Barcelona Metropolis

Quedan lejos los años en los que había asilos que acogían a personas necesitadas, con un marcado acento asistencial y estigmatizados por esta razón. El gran cambio se produjo durante la década de los ochenta del siglo pasado, cuando se aceptó que las personas mayores (y no tan solo las desamparadas) tenían derecho a ser asistidas. Entidades locales y comunidades autónomas empezaron a construir centros residenciales, aunque de forma muy limitada, lo que propició la expansión de las empresas privadas. En la ciudad de Barcelona en el año 1966 solo había 18 residencias y ninguna de ellas era privada mercantil: 4 eran públicas y 14 eran sin ánimo de lucro, la mayoría de órdenes religiosas.[1] En el año 2019 el número de residencias ascendía a 241, con un fuerte predominio de las privadas mercantiles (78,4%), que se corresponde con una escasa presencia de empresas sin ánimo de lucro (11,2%) y de titularidad pública (10,4%).[2] Si a ello añadimos que buena parte de las residencias públicas han externalizado su gestión, entonces podemos decir que el sector privado mercantil controla el 90% de las plazas residenciales en la ciudad, buena parte de las cuales son pagadas con dinero público mediante la concertación de plazas.

La aprobación de la Ley de dependencia en el año 2006 supuso un cambio importante respecto a la situación previa. Hasta entonces predominaban los “hogares residencias”, como se llaman en Cataluña, donde, junto con personas que requerían atención, había muchas activas que las acompañaban o que no querían vivir solas. Se multiplicaron las residencias asistidas, y el incremento de la inversión pública atrajo grandes empresas y fondos de inversión. También cambió el perfil de las personas residentes, ya que las plazas públicas que concierta la Administración son para atender a personas con el grado 2 o 3 de dependencia. Como resultado, las personas que actualmente viven en una residencia tienen una edad muy avanzada, ya que el 80,4% tiene más de 80 años, y la inmensa mayoría (un 80% también) son mujeres.[3]

Un negocio muy lucrativo

Las residencias han pasado a convertirse en un negocio que puede ser muy lucrativo. Es bien explícito, en relación con eso, el llamamiento que hace al grupo Vitalitas en su web para captar a inversores: “Llámenos y le asesoraremos sobre lo rentable que puede resultar invertir en uno negocio que, con el aumento de la esperanza de vida, está creciendo, al tiempo que se hace más sólido”. Mientras que en los años noventa del siglo xx crecieron las grandes empresas provenientes del sector sanitario, actualmente el protagonismo lo tienen las empresas multinacionales dedicadas a actividades muy diversas. Es cierto que el sector privado es muy heterogéneo, pero la tendencia es que se van imponiendo las grandes empresas. Llama la atención, en todo caso, la irrupción de fondos de inversión en el sector, que no tienen precisamente un ánimo caritativo. “Nuestra estrategia es hacer crecer nuestras actividades especializadas para ofrecer un valor accionarial mayor”: así define su actividad el fondo de inversión Intermediate Capital Group, donde se incluye la empresa DomusVi, que controla miles de plazas en España y Cataluña. Y es muy significativo que estos grupos hayan empezado a entrar también en los servicios de atención domiciliaria, donde se prevé un fuerte incremento en recursos. Este fenómeno no es exclusivo de España, pero sí es específico de este país, ya que como hace unos años se impulsó la adquisición de la vivienda, hay muchas personas mayores que tienen su domicilio en propiedad, lo que permite disponer de este patrimonio para sufragar los costes de la dependencia. No es extraño que los fondos de inversión vean en las residencias y los servicios de atención domiciliaria una oportunidad de negocio o, mejor dicho, de lucro. Es muy significativo también que no pase lo mismo con las residencias para personas con discapacidad, donde no se encuentran las condiciones estructurales que permiten hacer ganancias importantes. En el caso de Barcelona, por ejemplo, hay 20 residencias para personas con discapacidad y 7 son públicas. Todas las empresas que las gestionan, 13 privadas y 5 del sector público, son sin ánimo de lucro.

¿Hasta qué punto esta presencia del sector privado claramente lucrativo incide en la calidad de los servicios? La directora de una residencia nos lo decía muy gráficamente: “Los salarios lo sufren: se desploman”. Y podemos añadir que no se contrata al personal necesario para dar un buen servicio, y la alimentación y los materiales de uso cotidiano se resienten de este hecho. Hemos comprobado que en algunas residencias la atención a las personas mayores se presta al estilo del trabajo en cadena. “Es como una fábrica”, “Tratamos a las personas como si fueran manufacturas”, son expresiones de trabajadoras que se quejan de la falta de tiempo para cuidar de forma adecuada. Las residencias tienen actualmente un carácter fuertemente institucionalizador, de acuerdo con lo cual la persona se tiene que adaptar a la normativa y los ritmos marcados en el centro. La pandemia ha exacerbado los mecanismos de exclusión social que han sufrido las personas mayores por el hecho de vivir en un centro residencial.

La crisis sanitaria ha revelado la necesidad urgente de revisar en profundidad el modelo de atención en la dependencia, que se ha mostrado insatisfactorio y con graves carencias. El modelo residencial y de atención domiciliaria actual está pensado desde las necesidades de la gestión y la organización de las empresas prestamistas de servicios y poco centrado en la persona. Envejecer no tiene que significar perder la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Preguntémonos cómo nos gustaría envejecer y quizás encontraremos las claves para construir un nuevo modelo de atención. Eso nos interpela, además, sobre el valor que damos a las personas mayores en nuestra sociedad.

Los dos grandes ejes de transformación son reforzar la atención domiciliaria y reducir la institucionalización. Eso requiere un cambio cultural, innovar y apostar por un modelo de atención que garantice un envejecimiento digno. Ser cuidado es un derecho y no un capricho, y se tiene que garantizar desde el sistema público-comunitario. Sacar adelante estas propuestas depende de decisión política y compromiso social. Y ahora es el momento de impulsar estos cambios.