Barcelona Metropolis

Durante esos años, el índice de victimización de Barcelona informaba de que hasta una cuarta parte de la población barcelonesa había sufrido un hecho que consideraba delictivo durante el año anterior. La actividad delictiva era especialmente intensa contra vehículos, domicilios y en los robos y agresiones personales, y a menudo se manifestaba con dosis de violencia. La elevada victimización se correspondía con una baja valoración por parte de la población del nivel de seguridad del barrio de residencia y, sobre todo, del resto de la ciudad, con puntuaciones que se situaban en los mínimos históricos de la serie. En ese contexto las demandas de seguridad ciudadana cobraban un protagonismo creciente en las reivindicaciones locales.

Los esfuerzos por desagregar territorialmente los indicadores permitieron observar uno de los principales rasgos definitorios de la seguridad en este periodo: la desigual producción y distribución espacial de la delincuencia y de la percepción de peligrosidad. En primer lugar, se constató la racionalidad de la delincuencia y la atracción de la centralidad: la actividad delictiva no se distribuye de manera aleatoria en el territorio, sino que se producen regularidades que recorren los ritmos de vida de la población. La atracción por la centralidad demostraba la intencionalidad y la existencia de una lógica que permitía definir la delincuencia como una estructura regida por la lógica de la racionalidad económica: el ajuste de los medios con vistas a obtener el máximo beneficio con el mínimo coste. En segundo lugar, en cuanto al miedo colectivo a la marginalidad, los barrios considerados como peligrosos no eran (ni son) aquellos en los que pasan más hechos delictivos. En la atribución de seguridad o inseguridad en un territorio intervienen componentes de desigualdad social y de marginalidad urbana en que suele intervenir el estereotipo.

La metrópolis postolímpica. Usos del espacio y construcción social de la seguridad

Durante los años postolímpicos, Barcelona se situaba en el mapa mundial. Los barrios vivieron movimientos importantes de urbanización y de regeneración. Se había salido de una crisis y los índices de desempleo descendían a medida que se articulaba un nuevo espacio productivo y social a escala metropolitana. La terciarización de la economía y la modernización de la ciudad la configuraban como un poderoso eje de actividades y de servicios que atraía a un número creciente de no residentes. La ciudad y sus espacios cambiaban, y también las personas que los utilizaban. 

Esta nueva etapa tiene menos que ver con la aparición de nuevas manifestaciones de la actividad delictiva que con un cambio profundo en la manera de percibir la seguridad. La Encuesta de Victimización recoge una disminución gradual de los índices de victimización, mientras que la valoración de la población sobre el nivel de seguridad de su barrio y del conjunto de la ciudad llega a máximos históricos. La preocupación social por la violencia o las drogas inicia una tendencia constante a la baja. En contrapartida, la delincuencia no violenta y los usos de plazas, parques y calles emergen como la nueva preocupación que marcará el objeto de interés de la seguridad durante esta fase. En un contexto en que la metrópolis se convierte en una sociedad urbana global, los espacios compartidos acogen múltiples actores con necesidades y opiniones distintas. El conflicto en el uso de estos espacios empieza a leerse en términos de seguridad, control y desviación social.

Durante estos años se llevan a cabo una serie de estudios en torno al espacio urbano y la construcción social de la inseguridad, que constatan que, mientras la configuración física de los espacios contribuye a una mayor sensación de seguridad, el uso social de estos espacios (quién los utiliza, con quién se comparten, qué prácticas sociales se llevan a cabo...) es lo que más determina la probabilidad de vivirlos con inseguridad. Y si en el primer periodo el estereotipo de la peligrosidad recaía sobre el drogadicto o el “quinqui” de los barrios marginales, ahora la población joven y sus hábitos de uso del espacio público emergen como un nuevo chivo expiatorio.

Es en esta fase cuando se inicia la preocupación por el diseño y el mantenimiento de espacios seguros y por la búsqueda de mecanismos para la regularización de sus usos, que culminará al cabo de unos años con la proliferación de ordenanzas de civismo y que seguirá en las etapas posteriores y hasta el día de hoy.

La metrópolis global. Convivencia vecinal y seguridad en el contexto residencial

A partir del cambio de siglo, sigue la internacionalización de la metrópolis barcelonesa y su transformación demográfica y espacial. La experiencia residencial de las personas cambia, a partir del auge del alquiler y de la llegada de las olas migratorias a los barrios. Estalla la nueva crisis económica y social, y se agudiza la vivencia de la desigualdad en términos de inseguridad. Todo eso modifica las relaciones que la población establece con su territorio de residencia y sus habitantes, y se traslada, de nuevo, el centro de interés de las preocupaciones por la seguridad. En esta etapa cogen fuerza las relaciones vecinales en la construcción social de la seguridad, con una tendencia a un mayor sentimiento de inseguridad en entornos residenciales marcados por las dificultades económicas. La inseguridad se canaliza a partir de la problematización de la convivencia con los flujos migratorios que se habían asentado en el territorio metropolitano en las últimas décadas.  

En el nuevo modelo de ciudad metropolitana cambian las pautas de victimización —con nuevos objetivos delictivos y polos de atracción—, adquieren importancia las movilidades y la escala metropolitana se consolida como espacio real de la actividad delictiva. Incrementa la victimización, sobre todo por robos personales sin violencia, pero también se vive un aumento sostenido y continuo de los hechos contra los domicilios. Las dificultades de acceso a la vivienda, sumadas al incremento de los hechos delictivos en el entorno habitacional, comportan una convivencia en proximidad con problemáticas sociales que generan inseguridad entre los vecinos. El nivel de seguridad percibido disminuye respecto a los momentos álgidos vividos durante el periodo anterior y, si bien se recupera y hasta se estabiliza, una proporción persistente de población declara vivir con inseguridad en su barrio. Si antes el barrio se consideraba más seguro que el resto de la ciudad, ahora las valoraciones prácticamente no difieren: la realidad de los barrios ha cambiado, y ya no se viven necesariamente como el espacio cercano y conocido.

En este contexto, los datos de la Encuesta de Victimización muestran que las personas que han vivido algún conflicto en la convivencia tienden a vivir el barrio con una sensación de seguridad menor, en algunos casos hasta con mayor intensidad que las víctimas de una delincuencia que es sobre todo no violenta. A partir de la Encuesta de Relaciones Vecinales y Convivencia, también sabemos que no todas las situaciones de conflicto vecinal se asocian a esta vivencia más intensa de inseguridad, y son principalmente las ocupaciones, los usos de viviendas para el consumo o tráfico de drogas y las peleas o situaciones violentas lo que más contribuye a ello, mientras que los ruidos, conflictos por el mantenimiento de la escalera o los impagos generan más malestar que inseguridad. Los análisis constatan una percepción de inseguridad mayor en aquellos barrios con una densidad residencial elevada, viviendas pequeñas y donde ha aumentado la población (o se ha recibido población nueva). La inestabilidad residencial comporta que las personas que habitan barrios y edificios cambien, mientras que los vecinos más arraigados al barrio viven con conflicto e inseguridad la convivencia con el otro (el pobre, el recién llegado, el racializado...).

Lo que caracteriza estos últimos años es, pues, la emergencia del entorno residencial como un ámbito estratégico para la gestión de la seguridad. Las bases sobre las que se sostiene el sentimiento de inseguridad se siguen concretando en la delincuencia y en sus comportamientos de violencia o irracionalidad. Persiste además la atribución de inseguridad a determinados usos de los espacios compartidos, y a los jóvenes se suman las personas racializadas y la manifestación de las economías de supervivencia en el espacio público (recogedores, sinhogarismo, prostitución, venta ambulante...). Aun así, la experiencia residencial y vecinal coge fuerza en la construcción social de la inseguridad.

En definitiva, sin negar el papel que tienen la realidad delictiva y las violencias en la vivencia de la inseguridad, el recorrido de todos estos años pone de manifiesto cómo los problemas generados por la desigualdad económica y social, la problematización de las relaciones de convivencia y de los usos de los espacios, y la criminalización del conflicto, sumados a la fuerza del estereotipo, son factores cruciales en la construcción de la seguridad. Y es que, tomando las palabras de Juli Sabaté, la convivencia es un espacio privilegiado para la búsqueda de seguridades. Ante esta constatación, desde el reconocimiento y la normalización de la diversidad y del conflicto, hay que seguir trabajando en un modelo de gestión de la seguridad que recupere la prevención social y comunitaria como uno de los pilares fundamentales.