Barcelona Metropolis

Desde principios de 2017, la calle Japó, en el barrio de Prosperitat del distrito de Nou Barris de Barcelona, ha vivido una situación excepcional de ruido, protestas y tensión vecinal. El motivo: la Comunidad Islámica de Nou Barris, una entidad constituida en 2016 por vecinos musulmanes de la zona, había alquilado el local del número 28 de dicha calle para abrir allí un oratorio. Y así, la calle Japó pasa a formar parte de la lista de los conflictos en torno a la presencia formal e institucionalizada de las comunidades islámicas que se han dado en los barrios y poblaciones de nuestro país a lo largo de los últimos veinte años, junto con Premià de Mar, Lleida o Santa Coloma de Gramenet. Pese a que quizás el ruido de las protestas se haya apagado desde hace años, muchos de estos conflictos están muy lejos de estar resueltos porque, aunque ya no hay protestas, tampoco hay mezquitas, cuando menos, en las condiciones en las que las comunidades islámicas habían proyectado. En Prosperitat, al final, la mezquita está, y el proceso que ha llevado hasta su apertura nos proporciona nuevos elementos para la reflexión y la intervención para que la diversidad cultural y religiosa (y todas las diversidades que se nos puedan ocurrir) se incorporen con naturalidad al imaginario colectivo sobre el espacio público.

La mezquita o, más rigurosamente, el oratorio de la calle Japó (una mezquita es un equipamiento del que, desgraciadamente, Barcelona aún no disfruta) es el vigesimonoveno de la ciudad, según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona (OAR), y es solo uno de los más de quinientos centros de culto de diversas tradiciones religiosas que hay en funcionamiento, según la Memoria de actividades 2017 del OAR. Con todo, esta ha sido la primera vez que Barcelona ha vivido un movimiento de oposición de esta dimensión y de estas características.

El relato de los hechos es muy similar al de otros casos. Unos cuantos vecinos de tradición islámica, después de años viviendo en un territorio concreto, se agrupan para abrir una mezquita en su barrio, un espacio de encuentro de la comunidad para la oración, la enseñanza y la vida social y, al mismo tiempo, un recurso para abrirse al entorno, para hacerse visibles, identificables y, por tanto, para convertirse en actores e interlocutores. Sin la entidad y sin la mezquita, ¿cómo sabrán los demás adónde ir para encontrar a la comunidad musulmana?

Aunque, desde el primer momento, la comunidad busca alianzas y cuenta con el apoyo de otras entidades del territorio (la Red 9 Barris Acull o el Centro Cultural Els Propis) y con el acompañamiento y el apoyo técnico del Ayuntamiento, la reacción de un sector del vecindario es de rechazo absoluto y frontal. Alegan dificultades técnicas (el local no les parece adecuado, la calle es demasiado estrecha), pero también elementos más intangibles, como el miedo. E inician una campaña de protestas protagonizada por una cacerolada diaria. El atentado de la Rambla del 17 de agosto y la incorporación de grupos de extrema derecha en las movilizaciones incrementan la tensión, también entre los propios vecinos de la calle, y se repiten las pintadas y los desperfectos en la persiana de entrada del oratorio, aún en obras. Finalmente, el oratorio inicia sus actividades en febrero de 2018 en medio del ruido de cazuelas y pitos que, a partir de aquel momento, han ido perdiendo volumen.

Situaciones como la que se ha dado en la calle Japó no son solo un conflicto entre aquella comunidad islámica concreta y los vecinos contrarios a su presencia en particular, sino que representan una muestra de las dificultades y los retos del encaje de la diversidad cultural y religiosa a escala global, de ciudad. Así, la salida del conflicto no pasa por contentar a unos u otros, ni por dar respuestas coyunturales a situaciones concretas, sino que las acciones que se emprendan, especialmente por parte de los ayuntamientos, tienen que estar enmarcadas en una política más amplia de defensa de los derechos fundamentales y de promoción de la diversidad.

En este caso, el criterio básico de la intervención de los diversos servicios municipales que han estado implicados, y también de las entidades del territorio, con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Prosperitat al frente, ha sido el derecho de la comunidad islámica a abrir el centro de culto, eso sí, cumpliendo todos los requerimientos técnicos y urbanísticos que exige la normativa. Y desde este punto de partida, que es, a la vez, un límite, se inicia un largo proceso de aproximación y diálogo con el vecindario y el entorno del oratorio, incluidas las personas contrarias a su apertura, con el objetivo de informar y desactivar miedos y prejuicios pero, sobre todo, de escuchar y acompañar.