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La brecha laboral

El acceso a un trabajo de calidad y estable es muy desigual en España. Las tasas de desempleo crecieron de manera muy acusada durante la crisis y, pese a la recuperación, están lejos todavía de los niveles previos a esta. El acceso al empleo es la primera fuente de desigualdad: una alta tasa de paro significa que una parte importante de la población no tiene acceso a la principal fuente de renta, que es el trabajo asalariado. Si además observamos las desigualdades de acceso a este, nos encontramos que las mujeres, los jóvenes y los parados de más de 45 años no cualificados son los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Este hecho los aboca a un desempleo de larga duración que dificulta su acceso a un trabajo digno y de calidad.

La crisis ha generado también un incremento de la desigualdad salarial, que se mide a través del índice de Gini. La fuerte subida de la desigualdad salarial se debe a la también desigual evolución en las rentas salariales, particularmente a las más bajas, que fueron más castigadas. Según los datos del INE, el decil con salarios más bajos perdió hasta un 15 % de rentas salariales entre 2008 y 2016.  Este proceso se ha visto magnificado por la polarización de nuestro mercado laboral. España es, junto con Estonia, el país de la OCDE donde más ha crecido el porcentaje de población con salarios bajos y más ha retrocedido el porcentaje de población con salarios medios.[1]

El incremento de las desigualdades salariales debe entenderse como el producto de dos factores: el descenso del salario por hora trabajada y las desiguales condiciones laborales en términos de precariedad laboral, que de nuevo han afectado de manera desigual a la población. El descenso salarial ha supuesto un incremento en la tasa de trabajadores que, pese a tener un empleo, permanecen por debajo del límite de la pobreza. En 2018, el 13,1 % de los trabajadores de España vivían por debajo del nivel de la pobreza, el tercer país de la Unión Europea con mayor ratio, tras Rumanía y Grecia. No se trata solo de acceder al empleo, sino de hacerlo en condiciones de calidad y seguridad. Y desde ese punto de vista, nuestro mercado laboral está fallando.

La brecha generacional

La pobreza infantil ha despuntado como el principal problema de desigualdad de España, y también se ha extendido, en los últimos años de la recuperación económica, hasta los menores de 30 años. Este cambio de composición en la pobreza supone un elemento importante de transformación en la naturaleza de nuestra desigualdad, al tiempo que se erige como un reto para nuestro estado social, ya que señala las dificultades que tenemos para abordar la desigualdad en las etapas más tempranas de la vida, con graves consecuencias para las trayectorias vitales de las personas. La desigualdad en la población más joven es el principal obstáculo para la movilidad social intergeneracional y, por lo tanto, para la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida. Según un estudio de la OCDE, en España una familia pobre necesitará cuatro generaciones para alcanzar la clase media, una cifra que, siendo menor que el promedio de la OCDE, es el doble que en países como Dinamarca[1].

La pobreza en etapas tempranas se traslada hoy hacia las etapas juveniles. El desempleo juvenil y la precariedad en el empleo han hecho que los más jóvenes hayan sufrido el mayor incremento de pobreza relativa de toda la población, que se ha incrementado en más de diez puntos de 2008 a 2017. La combinación de la pobreza en la infancia y en las etapas tempranas de la vida adulta suponen un importante reto para la cohesión social en el medio y largo plazo, y esta brecha se agudiza todavía más si tenemos en cuenta el género.

La brecha de género

Entre hombres y mujeres, las diferencias de salarios, acceso a niveles de decisión y reparto de los tiempos de cuidados suponen una de las principales vías de generación de desigualdad en España. Sea cual sea la condición socioeconómica o edad, las mujeres están peor. Siete de cada diez personas con salarios bajos son mujeres, cifras que se invierten para los tramos salariales más altos. Como promedio, las mujeres cobran en España el 16 % menos que los hombres, sufren mayor temporalidad y son hasta el 60 % de las personas ocupadas subempleadas. La desigualdad económica vinculada a la brecha de género está muy relacionada con el ámbito de los cuidados. De acuerdo con Libertad González[1], la brecha salarial de género se amplía considerablemente con el nacimiento del primer hijo, y se mantiene a lo largo de toda la vida laboral. De las personas inactivas que no buscan trabajo por tener a su cargo los cuidados de niños o mayores, el 92 % son mujeres.

La brecha fiscal

España se enfrenta al reto de reducir los impactos de la desigualdad a través de los mecanismos de redistribución de la renta y, particularmente, a través de los ingresos y gastos públicos. Sin embargo, junto a Italia, es uno de los países de la Unión Europea donde el sector público tiene menos capacidad de redistribución. Las razones hay que buscarlas en factores de economía política: quién y cómo paga impuestos y cómo se deciden las prioridades de gasto público. En la recaudación de impuestos, nos situamos por debajo de la media de la Unión Europea en siete puntos del PIB, con un sistema ineficiente y poco progresivo, donde los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que la clase media, y solo contribuye más el decil superior de los más ricos. De la misma manera, los gastos públicos asignados en los presupuestos del Estado no suponen un ejercicio de redistribución. Según la OCDE, y atendiendo a las transferencias monetarias, en España el decil más pobre de renta recibe solamente el 4 % de todas las transferencias monetarias del sector público.

Conclusiones

La crisis económica, y la posterior recuperación, han dejado profundas brechas en la cohesión social del país. A un mercado laboral fragmentado y precarizado, se une la rebaja de expectativas vitales para toda una generación que está comenzando su vida en condiciones precarias. El estado social actual ya es incapaz de hacer frente a estas brechas sociales. Las tentaciones de desconexión de los más afortunados se multiplican, debilitando en gran medida las bases sociales sobre las que se establecieron las democracias de la posguerra mundial. Puede que las palabras del economista David Lizoain, que habla del fin del Primer Mundo[1], o del sociólogo Christophe Guilluy[2], que vaticina el final de la clase media, sean demasiado negativas. Pero su intuición va en la buena dirección: si las sociedades siguen agrandando estas brechas y el sentimiento de desconexión se consolida, nuestras democracias corren un serio peligro.