La regulación, aprobada en junio del 2024, se está implantando a medida que se agota la vigencia de los convenios y ya se aplica en diez equipamientos de Sant Martí, otros diez de Nou Barris, cuatro del distrito de Sants-Montjuïc, dos en Sant Andreu y, finalmente, uno del distrito de Horta-Guinardó.

Con esta iniciativa se refuerzan los valores de la gestión cívica en la fórmula de colaboración publicocomunitària y de participación ciudadana, que tiene una larga trayectoria en la ciudad. Una de las novedades principales es la concreción de los procedimientos de adjudicación de los equipamientos, que es por concurrencia pública y abierta a todas las entidades interesadas en desarrollar un proyecto de gestión cívica.

Se aplica a equipamientos públicos de fomento de la participación o de servicios no especializados que el Ayuntamiento no está obligado a prestar como los casales de barrio, los casales de jóvenes, y los centros de carácter cultural. Excepcionalmente, también lo pueden ser centros cívicos, espacios jóvenes, centros de recursos sectoriales, casales de personas mayores, fábricas de creación y pistas deportivas. En estos casos la gestión cívica solo se puede impulsar si hay una demanda o propuesta procedente de la ciudadanía que comporte el fomento de la participación y que sea de interés general.

Otra novedad es la evaluación de la tarea de los equipamientos a través del Balance Comunitario, una herramienta de autoevaluación y seguimiento de proyectos desde una perspectiva del ámbito comunitario y basada en la participación. El objetivo de esta herramienta es evaluar pero también permite construir comunidad, crear vínculos y relaciones, generar grupos, e incorporar capacidades autoorganizativas en las personas que participan.

La gestión cívica está prevista en la Carta municipal de Barcelona desde el año 1998 y actualmente hay 60 equipamientos que funcionan con esta regulación, que favorece la participación y mejora el impacto y el retorno social de los proyectos.