Barcelona Metropolis

Un contexto de salarios bajos y precios desbocados de la vivienda corta las alas, cada vez más, a la emancipación de los jóvenes. Hasta ahora, las políticas públicas no han conseguido garantizar el acceso a una vivienda asequible, mientras aparecen nuevos factores de distorsión que disparan los precios al alza.

Las posibilidades de ser joven y tener casa propia se han reducido inexorablemente con el paso de los años. Ser joven significa, cada vez más, no tener ahorros, buscar trabajo o trabajar en un mercado laboral que paga poco, y buscar vivienda o pagarla a unos mercados inmobiliarios especulativos que cobran demasiado. Quizás ya lo sabemos y no queremos leerlo más, pero ya es innegable: el rey va desnudo. Cuando se realizan procesos de selección y visitas en grupo solo para ver un piso[1] vale la pena hacer la comparación del mercado de la vivienda con Los juegos del hambre. La realidad está lejos de la caricatura que dibujan algunos medios de comunicación[2].

En Cataluña, según datos oficiales, el precio de compraventa ha subido un 50% de 2015 a 2022. El esfuerzo de los jóvenes de 16 a 29 años para acceder a una vivienda, es decir, el porcentaje de ingresos que destinan a esta, es del 45% si se trata de alquiler y del 34% en el caso de las hipotecas. En la región metropolitana de Barcelona, en el caso de dos personas que perciben salarios mínimos (2.160 euros al mes), el 47% iría destinado al alquiler o el 38% a la compra. En 2022 la distancia entre la capacidad adquisitiva de los jóvenes y los precios fue de tal magnitud que el precio de un alquiler podía equivaler, en muchos casos, al 106,6% del salario neto que percibía una persona joven en Cataluña, según el Observatorio de Emancipación del primer semestre del 2022 del Consejo de la Juventud de España (CJE). Y atención, porque el gran problema de futuro es la nueva brecha de clase entre los jóvenes que tendrán una oportunidad gracias al patrimonio heredado de los padres y los que no heredarán nada[3].

Un mercado desbocado es el antónimo de la felicidad para las personas jóvenes que necesitan tener un hogar estable y vivir con la gente a la que quieren. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud de España para 2022, la tasa de emancipación en la Unión Europea entre los 18 y los 34 años es del 32,1%, mientras que en España llega solo al 15,9%. En Cataluña, que era del 25% en 2014, llegó hasta un punto crítico del 15,5% el 2021 y, el primer trimestre de 2023, se ha situado en el 20%, según datos de la Agencia Catalana de la Juventud. Huyamos de los porcentajes y hablemos claro: solo dos de cada diez jóvenes se emancipan en Cataluña. Si el lector es joven, sabrá por experiencia propia que todo esto obliga a compartir vivienda: en el Estado español lo hacen el 34,5% de las personas jóvenes emancipadas que viven de alquiler, según datos de 2022 del CJE.

El contrapoder necesario

¿Cómo se cambian las desigualdades cuando hablamos de una necesidad y de un derecho fundamental de las personas como es la vivienda? La respuesta no es sencilla, pero, además de regular los precios y el mercado para que sea accesible, es necesario un contrapoder que dificulte mucho a los arrendadores realizar este tipo de saqueo de ricos contra pobres. La realidad, sin embargo, es que la falta de información provoca en muchos casos que los inquilinos desconozcan sus derechos y obligaciones y, junto con la discriminación, provoca no pocos abusos de arrendadores hacia los arrendatarios, o de arrendatarios hacia subarrendatarios. El Sindicat de Llogateres aglutina a persones jóvenes, que se procura que permanezcan en su casa frente a los embates de los propietarios que buscan la máxima rentabilidad a costa de la precariedad juvenil. En países como Austria o Dinamarca, las organizaciones de arrendatarios tienen más de cien años de recorrido, y la Deutsche Mieterbund —el sindicato alemán de inquilinos— cuenta con tres millones de afiliados y con una capacidad de negociación importante[4].

Esto es todavía más urgente para los jóvenes migrantes, entre los que hemos observado un entorno aterrador. Aunque existe una red de alojamiento de menores migrantes que han llegado solos a Cataluña, a partir de los 21 años no disponen de ninguna vivienda ni prestación para sostenerse. Debemos sumarle el racismo inmobiliario: en Barcelona, por cada diez solicitudes enviadas por una pareja con nombres árabes, se obtienen diez respuestas menos que en el caso de una pareja que tenga nombres catalanes o españoles. Un 28% de los encuestados reconoce que el cribraje por perfil étnico es habitual y que los agentes inmobiliarios aceptan o facilitan la discriminación exigida por la propiedad en un 86% de los casos. Así, un joven migrante de un país empobrecido y con ingresos bajos será doblemente discriminado.

Para huir de escenarios funestos debemos soñar un poco: si los jóvenes pudieran elegir más allá de las elecciones forzadas del mercado, ¿qué modalidad de vivienda desearían?

A partir de encuestas que el Observatorio DESC y el Consell Nacional de la Joventut hicieron en 2020, los jóvenes muestran una preferencia por el alquiler, superior al resto de las edades, en un 19-20%. La explicación mainstream es conocida: cuando puedes irte de casa de tus padres, un piso de alquiler compartido es lo que puedes pagar y no “te ata” como una hipoteca. En cambio, cuando el trabajo mejora, vives en pareja o piensas en tener hijos, compras una vivienda. Pero el porcentaje de jóvenes a favor del alquiler es mucho más alto (65%) cuando la encuesta los sitúa en la posibilidad de vivir de alquiler sin las condiciones actuales de inestabilidad y precios inasequibles. Sin duda, también gana el alquiler por las complicaciones que supone la compra, ya que la solvencia que se requiere para acceder al crédito para comprar una vivienda es un factor de peso. De ahí que ahora el Gobierno quiera incidir en ello muy tímidamente con el aval en la firma de hipotecas para personas menores de 35 años. Existe, además, una corriente de fondo que refuerza el alquiler como forma de acceso a la vivienda, también para personas “no tan jóvenes"[5]. Por ejemplo, en la región metropolitana de Barcelona, el 64,6% de los hogares jóvenes de 16 a 34 años viven de alquiler, pero también son de alquiler el 49,5% de los hogares de personas de 35 a 44 años[6].

Se perpetúan estrategias tradicionales

¿Podría ser que los jóvenes se interesaran por un alquiler público, barato, estable y con un diseño colectivo del hábitat? Es difícil saberlo si no ofrecemos esta opción. Hay que cambiar el chip, que la Administración pública se ponga del lado de la juventud y cumpla una auténtica función pública. El proyecto Wikihousing[7], por ejemplo, es una prueba piloto para que un grupo de jóvenes construya, con sus manos, sus casas, en un suelo disponible en Barcelona para viviendas dotacionales. Esta solución imaginativa, que ha sido reconocida[8] es una aventura de un año que culminará con la autoconstrucción y la cogestión de un prototipo real de vivienda asequible y ecológica. Los proyectos de vivienda de las cooperativas de cesión de uso[9], con formas de acceso estables —no especulativas— diferentes de la compra o el alquiler, también han crecido y pueden tener un papel clave para la vivienda joven.

¿Por qué no se fomentan más soluciones innovadoras desde la función pública? ¿Es mejor seguir con las políticas de promoción de siempre, basadas en dopar a los operadores privados, fomentar la compra de vivienda y mantener presupuestos bajos? Las investigaciones del Observatorio DESC destacan que, en Cataluña, no existe ninguna política de emprendimiento pública innovadora en la línea de lo que Mazzucato y Farha recomiendan a los estados de todo el mundo en su último informe económicto[10].

La Generalitat, competente en materia de vivienda y territorio, perpetúa una estrategia tradicional de atención a un estrato residual de la población, con un presupuesto reducido en vivienda que copa cada vez más la partida de subvención de ayudas al alquiler. Esta política no tiene ningún efecto positivo, ya que lo absorbe la propiedad que cobra los alquileres y no crea ningún beneficio multiplicador para la economía.

Además, el parque público es ínfimo (1,98% del parque total en 2022) y los presupuestos de la Generalitat, desde 1999, reflejan que la inversión en vivienda de los gobiernos de Convergència i Unió fue casi nula y siempre con un ánimo de desinversión estratégico por la hoja de ruta neoliberal. Si comparamos el presupuesto para políticas de vivienda respecto al PIB del estudio comparado europeo que el Observatori Metropolità de l’Habitatge y el Observatorio DESC analizaron en 2021[11] podemos ver cómo, en el período 2000-2019, el gasto social en vivienda por parte de las administraciones en España se situó en el 0,06% del PIB, mientras que la media de los 28 países de la Unión Europea fue del 0,5%.

Es recurrente oír a los responsables políticos proponer cuotas de vivienda para jóvenes, como, por ejemplo, una reserva del 25% de las nuevas viviendas sociales[12]. Los grandes anuncios son lo que son, pero la realidad es que los jóvenes catalanes están sobreformados y saben hacer números: el 25% de cero es cero viviendas. Siendo honestos, hay que decir que no tenemos políticas de vivienda joven.

Los jóvenes inquilinos deben conocer sus derechos y recursos de defensa contra los abusos. No dejamos de ver cómo las administraciones esquivan su obligación de sancionar a propietarios que los discriminan, lo que resulta vergonzoso, sobre todo cuando se justifica por razones presupuestarias, porque “tener abogados dedicados a esta función es demasiado costoso”. ¿Este es el mensaje de los servidores públicos? ¿Hay barra libre para los especuladores porque cuesta mucho dinero perseguir sus acciones ilegales, como, por ejemplo, el mobbing o el racismo inmobiliario? ¿Por qué no se construyen más viviendas públicas para jóvenes en régimen de alquiler? En 2024 está previsto que se apruebe el Plan territorial sectorial de vivienda de Cataluña (PTSH), que definirá las políticas que se deben llevar a cabo hasta el año 2042. Una vez esté listo, se debería ejecutar, en los próximos años, un plan de choque para la vivienda específico para jóvenes.