Las 17 fincas que tendrían que haber aplicado la reserva del 30 % de vivienda asequible suman 222 viviendas, y si hubieran aplicado correctamente la regulación vigente la ciudad habría conseguido cerca de 70 pisos asequibles. Las promociones que habían encubierto obras de gran rehabilitación presentando varias licencias de obra menor se encuentran en Ciutat Vella (1), L’Eixample (8), Sants-Montjuïc (2), Sarrià-Sant Gervasi (3) y Gràcia (3).

Ante estos graves hechos, se exige a los promotores que restablezcan la legalidad urbanística. Por lo tanto, será necesario que soliciten la licencia que corresponde y se adecuen a los requerimientos correspondientes. Además, en los casos de incumplimiento del 30 %, se les reclamará que se materialicen las viviendas protegidas que han evitado hacer. Si los pisos se pueden dedicar directamente a vivienda asequible, se les dará esta calificación. Y si no es posible, bien sea porque ya han sido vendidos o por otros motivos, se trabajará la opción prevista por el planeamiento del 30 % de crear los pisos en otro inmueble del mismo barrio.

Paralelamente, se incoarán sanciones para que esta situación no vuelva a repetirse. En los casos de incumplimiento del 30 %, el Ayuntamiento aplicará la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña, que prevé sanciones por las infracciones muy graves que van de 90.000 a 900.000 euros.

Al mismo tiempo, se mantendrá activo el dispositivo de inspección creado para detectar irregularidades, que permite activar alertas automáticas si se concentran diferentes comunicados en un mismo edificio. Cuando eso ocurra, se incoará de manera automática un expediente disciplinario de obras para que los inspectores puedan verificar el cumplimiento de la normativa antes de que las obras se terminen y evitar así irregularidades.