También se explica porque con la aplicación del primer estado de alarma, que suspendió los plazos administrativos, se detuvo gran parte de la actividad, y se redujeron los porcentajes de ejecución de los presupuestos.

A pesar de esta reducción, se ha ejecutado más del 96 % de lo presupuestado, por encima de la mayoría de ayuntamientos y autonomías en un año normal. En concreto, la ejecución presupuestaria se cierra con un 96 % en los capítulos 2 y 4 (gastos en bienes corrientes y servicios y transferencias corrientes) y un 96,5 % en los capítulos 6 y 7 (inversiones reales y transferencias de capitales).

El endeudamiento ha sido de 800 millones de euros, que representa un 30,73 % de los ingresos corrientes, una cifra que se mantiene muy por debajo del 75 % que marca la Ley de haciendas locales. El pago a proveedores vuelve a bajar por debajo de los 30 días y se reduce a 22,8 días de media.

Año de excepcionalidad

La liquidación del presupuesto 2020 constata que se ha hecho una gestión solvente de los recursos públicos; el Pleno se ha visto obligado a aprobar, en julio, una modificación presupuestaria para poder disponer de un fondo COVID de 90 millones de euros para atender la emergencia sanitaria, social y económica.

También ha sido un año en que el Congreso de los Diputados ha fijado los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que han permitido flexibilizar el techo de gasto de los municipios.