Por una sociedad más cohesionada
- Dossier
- Abr 19
- 9 mins
La última crisis económica ocasionó graves efectos en términos de cohesión social, y hace más de una década que Barcelona intenta superar las peores secuelas de aquel cataclismo económico: la pobreza más severa —sobre todo infantil—, la precariedad laboral y el precio de la vivienda. El modelo de cohesión social que vivió la metrópoli después de la reinstauración democrática puede servirnos de referencia.
En Barcelona, la sociedad metropolitana hace más de una década que intenta sobreponerse a los graves efectos que desencadenó la última crisis económica en términos de cohesión social. En los últimos años, la recuperación de la ocupación ha ayudado a reducir ligeramente la desigualdad social y la pobreza, pero todavía no se ha vuelto a los niveles previos a la crisis. No obstante, lo que resulta actualmente más preocupante son algunas de las secuelas que han quedado después del ciclo económico, así como los nuevos problemas que están emergiendo en el escenario poscrisis.
La principal secuela que ha dejado la crisis económica en la Barcelona metropolitana es quizás la persistencia de la pobreza más severa, que se mantiene prácticamente a los mismos niveles que en el contexto de crisis. Afecta, en gran parte, a aquella población que no ha conseguido subir al tren de la reactivación económica, que lleva años en el paro con una protección social mínima en forma de subsidios y ayudas de urgencia social, a menudo complementados con apoyos más informales provenientes del tercer sector, de algunas prácticas de innovación social o de las propias redes familiares.
Otra cuestión relevante es la pobreza infantil. Actualmente, uno de cada cuatro niños del área Metropolitana de Barcelona vive en riesgo de pobreza. Esta proporción, moralmente inaceptable, también es preocupante por su contribución dramática en la cronificación de la desigualdad. Aunque este no es un problema estrictamente metropolitano ni está vinculado directamente a la crisis económica, es evidente que la recesión contribuyó a que se produjera en la ciudad un repunte muy importante del fenómeno. La destrucción de puestos de trabajo afectó extensamente hogares con presencia de niños, y ahora la falta de apoyos económicos específicos, sumada a la precariedad que caracteriza una buena parte de la nueva ocupación creada, no permite reducir el índice de pobreza infantil.
La precariedad laboral es precisamente otro de los principales retos a los que tiene que hacer frente actualmente la metrópoli de Barcelona para ganar en cohesión social. El incremento de los contratos temporales, de los falsos autónomos, del trabajo parcial involuntario y de los bajos salarios han provocado el aumento durante los últimos años de la tasa de trabajadores en situación de riesgo de pobreza, que ha pasado del 13,3 % en 2011 al 17,0 % en 2017. Se debe tener presente, también, que la precariedad dificulta la consolidación de derechos de protección social ante el paro, un aspecto capital para garantizar ingresos en un momento en que las fronteras entre la ocupación y el paro son cada vez más difusas para un segmento creciente de la población.
Y, finalmente, la vivienda. La metrópoli de Barcelona sufre actualmente una crisis residencial importante, marcada por un incremento de los precios hasta máximos históricos. Esta escalada de precios, que se inició nada más salir de la crisis económica, no se ha visto acompañada de una recuperación generalizada de la economía de los hogares, lo que está dificultando gravemente tanto el acceso a la vivienda para amplias capas de población como su mantenimiento. Otro efecto de la crisis residencial es que el aumento del gasto para la vivienda —con una mayor intensidad entre los arrendatarios de la ciudad central— comporta una disminución de la capacidad de consumo y, en ocasiones, situaciones de privación material.
El impacto de la crisis acabó desbordando el sistema de protección al paro y este inconveniente se ha reflejado hoy en un enquistamiento de la pobreza severa.
Lecciones del último proceso de cohesión en Barcelona
Es evidente que los retos para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población metropolitana son mayúsculos y complejos, pero no se parte de cero. En el periodo que va desde la reinstauración democrática hasta el inicio de la última crisis económica, Barcelona vivió un largo proceso de cohesión social. La desigualdad de ingresos se redujo y, en el mismo momento, se avanzó hacia una cierta convergencia entre los niveles de pobreza registrados en el centro y la periferia metropolitana. ¿Qué se puede aprender de este proceso? ¿Cuáles fueron los principales factores que lo hicieron posible? ¿Son todavía operativos o se necesitan nuevos? Estas tendrían que ser, sin duda, las cuestiones iniciales sobre las que se tiene que reflexionar para encarar la (re)construcción de una metrópoli más cohesionada.
Durante aquel proceso de cohesión social, el desarrollo del estado del bienestar tuvo un papel muy destacado. Durante los años ochenta se produjo un importante despliegue y fortalecimiento de prestaciones monetarias, principalmente las orientadas a la protección del paro, de las bajas por enfermedad y de la jubilación. Aquello fue fundamental para reducir la desigualdad social, y ahora tiene que continuar siéndolo. Se hace necesario encontrar las fórmulas para hacer frente a los déficits del régimen de bienestar actual, que busquen sobre todo mejorar la capacidad redistributiva del sistema y ampliar la protección social de la infancia a partir de apoyos económicos. Hay que avanzar urgentemente en este sentido, tanto a escala estatal como autonómica.
También hay que introducir un modelo más sólido de garantía de rentas. El impacto de la crisis acabó desbordando el sistema de protección al paro, especialmente por la duración de la recesión, y este inconveniente se ha reflejado hoy en un enquistamiento de la pobreza severa. La puesta en marcha por parte de la Generalitat de Cataluña de la renta garantizada de ciudadanía supone un paso adelante en este sentido, a pesar de que sus efectos no serán visibles hasta su despliegue total, previsto para abril de 2020. Pero en su diseño todavía hay margen para aumentar la protección social: redefiniendo los criterios de condicionalidad, ampliando su complementariedad con los ingresos del trabajo y tomando en consideración los gastos de vivienda.
Otro de los factores que contribuyó claramente a la cohesión social en la conurbación de Barcelona durante el periodo señalado fue el espectacular crecimiento de la ocupación. Entre 1985 y 2006 se generó un millón de puestos de trabajo. Además, hasta mediados de década de los noventa, este incremento favoreció sobre todo las ocupaciones intermedias con salarios medianos, lo que explicaría también la reducción de la desigualdad de ingresos. Pero, desde entonces, el avance de la tercerización económica ha sido implacable y, con este, la degradación de una parte del mercado de trabajo. En los últimos años, la estructura ocupacional de la Barcelona metropolitana tiende a polarizarse entre trabajadores de servicios cualificados y no cualificados, los dos con condiciones laborales muy desiguales. Sin embargo, todavía se puede desacelerar esta polarización social. La clave se halla en la formación y la retención de talento, y aquí, además de la educación universitaria, la formación profesional tiene que tener también un papel central. Al mismo tiempo, se tiene que velar por una ocupación de calidad y para mantener unas condiciones laborales dignas para todos.
En los últimos años, la estructura ocupacional de la Barcelona metropolitana tiende a polarizarse entre trabajadores de servicios cualificados y no cualificados, ambos en condiciones laborales muy desiguales.
Y, para acabar, pero no menos importante, otro de los factores decisivos de aquel proceso de cohesión social fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El incremento de hogares de doble ingreso favoreció también la reducción de las desigualdades, y todavía hay margen en ese sentido. Hace falta, por lo tanto, continuar facilitando la actividad laboral femenina con políticas de conciliación familiar, de igualdad de oportunidades y de condiciones laborales, haciendo pedagogía para favorecer un mayor reparto del trabajo doméstico. La lucha feminista tiene que continuar teniendo un papel clave en este sentido.
¿Por qué hay que impulsar una respuesta metropolitana?
La desigualdad social adquiere una relevancia particular en las grandes aglomeraciones urbanas, porque es donde se manifiesta con más intensidad. Es por eso que esta cuestión requiere una atención especial por parte de los gobiernos urbanos. Por otro lado, en Barcelona la distribución territorial de la población rica y pobre hace mucho de tiempo que sigue una lógica metropolitana. Los ejes Besòs y Llobregat como áreas transmunicipales de elevada concentración de pobreza en la periferia son una evidencia de ello. Por lo tanto, si los problemas sociales adquieren una escala metropolitana, ¿no es lógico diseñar una respuesta metropolitana?
Debería ser posible establecer un sistema homogéneo de protección social primaria en el conjunto del área de Barcelona que supere la fragmentación y la heterogeneidad del actual modelo municipal.
La existencia desde 2010 del Área Metropolitana de Barcelona como administración local supramunicipal es una gran oportunidad para retocar las políticas sociales municipales en el ámbito metropolitano. Tiene competencias en materia de cohesión social y territorial, y hay que desarrollarlas porque la realidad así lo exige.
Tendría que ser posible, por ejemplo, establecer un sistema homogéneo de protección social primaria en el conjunto de la metrópoli que supere la fragmentación y la heterogeneidad del actual modelo municipal. Debería plantearse, incluso, si tendría sentido implementar una prestación de garantía de rentas metropolitana complementaria a la renta garantizada de ciudadanía para adaptarla mejor a los costes de vida de la metrópoli. Se tienen que desplegar políticas como el Fondo 0-16 del Ayuntamiento de Barcelona —basado en apoyos económicos destinados a familias vulnerables con hijos menores de dieciséis años—, que han dado en los últimos años resultados positivos en la mitigación de las situaciones de pobreza más severa de los niños. Y también se tienen que armonizar otras políticas locales de atención a la infancia, como la de las guarderías.
Se podría apostar también por propuestas como el salario mínimo metropolitano, más allá de las estrategias de reindustrialización que ya se están llevando a cabo y que también siguen una buena línea. O profundizar en una visión metropolitana de las políticas de vivienda para ampliar el parque de vivienda social de alquiler y la oferta de vivienda asequible, como ya se ha hecho con el operador público-privado Habitatge Metròpolis Barcelona. Esto ayudaría a descargar la presión de demanda que pesa sobre la ciudad central, a la vez que se haría posible un control efectivo de los precios del alquiler, una medida también necesaria.
En definitiva, hay que progresar hacia un modelo avanzado de política social metropolitana basado en la potenciación (más recursos), la redistribución (territorial) y la complementariedad de otras políticas estatales y autonómicas. Solo así será posible hacer de Barcelona una metrópoli más cohesionada.
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