extinguir todas las licencias de los más de 10.000 pisos turísticos en la ciudad antes de diciembre del 2028, y recuperarlos para el uso residencial del vecindario.