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Cuando el acceso a internet se amplió a cotas verdaderamente mayoritarias de la sociedad, pasó a importar el uso que se hacía de este y se convirtió en lo que nos mantenía dentro o fuera del espacio digital. La brecha digital, entonces, se pasó a medir mirando quién se conectaba, durante cuánto tiempo y para qué. Según esos cálculos somos un país conectado en el que más de 33 millones de personas usan internet a diario para prácticamente casi todo. Esta tendencia (incluyendo el número de usuarios de WhatsApp, que en España supera los 31 millones) no parece que vaya a cambiar en los próximos años, por lo que habrá que plantear nuevos indicadores para entender la sociedad digital.

No es sencillo medir la conexión significativa que buscamos para detectar las brechas. Estamos hablando de un tema transversal, que se puede analizar desde cualquier óptica: económica, social, competencial, educativa, laboral, territorial y de género. A lo largo de la última década la Comisión Europea ha comenzado a medir estas dimensiones a través de indicadores en el Índice de la Economía y la Sociedad Digital (DESI por sus siglas en inglés), que audita a los estados miembros. A las dimensiones clásicas de acceso y uso a las tecnologías se añaden las relacionadas con el capital humano. Y es aquí donde encontramos la evolución de lo que se entendía como brecha digital: ¿quién dispone de las competencias para desenvolverse con plenitud en la economía digital?

Este cambio de enfoque ha sido de enorme ayuda para identificar las competencias digitales de cada grupo social y para constatar desde hace años que existen pocos especialistas en esta materia (menos del 4%, lo que nos sitúa por debajo de la media europea). Sabemos, por ejemplo, que hay pocas personas estudiando carreras técnicas y que solo el 20% son mujeres. Competir en el mercado laboral digital va a ser complicado con esta brecha de conocimiento a la que se le añade otra escandalosa, la brecha de género.

Estas vulnerabilidades son conocidas desde hace años y España tiene una ambiciosa agenda para reducirlas. En la estrategia España Digital, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se orientan los fondos del programa Next Generation European Union (NGEU). Una de sus metas es la transformación estructural de la economía con un enfoque claro en la mejora de las infraestructuras, las competencias digitales y la cohesión territorial a través de la conectividad.

Tenemos por delante un reto transversal, ya que la desigualdad social está presente en el ámbito digital pongamos el prisma donde lo pongamos. Es prioritario que no quede nadie desconectado en un momento en el que gran parte de nuestra actividad se produce estando conectados. Cuanto más profundicemos en el conocimiento de las brechas, más probabilidades tendremos de cerrarlas.

Las brechas que se abren: teletrabajo, automatización, participación digital, seguridad y de género

En el año 2020 conocimos masivamente el teletrabajo. Tradicionalmente, España ha sido un país que por diferentes motivos no ha tenido incorporada esta modalidad y, sin embargo, con los confinamientos alcanzamos cifras récord. Pero la realidad es que solo una de cada tres personas ocupadas tiene un empleo que le dé la opción de trabajar online. Además, no todas las ocupaciones que podrían llevarlo a cabo tienen luz verde para hacerlo. Sin embargo, sabemos que la sociedad desearía elegir desde dónde trabaja. Una aplastante mayoría (casi el 80%) ha reconocido que preferiría teletrabajar cuatro días o más. Y aquí volvemos a hablar de los enemigos comunes: las personas con estudios e ingresos más altos son las más susceptibles de que se les permita trabajar a distancia. En fin, que el teletrabajo no es para todos. Ni por el tipo de trabajo que se realiza, ni por las competencias que se requieren, ni por el territorio en el que se vive, ni por el acondicionamiento del espacio para ello… Hay personas que, simplemente, no pueden optar al teletrabajo, aunque quieran.

El estado civil o la convivencia con hijos son otros condicionantes que influyen en el acceso al teletrabajo, lo que supone un espacio perfecto para la desigualdad. El teletrabajo es más común entre las personas más jóvenes, las mujeres y aquellos con competencias digitales elevadas. Y no olvidemos que para teletrabajar es necesaria además una conexión de calidad, que no siempre está disponible.

También hay que tener en cuenta que no todos los empleos del tejido productivo del país han hecho o pueden hacer una transición digital. Algunos sectores están lejos de beneficiarse de uno de los aceleradores del proceso de digitalización, que afecta a un gran número de tareas laborales: la inteligencia artificial y la automatización. La OCDE estima que la automatización tendrá influencia sobre el 12% de los empleos que solo requieren educación primaria (56%) y secundaria (43%). A menor nivel de formación e ingresos, mayor porcentaje de aprovechamiento de sus beneficios. Es por ello por lo que cobra especial relevancia disponer de competencias digitales adaptadas al entorno profesional[2].

Algunos estudios recientes asocian la relación entre participación digital y brecha participativa[3]. Esta última se define como el conjunto de desigualdades que genera una distribución irregular de los usos de internet, donde hay que prestar especial atención a la brecha en la participación política. Se puede decir que las desigualdades clásicas vuelven a estar presentes en la participación digital (renta, género, edad…), pero socialmente las consecuencias negativas de la brecha participativa son superiores porque tienen un impacto directo en la democracia.

¿Cómo serán las brechas del futuro?

La desconexión digital, la desintoxicación de las redes o el trato con humanos en lugar de con máquinas serán aspectos decisivos en las brechas del futuro. Visto lo visto, parece que no todos podremos desconectar voluntariamente. Estamos en un momento de tal aceleración digital que, precisamente por ello, necesitamos parar y mirar entre líneas. Debemos comprender que la desigualdad digital va más allá de las concepciones simplistas que se centran en el acceso a las tecnologías; que existe una desigualdad latente, transversal, sistémica; que las competencias digitales no han sido repartidas aleatoriamente, sino que son el resultado de condiciones previas; y que hay que atajar esta situación de injusticia social antes de que la realidad algorítmica perpetúe la desigualdad.

Como no hay un uso homogéneo de la tecnología ni una integración de esta por igual en todos los ámbitos públicos y privados, nos toca estar atentos a cómo las diferencias influyen en la composición de las sociedades. Conexión es más que un teléfono: debe primar su valor, que podamos usar internet todos los días con un dispositivo conveniente, con suficientes datos y con una conexión rápida, y, así, usarlo para lo que queramos y no para lo que establecen los roles o estereotipos de una determinada cultura.

Debemos entender y estudiar cómo las personas de distintas características y orígenes incorporan la tecnología a sus vidas, cómo difieren sus competencias y sus contextos digitales y sociales, y cómo se transforman sus procesos vitales dependiendo de todas estas diferencias. Esta información resulta tremendamente útil para construir sociedades digitales justas. Estar conectado se ha convertido en algo mucho más amplio que estar on u off. Parte de la vida se desarrolla en digital y, de esta vida virtual, son excluidos quienes no alcanzan una serie de requisitos mínimos para participar en ella. La clave de las brechas digitales está en encontrar las diferencias entre usuarios, porque lo importante no es la lectura de la información o su interpretación, sino qué hacemos a continuación, es decir, cómo reducimos esas brechas.

Este nuevo tiempo de desigualdad digital es un desafío para todos los actores, incluido el Estado, que tiene ante sí una oportunidad para aumentar la prosperidad. ¿Cómo garantizar el desarrollo tecnológico pleno, independientemente de la capacidad adquisitiva o de la ubicación geográfica de la población? Creando una sociedad digital inclusiva, justa y diversa, donde haya un reparto de poder efectivo para que suponga un avance real en la vida de las personas.