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Las tecnologías disruptivas son un factor de cambio y progreso en la sociedad actual, pero también plantean desafíos jurídicos importantes en el ámbito de la propiedad intelectual, los derechos de imagen y la protección de la intimidad y los datos personales. La tecnología se desarrolla muy rápidamente, mientras que la respuesta del legislador es lenta. Es necesario garantizar un equilibrio entre los intereses de los creadores, los usuarios y la sociedad en general, y el respeto por los principios y valores que inspiran la propiedad intelectual.

Las tecnologías disruptivas son las que provocan cambios radicales en la sociedad y en los modelos de negocio, al ofrecer soluciones innovadoras, eficientes y accesibles que desplazan o transforman las existentes. La disrupción y el cambio producen beneficios, pero también pueden perjudicar a quienes utilizaban una tecnología que ha sido sustituida por otra nueva. Por ejemplo, actualmente fotógrafos, ilustradores y escritores muestran preocupación por el hecho de que las fotografías, las ilustraciones o los escritos generados por inteligencia artificial (IA) provoquen una sensación, entre la población, de que pueden ser sustituidos. Para mantener un equilibrio entre intereses en conflicto entran en juego las leyes de propiedad intelectual (PI) e industrial.

El derecho de autor se caracteriza como un derecho natural sobre los frutos del trabajo. Con la aparición de la imprenta a mediados del siglo xv se logró un hito decisivo en la construcción de los derechos de autor, porque fue el germen de un mercado de obras intelectuales. Al permitir la reproducción de infinidad de copias de las obras a bajo coste, frente al ineficiente sistema de copia de libros a mano, surgió un beneficio económico vinculado a la distribución de ejemplares. También se empezó a establecer la diferencia entre los derechos sobre la copia de la obra (el ejemplar) y los derechos sobre su contenido intelectual (germen de los derechos de autor). Estas leyes iniciales tendían a equilibrar los intereses entre las partes involucradas: autores por un lado y editores por otro. A lo largo de la historia, a medida que se han ido desarrollando nuevas tecnologías, el legislador ha aportado soluciones para permitir este equilibrio.

La lista ilustrativa de obras intelectuales es bienvenida, porque mejora la adaptabilidad de la prestación a las crecientes capacidades de producción de la IA generativa, que en el futuro puede cubrir cualquier tipo de segmento creativo. Asimismo, impone a los proveedores de modelos de IA generativa la obligación de formar, diseñar y desarrollar el modelo de acuerdo con la legislación de la UE y de los distintos países sobre derechos de autor, antes de lanzar su servicio al mercado. Con esta finalidad, los proveedores deberían publicar un resumen suficientemente detallado del uso de los datos protegidos.

La obligación de transparencia

La disposición de transparencia parece requerir que los proveedores de modelos de IA revelen una lista completa de los contenidos con derechos de autor utilizados para entrenar sus algoritmos, acompañada de una identificación precisa de los titulares de los derechos. Se puede suponer que estas reglas de transparencia se han introducido para permitir a los titulares de derechos ejercer con mayor eficacia el derecho de exclusión (opt-out) de la excepción de extracción de textos. También podría ser un primer paso para establecer la obligación de obtener una licencia para los usos de machine learning en cuestión.

El cumplimiento de la obligación de transparencia respecto a la obra utilizada parece bastante inviable debido al umbral de originalidad bajo, todavía no homogéneo; la fragmentación de los derechos de autor entre diversas jurisdicciones y sus múltiples titularidades; la ausencia de un proceso de registro obligatorio, y la inadecuación general de los metadatos del estado de propiedad.

Una solución, difícil de implementar, que podría conciliar de forma eficiente el interés de los desarrolladores de IA con el de los creadores sería la introducción de una remuneración compensatoria. Es decir, una obligación de pago por parte de los proveedores de sistemas de IA generativos para el uso de obras con derechos de autor, con fines de machine learning, en el contexto de sistemas de este tipo de IA.

El derecho a una remuneración justa otorgada por obligaciones de transparencia anima a los seres humanos a producir obras nuevas (eventualmente con la capacidad creativa ampliada que pueden proporcionar los modelos de IA generativa), a la vez que garantiza que el uso de su trabajo por parte de sistemas de IA tenga un rendimiento justo. De esta forma, el creador humano se mantendría en el centro del sistema de derechos de autor.

Todo esto no es más que el resultado del pulso entre el desarrollo tecnológico y su regulación, una carrera que la tecnología suele ganar frente a los titulares de derechos de autor o contenidos protegidos, pese a los evidentes esfuerzos de los legisladores por marcar el ritmo.

En España, el uso de obras protegidas por la PI por parte de estas tecnologías puede implicar actos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación que requieren autorización previa del titular de los derechos, salvo que se aplique alguna excepción o limitación (minería de textos, finalidad educativa, crítica, parodia…). En Estados Unidos, la excepción que alegan las empresas tecnológicas demandadas es el fair use o uso justo, institución jurídica bien arraigada en el sistema estadounidense que permite determinados usos de obras protegidas sin consentimiento del titular de los derechos. Pero el fair use no confiere una seguridad jurídica a priori, porque se aplica caso por caso; eso sí, sobre la base de unos parámetros bastante amplios.

En España, el 13 de octubre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces (deepfakes) de personas generadas por medio de la IA. A grandes rasgos, el texto da cabida a los deepfakes al amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión, al mismo tiempo que intenta asegurar los demás derechos fundamentales, especialmente la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Para evitar los graves daños que pueden causar los deepfakes (difamación, intimidación, fraude, manipulación mediática y electoral, robo de identidad y daños morales o reputacionales) se establece como infracción muy grave su difusión sin la previa autorización o consentimiento expreso de la persona objeto, salvo que incluyan una advertencia de su condición de imagen o audio generados artificialmente. En el caso de imágenes o vídeos, esta advertencia debe figurar sobreimpresa y debe ser claramente legible, y en el caso de audios, deberá realizarse inmediatamente antes y después de haber reproducido la voz generada por estas tecnologías.

Pero la tecnología avanza de forma más rápida que el legislador aportando soluciones. Por eso es fundamental que exista conciencia de unos principios sólidos para proteger a las personas y sus derechos fundamentales, así como para mantener la integridad del entorno digital.

Conclusiones

Las tecnologías disruptivas generan ciertamente beneficios y progreso en la sociedad actual, pero se requiere un encaje sin causar perjuicios. Es necesario adaptar el marco normativo existente a las nuevas realidades tecnológicas y sociales, así como armonizar los criterios entre los distintos países y organizaciones internacionales. El objetivo del legislador debe ser garantizar un equilibrio entre las empresas tecnológicas que se benefician de sus desarrollos y los intereses de los creadores, los usuarios y la sociedad en general, para respetar los principios y valores que inspiran los derechos humanos y la propiedad intelectual.