Se quiere poner así la seguridad al servicio del empleo de calidad y aprovechar toda la capacidad y el conocimiento territorial de los 3.500 agentes de la Guardia Urbana para mejorar las condiciones laborales y combatir la precariedad.

A la vez, se fortalecerá todavía más el servicio de los puntos de defensa de los derechos laborales de Barcelona Activa, que se convertirán en puntos de detección de las irregularidades y pondrán en conocimiento de la Inspección de Trabajo situaciones de infracción flagrante del derecho laboral, sobre todo cuando tengan que ver con derechos fundamentales o situaciones que afecten a un número elevado de personas.

La comunicación de estas infracciones se hará siguiendo el mismo canal y los requerimientos de información directa con la Inspección del Trabajo.

Menos economía sumergida, menos precariedad y menos fraude fiscal

Paralelamente se creará una mesa de trabajo con sindicatos para definir conjuntamente formas de actuación y estrategias en materia de inspecciones.

Mientras se toman las medidas para reactivar la economía y salir del contexto marcado por la pandemia, el Consistorio quiere evitar que la crisis actual comporte un empeoramiento de las condiciones de trabajo, sobre todo en los colectivos más afectados por la crisis, como jóvenes y mujeres. También se quiere alertar sobre los posibles riesgos laborales asociados a la doble transición, digital y ecológica, en cuanto al cambio de modelo y de tendencias en el trabajo.

Impulso de nuevos sistemas de actuaciones de inspección conjuntas

La Guardia Urbana, en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puede detectar indicios y pruebas de prácticas irregulares que afectan al cumplimiento de la normativa sobre extranjería, materia laboral, seguridad y salud y, también, seguridad social, que es competencia de la Generalitat a través de la Inspección de Trabajo. Por eso, se considera necesario impulsar nuevos sistemas de actuaciones de inspección coordinadas y conjuntas.