El resto de la ampliación se concreta con el aumento de trece a treinta profesionales del ámbito social y la mediación. De esta treintena de profesionales, veinte estarán territorializados, trabajarán en la calle y al lado de las familias, y diez en las oficinas de la vivienda. Hay una oficina de la vivienda en cada distrito; si quieres contactar con alguna de ellas, consulta este enlace.

El precio de la licitación para la renovación de la unidad asciende a 5.091.112 euros para un periodo de dos años con la posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta un total de cuatro años. Eso supone un incremento notable de la inversión económica, que pasa de 700.000 euros a 2,5 millones de euros al año.

Más recursos y una mejor coordinación con todos los agentes

Con esta ampliación los equipos dispondrán de más tiempo y recursos para conocer los casos con más antelación y podrán articular la mejor respuesta posible con todos los recursos disponibles para evitar la pérdida de la vivienda. Al mismo tiempo, las familias tendrán un profesional de referencia único, que ofrecerá una atención integral durante todo el proceso. El acompañamiento a las familias es clave para ayudar a reducir la ansiedad y la angustia que suponen los procesos de lanzamiento.

También se busca más coordinación y colaboración con todos los agentes que intervienen en un proceso de lanzamiento, tanto con respecto a la interlocución con entidades y movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda como con respecto a las comitivas judiciales y el cuerpo de Mossos d’Esquadra con el fin de prever el escenario, anticipar respuestas y articular la intervención que perjudique menos a las familias.

Más de trece mil familias atendidas desde el 2017

La unidad se creó en el 2015 ante la necesidad de disponer de un servicio que ofreciera una atención específica a las familias en situación de vulnerabilidad. Actualmente, gracias a la intervención de la Unidad Antidesahucios y los movimientos vecinales, el 90 % de las órdenes de lanzamiento en la ciudad no se ejecutan y el 80 % se suspenden antes del día señalado.

Desde el 2017, salvo en el 2020, con el paro general durante el confinamiento, el número de familias atendidas por la unidad se ha mantenido estable, y en el 2021 se ha situado en 2.267 familias. En total ha atendido a 31.000 personas, un tercio de las cuales eran menores.