La nueva Ley de vivienda prevé cuatro requisitos para declarar una zona tensionada, y para aplicarla se tiene que cumplir uno. En el caso de Barcelona, se cumplen tres: el porcentaje de la renta de los hogares dedicado al pago del alquiler o de la hipoteca, además de los suministros, supera el 30 % en los dos casos, y el precio del alquiler en los últimos cinco años es superior en tres puntos a la evolución del IPC.

Regulaciones y beneficios fiscales

La nueva ley también establece diferencias en el establecimiento del precio del alquiler si el propietario es un gran tenedor (es propietario de más de diez viviendas). En el caso de viviendas de grandes tenedores, el precio del alquiler estará limitado según el índice de precios de referencia de la Generalitat. Para los pequeños tenedores, el precio del nuevo contrato estará marcado por el contrato anterior.

También se prevén beneficios fiscales para las personas que alquilen viviendas en propiedad. En los nuevos contratos, el porcentaje de reducción del IRPF será del 50 %, y podrá llegar al 90 % en caso de que el precio del alquiler sea un 5% inferior al contrato anterior. Si el piso se alquila a jóvenes de hasta 35 años, la bonificación será del 70 %.

Entre el 36 % y el 43 % de los ingresos son para pagar la vivienda

Según los datos publicados por el INE, correspondientes al 2020, los vecinos y vecinas de Barcelona destinan el 36 % de los ingresos a pagar el alquiler. Con respecto al pago de la hipoteca, el porcentaje de ingresos que se destina es del 43,3 %.

La evolución del precio del alquiler se ha incrementado un 21,1 % en los últimos cinco años. Se ha pasado de 889,6 euros mensuales de media en el cuarto trimestre del 2017 a 1.077,5 euros mensuales de media en el cuarto trimestre del 2022. En cambio, el crecimiento del IPC en el mismo periodo ha sido del 14,6 %, una diferencia de 6,5 puntos, más del doble de lo que prevé la ley para poder declarar una zona de mercado tenso.