Barcelona Metropolis

La capacidad económica de las personas se plasma en la ciudad a través del fenómeno de la segregación residencial. Un rasgo estructural, consubstancial al proceso de urbanización capitalista, que no solo es el reflejo de las desigualdades, sino que contribuye a mantenerlas y reproducirlas. Los mapas de la distribución territorial de la renta muestran cómo la concentración de la población más vulnerable abarca ejes metropolitanos enteros.

Segregación y desigualdad
La desigualdad económica y social es uno de los rasgos definidores de las sociedades contemporáneas, y esto es algo de lo que tenemos evidencia todos los días. Menos atención suele prestarse, en cambio, a la relación entre la desigualdad y la configuración de nuestras ciudades. Sin embargo, se trata de un factor esencial que condiciona tanto la estructura de los espacios urbanos como nuestras posibilidades de utilizarlos: la ordenación física, los conflictos y la forma en que vivimos en las ciudades se explican, en gran medida, por la desigualdad y las pugnas que esta suscita.[1]

En efecto, las diferencias entre la capacidad económica de las personas se plasman en la ciudad a través del fenómeno de la segregación residencial, es decir, la tendencia de los grupos sociales a separarse entre sí en función de sus posibilidades de elegir lugar de residencia.[2] Estas posibilidades dependen tanto de los ingresos y el patrimonio de los hogares como de los precios de la vivienda y los costes de la movilidad. En este contexto, los que menos tienen suelen acabar residiendo en aquellos barrios donde el parque edificado es de peor calidad; los déficits urbanos, más acusados; y los desplazamientos, más largos. Por su parte, quienes disponen de más recursos tienden también a concentrarse para disfrutar de las ventajas de vivir entre ellos y no tener que compartir el entorno y los servicios. De este modo, la separación de los grupos sociales en la ciudad es el resultado tanto del confinamiento de los pobres como de la secesión de los ricos.[3]

La segregación es, pues, un rasgo estructural, consustancial al proceso de urbanización capitalista. Ahora bien, no constituye solo el reflejo de las desigualdades, sino que contribuye de forma decisiva a mantenerlas y reproducirlas. Eso es así porque nuestro bienestar no depende solo de los ingresos, sino también de las características del entorno: la calidad de la escuela en la que nos hemos educado, la facilidad de acceso a los servicios, la salubridad del medio, el tiempo que empleamos para llegar al trabajo… Nuestros ingresos determinan el lugar en el que vivimos, y este condiciona nuestro bienestar y las oportunidades de las que disfrutamos.

Segregación y dinámica metropolitana
La segregación es, por tanto, un fenómeno estructural y permanente. En Barcelona, ya era bien perceptible en los datos que Ildefons Cerdà reunió en Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, del año 1856. Desde entonces, la segregación ha conocido una novedad decisiva: ha saltado de escala para convertirse en un fenómeno de alcance metropolitano. Los motivos se hallan en las corrientes de fondo del proceso de urbanización contemporáneo en Cataluña y en España.[4]

A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, el proceso de urbanización se caracterizó por la tendencia de la población y de las actividades a concentrarse sobre el territorio. Esta fase alcanzó su cenit entre finales de los años cincuenta e inicios de los setenta del siglo pasado. En 1975, las siete principales áreas urbanas españolas —Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga y Zaragoza— concentraban ya casi un tercio de la población del país.

En Cataluña, este proceso supuso el declive demográfico de muchas localidades del interior y el afianzamiento de la preeminencia del área barcelonesa. Impulsadas por esta ola concentradora, las tramas urbanas de la capital y de gran parte de las localidades de su entorno se extendieron hasta superar los límites municipales y conurbarse entre sí. Así, a mediados de los años setenta, Barcelona llegó a tener 1,75 millones de habitantes y los 27 municipios que entonces formaban parte de la Corporación Metropolitana de Barcelona concentraban ya, sobre apenas un 2% de la superficie del país, casi la mitad de su población.

Sin embargo, a partir de ese momento, la urbanización entró en una nueva fase. Por un lado, la mayor integración en la economía europea y la deslocalización de la industria conllevaron cambios radicales en la estructura productiva e interrumpieron los flujos migratorios hacia las ciudades. Por otro lado, el desarrollo de las infraestructuras y la generalización en el uso del vehículo privado permitieron ampliar el espacio integrado en las áreas urbanas. Las redes metropolitanas de movilidad e interdependencia se extendieron para alcanzar no solo a los municipios de la conurbación central, sino también al conjunto del Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat y, de manera creciente, el Garraf y el Alt Penedès. Al tiempo que la metrópolis se extendía y el poblamiento se dispersaba, su centro perdía habitantes en términos absolutos: Barcelona alojaba apenas 1,5 millones en 1996.

El proceso de urbanización conoció todavía otra inflexión con el cambio de siglo. El ciclo económico expansivo y la burbuja inmobiliaria atrajeron a nuevos contingentes migratorios hacia el ámbito metropolitano, procedentes ahora, en gran parte, de África, América o Asia. Así, en 2015, la población de la región metropolitana superaba ya los cinco millones de personas. La llegada de esta nueva inmigración permitió también recuperar población en la ciudad central, hasta alcanzar los 1,66 millones de la actualidad. Una recuperación notable, teniendo en cuenta que los movimientos migratorios desde la ciudad hacia el entorno metropolitano no se han frenado. Así, el peso de la población barcelonesa nacida dentro del Estado español ha ido descendiendo: si en 1996 los barceloneses nacidos en las fronteras españolas eran 1.450.420, en 2023 son solo 1.141.369. En cambio, el influjo de población nacida en el extranjero, que ha pasado de 58.385 a 519.066 personas, ha permitido no solo compensar las pérdidas, sino revertir la tendencia y estabilizar la población por encima de los 1,6 millones de personas, de las cuales casi una de cada tres ha nacido en el extranjero.

Una política de vivienda capaz de incidir en el incremento acelerado de los precios y atenuar los problemas de acceso tendría, sin duda, efectos muy beneficiosos en la reducción de la segregación. Sin embargo, en el ámbito metropolitano de Barcelona, la financialización del mercado inmobiliario, unida a la parvedad del parque de vivienda protegida, la dificultad de regular los precios y el bajo rendimiento de las reservas de suelo para vivienda asequible, empujan en la dirección contraria. Así, el esfuerzo económico para poder acceder a una casa no deja de crecer, supera con creces los límites de lo que se considera llevadero y se convierte en uno de los principales elementos propulsores de la segregación residencial y urbana.[6]

Por otra parte, la dotación de equipamientos podría contrapesar los efectos de la segregación sobre los grupos más desfavorecidos, acercándoles los servicios que precisan. Sin embargo, se da la paradoja de que, en el área metropolitana de Barcelona, la ubicación territorial de los equipamientos, en lugar de compensar la distribución de la renta, tiende más a consolidarla. Así, los territorios más vulnerables disponen solo del 17,6% de los equipamientos, mientras que las áreas más acomodadas concentran el 27,7%. La desproporción es mayor en el caso de los equipamientos privados que en el de los públicos, pero también la distribución de estos últimos tiende a seguir la renta, en lugar de compensarla.[7]

Por último, las políticas de rehabilitación de barrios tienen capacidad de incidir en las causas y los efectos de la segregación. Por un lado, al reducir las diferencias de calidad residencial entre las distintas áreas de la ciudad, pueden contribuir a que los precios sean menos desiguales. Por otro, al mejorar el espacio público, las dotaciones, la accesibilidad y la atención social en los barrios más desfavorecidos, mejoran las condiciones de vida y las oportunidades de la población más vulnerable. El ámbito metropolitano de Barcelona cuenta con una larga experiencia en este campo, en el que destacan la Ley de barrios de Cataluña (2004-2010) y el Plan de Barrios de Barcelona (iniciado en 2016). Ahora bien, estas iniciativas chocan en la actualidad con una imponente barrera: la desigualdad de recursos con los que cuentan los municipios. La segregación se ha convertido en un fenómeno de alcance metropolitano, pero —abrogada sin recambio efectivo la Ley de barrios de 2004— los municipios deben seguir haciéndole frente con sus propios recursos.

De hecho, las carencias y desigualdades de recursos municipales condicionan la posibilidad de emprender tanto las políticas de rehabilitación como las de vivienda y equipamientos. Como hemos visto, en la metrópoli barcelonesa, el territorio se encuentra crecientemente integrado y la segregación se ha convertido en un fenómeno supralocal. Esta realidad se combina con otro elemento: la fragmentación administrativa del ámbito metropolitano y la inexistencia de mecanismos efectivos de consolidación fiscal entre los municipios que forman parte de este.

Así, se da la paradoja de que, debido a los precios, la población más desfavorecida se concentra en los municipios peor dotados de servicios, que son también los que disponen de una base fiscal más reducida y cuentan con menos recursos per cápita. Si, dejando aparte a Barcelona, se clasifican los 163 municipios de la región metropolitana de acuerdo con los ingresos per cápita de que disponen sus ayuntamientos, se observa la estrecha correlación entre vulnerabilidad y falta de recursos: los municipios pertenecientes al cuartil menor de ingresos concentran el 76,6% de la población residente en las secciones censales más vulnerables. Vulnerabilidad social y falta de recursos municipales van cogidas de la mano.[8]

En el ámbito metropolitano barcelonés, la segregación plantea con toda crudeza, pues, dos de los principales retos a los que debe hacer frente la ciudad contemporánea: la existencia de destacadas desigualdades sociales y territoriales y la necesidad de dotarse de políticas, instrumentos y recursos públicos para gobernar la metrópolis en términos de eficiencia, sostenibilidad y equidad. Ambas cuestiones son estrechamente interdependientes: no habrá gobernanza metropolitana justa sin la voluntad de reducir las desigualdades, y no será posible reducir las desigualdades sin dotarse de instrumentos efectivos de gobernanza metropolitana.