El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente renovar la declaración de Barcelona como área con un mercado de vivienda tenso. Así se fijó en el pasado Pleno del Consejo Municipal, con el voto a favor de los grupos del Gobierno (BComú y PSC), ERC y Junts. Se trata de una declaración necesaria para que la Ley 11/2020 de regulación de los alquileres que aprobó el Parlamento de Cataluña se mantenga vigente en la ciudad.

La norma fija que, un año después de entrar en vigor, los municipios deben solicitar, de nuevo, si quieren continuar como área de mercado de vivienda tenso para seguir aplicando las mismas medidas. En este sentido, Barcelona cumple dos requisitos previstos en la ley para poder hacer esta declaración: la carga sobre el presupuesto familiar para pagar el alquiler es superior al 30% de los ingresos y el aumento de precios supera el IPC.

Así, a partir del mes de septiembre el precio de referencia a la hora de firmar un nuevo contrato de alquiler será el más bajo entre el precio del contrato anterior o bien el 95% de lo que marque el índice de precios de referencia de la Generalidad de Cataluña. Además, y a diferencia del año pasado, habrá una minoración del 5% del precio de referencia según el índice de precios de la Generalitat y también se podrán beneficiar de esta regulación de los contratos de alquiler las viviendas con una superficie útil superior a 150m².

La entrada en vigor de esta declaración se producirá al día siguiente de la publicación en el DOGC, y el plazo para presentar alegaciones será de 15 días a contar después de la publicación del anuncio en el BOPB, el DOGC y los portales de transparencia de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, ​​es decir, hasta el 12 de agosto de 2021.

Regulación garantizada durante cinco años

La renovación es una medida de gran importancia para Barcelona, ​​una de las ciudades del Estado donde más población vive de alquiler, concretamente por encima del 30%, y donde los precios han subido un 31% entre 2015 y 2020. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona sigue trabajando para evitar las subidas abusivas en los últimos años y facilitar una vivienda digna y asequible para todo el mundo.

En este sentido, la apuesta del consistorio, los datos económicos de caída de la renta familiar disponible y el crecimiento del paro debido a la crisis ocasionada por la Covid-19 han motivado que esta declaración sea vigente por cinco años, el plazo máximo previsto en la ley.