Barcelona Metropolis

... al derecho a la metrópoli

La mayoría de la población del planeta vive en las ciudades, y la mayoría de la población urbana lo hace en las metrópolis, en asentamientos humanos policéntricos por encima del millón de habitantes y en rápida expansión. Construir el derecho a la ciudad, por lo tanto, no puede dejar de implicar procesos a escala metropolitana. Y en este ámbito se produce hoy el combate entre habitabilidad y especulación, entre justicia socioespacial y gentrificación. Se despliega la disputa entre exclusión económica y formas cooperativas de producción y consumo, entre el cambio climático y el respeto a los límites ambientales del planeta (movilidad sostenible, emisiones cero, agroecología urbana...). En el siglo XXI, el derecho a la ciudad es también el derecho a la metrópoli.

Está en marcha, como hemos visto, un proceso de fortalecimiento del gobierno local, de construcción municipalista del derecho a la ciudad. Los ámbitos metropolitanos, incluso así (y a diferencia de los municipios), muestran todavía carencias clave en sus capacidades de gobierno, así como grandes fragilidades en su arquitectura institucional. Estamos ante una paradoja: vivimos la era de las metrópolis, pero estas arrastran debilidades de agenda y democráticas difícilmente explicables. Si buena parte de los retos de futuro se expresan hoy en la escala metropolitana, parecería coherente definir una agenda amplia de políticas de respuesta. Además, resulta claro que esta agenda no es ni será un abanico de servicios provistos en clave tecnocrática. Es un marco de valores en conflicto, de construcción de modelos. Es una realidad de naturaleza política, por lo que no tendría que quedar al margen de la lógica democrática. Se perfila así el reto: habría que transitar hacia una esfera de democracia metropolitana con capacidad política para construir el derecho a la metrópoli.

En Barcelona se despliega una realidad metropolitana vibrante. En el terreno institucional, la trayectoria ha sido compleja. Después de la abolición de la Corporación en 1987 se instauró un modelo de agencias (movilidad y medio ambiente) y una mancomunidad de municipios, hasta que en 2010 el Parlamento restauró la plena institucionalidad. La actual Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es un ente territorial con un conjunto de competencias, donde los órganos y las mayorías de gobierno se configuran a partir de las elecciones municipales (sin mecanismos propios de elección directa). En el terreno sustantivo, la metrópoli ha atravesado un ciclo duro de crisis y afronta ahora nuevos retos. Tenemos una red de barrios y ciudades dinámicas, pero con fracturas urbanas persistentes y nuevos ejes de vulnerabilidad social relacionados con la vivienda y la precariedad laboral. Y tenemos un espacio metropolitano con procesos de transición ambiental y económica en marcha, pero con esquemas persistentes de movilidad insostenible, gestión privada de los bienes comunes (agua y energía) y fragilidad en las dinámicas de innovación tecnológica y cooperativa. La metrópoli de 2020 es un territorio que ha superado el esquema de jerarquía espacial entre Barcelona y una corona crecida con lógica de periferia. La AMB es hoy una comunidad de municipios interdependientes que han forjado sus propios proyectos de ciudad y que han dotado el área de una estructura policéntrica. Es un denso entramado de identidades y relaciones que hay que reconocer y gobernar.

Crece hoy el acuerdo sobre la necesidad de un salto adelante que implique elaborar nuevas políticas metropolitanas de redistribución social, justicia urbana y cambio ecológico. Hacerlo posible, sin embargo, hace ineludible plantear una cuestión clave: la necesidad también de un nuevo esquema de gobernanza que haga posible construir el derecho a la metrópoli. Desde la actual AMB, se podría avanzar hacia un modelo con capacidad política, cooperativo, abierto a la participación y de elección directa. Un modelo articulado, por un lado, por la hibridación de componentes supramunicipales (amplias competencias metropolitanas) e intermunicipales (relaciones horizontales y coproducción de políticas entre municipios). Y basado, por otro lado, en un fuerte vínculo democrático: elección metropolitana directa e instrumentos de participación. La dimensión democrática, además, puede convertirse en palanca para fortalecer el demos metropolitano –un sujeto colectivo que se autogobierna y genera actores metropolitanos– sobre la base de identidades de barrio y de ciudad que hace falta también preservar y proyectar hacia el futuro.

Se trata, en síntesis, de avanzar con determinación política y colectiva hacia un escenario donde sea posible en Barcelona la construcción metropolitana del derecho a la ciudad. O, dicho de otra forma, la construcción democrática, cooperativa y comunitaria del derecho a la metrópoli. No es fácil. Pero no hay ninguna razón para el inmovilismo. En Barcelona, más temprano que tarde, se tendrá que activar y organizar la esperanza metropolitana.