Barcelona Metropolis

Una de las preguntas esenciales que ciudades como Barcelona se formulan actualmente es cómo conjugar el éxito económico en términos globales con la prosperidad y el progreso social a escala local. La existencia de unas políticas económicas metropolitanas debidamente articuladas podría ser la respuesta.

Las estrategias y políticas de apoyo a la actividad económica y el empleo en el entorno metropolitano de Barcelona han estado tradicionalmente en manos de los ayuntamientos y los consejos comarcales, con el notable apoyo económico de la Generalitat y de la Diputació. La dimensión metropolitana entró en juego con el reconocimiento de competencias en este ámbito en la Ley del Área Metropolitana de Barcelona y ha llevado a la reciente creación de una agencia de desarrollo económico (Metròpolis Barcelona). Así pues, tenemos un dispositivo más en la gobernanza de las políticas económicas en el territorio metropolitano. Pero, ¿equivale esto a decir que disponemos de una estrategia económica metropolitana? ¿O seguiremos con la superposición de estructuras que, en lugar de adoptar nuevas y más efectivas miradas sobre la economía en el territorio, se limitan a transferir recursos a los entes locales para que todos puedan ir a lo suyo?

De entrada, limitar la economía metropolitana a los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se aleja bastante de la realidad, ya que deja al margen, por ejemplo, el grueso del tejido industrial —empezando por la SEAT y su entorno— y no tiene en consideración los numerosos desplazamientos por motivos laborales existentes entre los dos Vallès o el Maresme y la conurbación de Barcelona. Sin embargo, no disponemos de ningún instrumento de ejecución de políticas económicas metropolitanas fuera del AMB y, por este motivo, habrá que buscar fórmulas de colaboración entre la Agència de Desenvolupament Econòmic y los territorios metropolitanos que hay más allá, como el Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona o el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

A continuación, se plantean algunos elementos para el debate en el supuesto de que, por motivos varios, la inclusión de una agencia metropolitana de desarrollo económico, sin un cambio importante en la gobernanza de las políticas económicas, no aporte mayor eficacia al conjunto.

La economía metropolitana representa el 51 % del PIB catalán y el 80 % del comercio exterior, con una fuerza laboral de aproximadamente 1,7 millones de personas trabajadoras en casi 120.000 empresas. En el año 2014 era la 12.ª ciudad europea y 72.ª del mundo en términos de PIB y, entre 2014 y 2016, fue la 5.ª de Europa y 65.ª del mundo en mejor comportamiento del empleo y del PIB per cápita, según Global Metro Monitor.[1] Barcelona aparece, además, en posiciones muy relevantes en la mayoría de las clasificaciones globales que miden aspectos económicos de ciudades, tal y como se desprende del estudio Barcelona in the Rankings.[2] En algunas ocasiones, se encuentra compitiendo incluso con metrópolis de una dimensión mucho mayor, como Londres o Nueva York.

Sin embargo, el AMB experimentó un retroceso notable en términos de desigualdades de renta debido al impacto de la crisis de 2008. El índice de Gini, que mide de forma sintética las desigualdades (donde 0 es el mínimo y 1 el máximo) y que había pasado de 0,397 en 1985 a 0,293 en 2006, subió hasta 0,327 en 2011. En tan solo cinco años se habían desperdiciado 20 años de reducción de las desigualdades. Y en 2016, el desfase era aún de 10 años.[3]

En consecuencia, nos encontramos ante la pregunta esencial que metrópolis como Barcelona se formulan hoy en día: ¿cómo conjugar el éxito económico en términos globales con la prosperidad y el progreso social a escala local? La respuesta es que unas políticas económicas metropolitanas debidamente articuladas podrían contribuir notablemente a ello.

Tres dimensiones de la estrategia, tres escalas

La estrategia económica metropolitana tiene sentido en tanto que aporta una mirada territorial específica a la actividad económica y al empleo, lo que significa que su foco debe estar centrado en la reducción de las desigualdades y la segregación en este territorio. Desde esta perspectiva, la economía debería articularse en tres dimensiones.

En primer lugar, habría que abordar la dimensión de participación en el desarrollo económico global, lo que significa entender el territorio metropolitano y sus recursos como una plataforma al servicio de la actividad económica globalizada. Esta dimensión suele adquirir protagonismo en momentos de crisis, ya que busca mejorar la capacidad de atracción de inversiones y de talento. En este caso, la escala metropolitana es clave para llevar a cabo la planificación, la ordenación y el desarrollo de políticas de oferta de suelo, avanzar hacia la armonización fiscal, y la proyección y promoción del conjunto de la metrópolis real. En caso contrario, se entra en el círculo vicioso de la subasta al mejor postor entre municipios y la competencia a la baja, empobrecedora para todos y especialmente para los que parten de una peor situación.

Y en último lugar, tenemos el desarrollo local comunitario, que tiene relación con la satisfacción de las necesidades cotidianas, que se mueve fundamentalmente dentro del ámbito de la proximidad (comercio, pequeña industria, reparaciones, servicios personales y cuidados) y que está abierto a las prácticas económicas alternativas. En esta dimensión, que se corresponde territorialmente con la de barrio o villa, la estrategia y las políticas metropolitanas deben intervenir en los territorios más desfavorecidos y vulnerables, para reducir las desigualdades y la segregación que adquieren su máxima expresión a escala metropolitana. Los programas económicos vinculados a los planes de barrios ofrecen pistas para actuar en esta dirección.

La conclusión de todo ello es que una estrategia y unas políticas económicas metropolitanas deberían dejar de tener como referencia esencial el municipio y adoptar las tres escalas funcionales relevantes para la economía: metrópolis, polaridades/ejes y barrios.

La transición hacia un nuevo mainstream económico

Otra de las misiones importantes de la intervención sobre la economía metropolitana tiene que ver con la transformación del modelo productivo. La propuesta es abandonar la perspectiva tradicional de los sectores (dejándola, si acaso, para las políticas de la Generalitat y del Estado) y adoptar una perspectiva transversal que catalice el cambio en todas las empresas metropolitanas (de modo que ninguna de ellas se quede atrás), hacia una economía más social y democrática, más verde y circular, más colaborativa e inevitablemente digital. Veamos estos cuatro aspectos.

Una economía más social en los objetivos y más democrática en las formas, independientemente del tipo de organización empresarial que la desarrolle, significa profundizar en las prácticas de responsabilidad social corporativa, fomentar la participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones y en los resultados de las empresas y hacer crecer las iniciativas de economía social y solidaria. Una economía más verde y circular consume menos energía (y de carácter renovable) y contamina menos, sobre la base del cierre de los ciclos de energía y materia en todas las actividades económicas y en todas las formas de consumo. Una economía más colaborativa, que ponga el acento en la cooperación entre actores económicos y con el conjunto de la sociedad metropolitana y, en particular, del barrio o villa donde se ubique, promueve el asociacionismo y las alianzas de base territorial en esquemas de cuádruple hélice. Una economía inevitablemente digital pasa por la integración de las tecnologías y la generación, el tratamiento y la utilización de los datos preservando los derechos de la ciudadanía y procurando causar el mínimo impacto sobre el empleo y, en todo caso, previa preparación adecuada de los procesos de transición.

Así pues, una estrategia y una política pública metropolitana de transición económica debería dirigir sus recursos a favorecer las actividades y las empresas y organizaciones que encajen en este nuevo mainstream y acompañar a las que aún no lo hagan en su transición. Ningún recurso público, pues, para quien no se sume al cambio.